Dictan prisión preventiva a exprocurador

Manuel Espino

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 21 (EL UNIVERSAL).- El exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, deberá permanecer preso en el Reclusorio Norte al menos hasta el próximo miércoles cuando el juez determine si lo vincula a o no proceso por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia en el caso Ayotzinapa.

Al reaccionar a la decisión del juez de Control Marco Antonio Fuerte Tapia, de imponerle prisión preventiva justificada, Murillo Karam exclamó: "Se derrotó la presunción de inocencia".

Fuerte Tapia impuso la medida cautelar, debido a que Murillo Karam cuenta con los medios económicos y una red de amistades, debido a los cargos que ocupó, para sustraerse de la justicia.

Antes, el exprocurador, acusado de utilizar los instrumentos del Estado para crear su verdad histórica sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, decidió apegarse a la ampliación del término constitucional, por lo que será el próximo miércoles cuando se decida su situación jurídica.

En la audiencia que se realizó por varias horas en el Reclusorio Norte, el exfiscal en el sexenio de Enrique Peña Nieto respondió al juez que necesitaba tiempo para presentar documentos que posee para revertir las acusaciones en su contra.

La Fiscalía General de la República solicitó prisión preventiva oficiosa contra Murillo Karam, pues argumentó ante el juez que tiene medios para sustraerse de la justicia, ya que posee cinco domicilios en la Ciudad de México, Hidalgo y Guerrero, y una riqueza valuada en 85 millones de pesos, así como amistades importantes en la FGR.

Durante la audiencia, los fiscales del caso, Lidia Bustamante y Sergio Navarro, acusaron al exprocurador general de la República de utilizar la fuerza del Estado para fabricar la verdad histórica de los hechos ocurridos hace ya casi ocho años en Iguala.

Los fiscales basaron sus dichos en informes de organizaciones de derechos humanos y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como en que varios de los detenidos, entre ellos los cuatro integrantes de Guerreros Unidos que fueron torturados para generar una versión de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Los fiscales acusan también que Jesús Murillo Karam ordenó al entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, de alterar la escena de los hechos en el río San Juan, en Cocula.