La cirugía plástica en Miami: el problema de los lugares postoperatorios ilegales

Miami —la zona cero en Estados Unidos para el levantamiento de glúteos, el aumento de senos y otras especialidades de cirugía plástica— ha conseguido otra distinción: es el centro de una industria artesanal de centros de recuperación ilegales para pacientes que necesitan descansar y curarse, a veces durante días.

Ubicadas en los suburbios, las residencias enfrentan a las autoridades, que buscan furgonetas con pasajeros magullados y vendados y botes de basura en los callejones rebosantes de vendas y otros residuos médicos.

A menudo abarrotados y/o insalubres, estos centros sin licencia “le cuestan millones a Miami-Dade”, dijo el detective Gabriel Rodríguez, quien ha supervisado varias redadas recientes.

A principios de este mes, la Policía allanó una casa en una calle sin salida en SW 139 Ct. Dijeron que encontraron a 21 mujeres hacinadas en la vivienda de una planta y cuatro dormitorios, 17 de las cuales pagaban al menos $250 por noche como clientes. Dos mujeres fueron detenidas.

Los datos del condado analizados por Herald —que carecen de algunos detalles debido a la ley de privacidad médica conocida como HIPAA sugieren que las casas de recuperación se han convertido en un problema persistente, generando decenas de llamadas de socorro a los bomberos.

Las casas de recuperación cuentan con un flujo incesante de clientes potenciales, normalmente turistas de otros estados, atraídos al sur de la Florida por la gran variedad de centros de cirugía estética de la zona. Como ocurre con cualquier operación, incluso las ambulatorias, las pacientes pueden quedar frágiles y necesitadas de reposo; también pueden querer perder el aspecto de estar recién operadas antes de volver a casa.

Estas empresas se anuncian abiertamente en internet, pero operan furtivamente a puerta cerrada y con las ventanas cubiertas en vecindarios residenciales. Sus anuncios en las redes sociales, adornados con fotos de clientas sonrientes que lucen pechos operados y nalgas abultadas, ofrecen números de teléfono, pero no direcciones.

Los anuncios sugieren el lujo de un conserje, incluido uno en el que la imagen pixelada de una mujer habla de los encantos de una casa. La realidad, tal y como se muestra en las fotos de la Policía, puede ser muy distinta: almohadas manchadas de sangre, mesas de noche llenas de vendas, bebidas deportivas, analgésicos y otros artículos varios, baños sucios y camas superpuestas.

Los operadores ocupan residencias de tres a cinco habitaciones y cobran cientos o incluso miles de dólares por noche y paciente. El personal que atiende a los pacientes puede ir desde enfermeras de verdad hasta personas sin formación que ganan menos del salario mínimo.

No espere que esto termine pronto, es muy muy lucrativo. Gracias al deseo aparentemente insaciable de verse mejor, las casas de recuperación hacen un gran negocio, cobrando hasta $3,000 por noche en el caso de una casa de tres dormitorios. Las consecuencias de ser descubierto pueden ser insignificantes. Las personas que delinquen por primera vez suelen entrar en un programa de desvío, lo que les permite optar a la cancelación de la condena.

Recientemente, otra agente inmobiliaria se puso en contacto con Katia Rojas en busca de un “alquiler en el que pudiera vivir, pero que también pudiera usar para ayudar a sus clientes como cuidadora a domicilio autorizada. Sus clientes solo se quedan en la casa unos días y luego se van”.

“¿Le parece bien a su cliente?”, le dijo.

El cliente no estaba de acuerdo, pero no era la primera vez que Rojas recibía una petición así.

El trabajo de investigar estos hogares —y arrestar a quienes los dirigen si carecen de los permisos adecuados— en la zona no incorporada de Miami-Dade recae en la brigada de delitos médicos de la Policía de Miami-Dade, dirigida por el detective Rodríguez. La unidad tiene al asunto en la mira, ya que también se le ha encomendado la investigación de ciertos tipos de fraude en la asistencia de salud, incluidas las estafas a Medicare, una categoría en la que el área metropolitana de Miami es líder nacional.

Los agentes de la unidad son cuatro.

“No damos abasto. Todo el departamento está al límite”, dijo Rodríguez durante una entrevista con el Miami Herald.

Las llamadas a los socorristas sugieren que el problema está muy extendido, aunque los bomberos se negaron a proporcionar datos que revelaran el alcance total del problema, citando estatutos de privacidad médica.

Las casas de recuperación prosperan en un mundo de tinieblas normativas. No hay una licencia única para ellas. A efectos de concesión de licencias, son lo mismo que un centro para adultos (ALF), en donde los ancianos viven juntos bajo un mismo techo. Esas entidades obtienen licencias y las inspeccionan.

Las residencias casi siempre funcionan sin licencia, sin señalización y sin ninguna indicación externa. Una búsqueda de los ALF con licencia en Miami-Dade en el portal digital de la Agencia de Administración de Salud de la Florida (AHCA) no muestra ninguno que contenga la palabra “recuperación”. Como resultado, nadie sabe si puede entrar y comprobar si las condiciones son seguras e higiénicas.

Los que anuncian sus servicios en internet no indican la dirección.

Un ejemplo es una casa de recuperación que indica un edificio de oficinas de Coral Gables en su portal digital, pero no es allí en donde atienden a los clientes. Cuando un reportero del Herald preguntó por la ubicación de la casa a través de un chat en línea, un representante escribió que “tenían múltiples propiedades en todo Miami”, pero dijo que, “debido a la seguridad de nuestros huéspedes”, no comparten las direcciones sino hasta que un cliente reserva una estancia. Entre otros servicios estéticos, la empresa anuncia “suites privadas postoperatorias”.

Las redadas ocurren en las casas de recuperación cuando la actividad sospechosa resulta imposible de ignorar. La actividad sospechosa puede consistir en autos o furgonetas que transportan a personas vendadas a intervalos regulares.

Cuando la Policía de Miami-Dade, acompañada por la AHCA, allanó una casa de West Miami-Dade regentada bajo el nombre de Alpha Recovery Miami el pasado diciembre, Almarosa Davis, de 64 años, ejercía como si fuera una enfermera titulada, según la Policía. Davis no era tal cosa. La policía informó que había estado administrando inyecciones de Lovenox, que ayuda a prevenir la coagulación de la sangre.

La documentación de la detención decía que la hija de Davis afirmaba en un correo electrónico a dos clientes que era una enfermera titulada llamada “Vanessa”. Ni era enfermera ni se llamaba Vanessa. Lo que Almarosa Davis y su hija de 43 años (de nombre real Rosa Davis) eran en realidad era delincuentes. Ambas fueron detenidas de nuevo.

La mayor de las Davis cumple ahora una condena de dos años en libertad condicional tras declararse culpable de dirigir un ALF sin licencia y de ejercer la enfermería sin licencia. La Davis más joven, en libertad condicional hasta 2029 por robar la identidad de una enfermera de California para alquilar un apartamento en Miami, fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Miami a principios de este mes cuando llegaba de Louisiana.

Una clienta le dijo a la Policía que le había pagado a “Vanessa” $2,500 a través de CashApp, pero que decidió pasar su postoperatorio en otro lugar al ver las “condiciones insalubres” de la casa y la falta de una enfermera de verdad.

Datos de los bomberos de Miami-Dade

Dado que la mayoría de las casas no se registran en el estado, determinar el alcance del problema general es difícil, incluso para un investigador experimentado como el detective Rodríguez. Trabaja sobre todo a partir de pistas. Con la esperanza de aprender más sobre lo que está tratando, le hizo una solicitud a a los bomberos para todas las llamadas de servicio desde 2017 en donde la narrativa del rescate de bomberos incluía los siguientes términos “lipo”, “cirugía plástica”, “BBL” o “brasileño”. No compartió sus hallazgos con el Herald.

Pero el Herald hizo una petición de registros similar.

Lo que mostraron los registros proporcionados al Herald fue que desde mediados de septiembre de 2017 hasta principios de septiembre de este año, hubo 2,199 llamadas a los socorristas que incluyeron uno o más de esos términos de búsqueda.

Más de 1,500 de esas llamadas resultaron en el traslado de un paciente a un hospital, por razones que van desde hemorragia hasta sepsis y paro cardíaco.

En cinco de las llamadas, la paciente ya estaba muerta cuando llegó el equipo de rescate y en otras 19 sufrieron un paro cardíaco.

Casi 200 pacientes presentaban hemorragias y más de 100 se habían desmayado.

Estos datos tienen limitaciones: no incluyen nombres ni, lo que es más importante, direcciones, debido a las leyes de privacidad médica, lo que significa que las llamadas podrían haber sido, por ejemplo, a un centro quirúrgico en lugar de a un centro de recuperación.

Pero Rodríguez sabe que el problema es mayor de lo que su pequeño equipo puede abordar. El veterano de 20 años calcula que hay al menos 100 hogares de recuperación sin licencia en la zona no incorporada de Miami-Dade. La unidad puede investigar tres o cuatro al mes. Según Rodríguez, las recompensas económicas, junto con un castigo mínimo en caso de ser descubierto, son un poderoso incentivo para que la gente intente operar bajo el radar.

Desde que la brigada empezó a centrarse en los domicilios, han hecho al menos 26 detenciones y cerrado al menos 23 domicilios.

Detenciones, pero penas mínimas

Abundan los ejemplos de operadores vigilados y detenidos, pero con consecuencias mínimas.

En febrero, la policía de Miami-Dade sorprendió a Traci Strader en su casa de alquiler de cuatro dormitorios y tres baños, situada en la cuadra 21900 de Southwest 131 Place, con cuatro mujeres en cuidados posoperatorios, un empleado y dos botes de basura llenos de compresas, pañales para adultos, vendas y absorbentes médicos “saturados de materia fecal humana y sangre”, según el reporte de la detención.

Strader, quien entonces tenía 47 años, fue acusada de dirigir una ALF sin licencia (un delito grave), al igual que de tirar basura e incumplir las normas sobre residuos peligrosos; sin embargo, al carecer de antecedentes, fue enviada a un programa de remisión.

El pasado mes de marzo, una unidad policial distinta se vio implicada en un caso de casa de acogida, pero el resultado fue prácticamente el mismo.

Según el reporte de la detención, los detectives de la unidad de Trata de Seres Humanos de la Policía de Miami-Dade recibieron un aviso de que una mujer no identificada, que se había sometido recientemente a cirugía plástica, estaba retenida contra su voluntad en una casa de recuperación postoperatoria en un edificio de apartamentos de la cuadra de los 7700 de NW 7 Street. La unidad de tráfico de personas de Miami-Dade y la brigada de delitos médicos acudieron al lugar y determinaron que Maidelys Sánchez dirigía un centro de recuperación postoperatoria ilegal.

Según el reporte del arresto, Sánchez había recibido tres avisos previos de que estaba operando una ALF ilegalmente, aunque el reporte no indicaba si era en ese mismo lugar.

En un correo electrónico enviado al Herald, un portavoz de la AHCA dijo que no tenían constancia de que Sánchez hubiera recibido avisos anteriores.

Sánchez, de 38 años, se declaró culpable de dirigir un centro de vida asistida sin licencia, de un delito grave de tirar basura, de violar la ley de residuos peligrosos y de un delito menor por crear molestias perjudiciales para la salud. Sánchez recibió la adjudicación retenida y fue sentenciada con dos años de libertad condicional y pagó $598 en honorarios de la corte.

Las casas de recuperación no siempre funcionan en los hogares: en junio de 2022, los investigadores descubrieron que un negocio llamado Bellas Resthouse funcionaba en un hotel de Sweetwater, por ejemplo. Había dos registros activos para negocios bajo Bellas Rest and Relaxation LLC, pero el hotel en sí no tenía una licencia de instalación de vida asistida, según un reporte de arresto.

Mientras los detectives husmeaban, vieron detenerse una furgoneta. Salió el conductor y sacó a una mujer que estaba tumbada en la sección de carga del vehículo. El conductor acompañó a la pasajera al hotel.

“La pasajera caminaba con cautela y arrastrando los pies, lo que indica un comportamiento postoperatorio de cirugía estética”, dice el reporte de la detención.

Los detectives siguieron a las mujeres hasta el interior del hotel y hasta la cuarta planta, en donde se identificaron. Se enteraron de que Jocelyn Ramos-Rivera, ahora de 52 años, había estado dirigiendo un negocio desde tres habitaciones del hotel, que en ese momento tenían cinco pacientes entre ellas, pero ella no estaba allí en ese momento. Dos empleados dijeron a los detectives que cuidaban de los pacientes, que pagaban entre $1,000 y $3,000 por la estancia, ayudándolas a bañarse, vestirse y usar el baño.

Anne Sosiak, enfermera titulada del AHCA, emitió un aviso de actividad no autorizada, pero siguió funcionando. Cuando los detectives volvieron días después y Ramos-Rivera seguía ausente y la detuvieron en su casa.

Resultado: enjuiciamiento diferido.

Al menos una casa de recuperación ha reducido su actividad, dadas las recientes noticias sobre otras casas afectadas por la policía. Esta operadora le dijo a Herald que su negocio solo recibe a dos clientes a la vez —y los atiende en sus propias casas o en habitaciones de hotel— mientras evalúan si dejar el negocio por completo o tratar de obtener la licencia apropiada. La operadora, que pidió no ser identificada, dijo que, en su opinión, las normas de los ALF son demasiado estrictas, pero que algunos operadores proporcionan cuidados de calidad inferior y, en cualquier caso, no vale la pena ser detenido.

“Soy partidaria de los cuidados”, dijo la operadora. “Si tienes a 15 personas en una casa de recuperación, algo va a faltar”.

La opinión del detective

Rodríguez cree que la violación desenfrenada de la ley continuará a menos que la Legislatura de la Florida endurezca sus estatutos.

Cree que la solución definitiva es exigir que los procedimientos de cirugía plástica se lleven a cabo en un entorno hospitalario y no en clínicas ambulatorias, como ocurre actualmente. De ese modo, dijo, las pacientes que se recuperan de sus heridas quirúrgicas recibirían la atención postquirúrgica adecuada en un entorno hospitalario.

En 2017 se presentó ante la Legislatura un proyecto de ley que habría establecido una licencia separada para los centros de atención de recuperación, definidos como una instalación donde el paciente es admitido y dado de alta dentro de las 72 horas, pero no forma parte de un hospital. Los servicios de atención de recuperación incluirían “atención médica y de enfermería general postquirúrgica y postdiagnóstica a pacientes para los que no se requiere hospitalización aguda, además de que se esperaría una recuperación sin complicaciones y servicios de rehabilitación postquirúrgica”.

El proyecto de ley habría sometido estos centros a inspecciones y normas, pero no prosperó.

Un proyecto de ley diferente aprobado a principios de este año le dio a la AHCA autoridad (un movimiento legal para detener a una persona de seguir participando en la actividad sin licencia); no obstante, no crea una licencia independiente.

Bajo esa nueva ley, la AHCA puede proporcionar registros de inspección de actividades sin licencia a la policía local o al fiscal estatal, pero no establece un sistema en que las casas de recuperación realmente se registren, poniéndolas en el radar de un inspector.

En Miami-Dade, la Fiscalía Estatal dijo en un comunicado que “ciertamente” tiene que haber un “reconocimiento estatutario de que esta nueva ‘industria’ relacionada con la asistencia de salud ha surgido y continuará expandiéndose”.

La fiscalía añadió que “la Florida no debe esperar a que ocurra una tragedia para que se cree una supervisión adecuada”.