¿Sólo dichos de testigos? Así sustentaron fiscales de EU la acusación contra García Luna por narcotráfico

Durante las cuatro semanas que duró su juicio celebrado entre enero y febrero del 2023 en la Corte Federal del distrito este de Nueva York, cerca de 25 testigos declararon en contra de Genaro García Luna. Al menos 9 de esos declarantes fueron testigos protegidos, reos mexicanos en busca de beneficios, y el resto fueron colaboradores de la fiscalía como exagentes del orden y otros que aún se hallan en activo. 

Se sumaron testimonios y pruebas que recabó la fiscalía en cuatro años de investigación, para apuntalar la narrativa de que Genaro García Luna, secretario de Seguridad federal durante el sexenio de Felipe Calderón, trabajó para el Cártel de Sinaloa. 

Entre quienes acudieron a declarar se hallan los narcotraficantes Jesús “El Rey” Zambada, Sergio Barragán Villareal, “El Grande”; Harol Mauricio Poveda, “El Conejo”; y Óscar Nava Valencia, “El Lobo”. También declararon dos exfuncionarios detenidos y que se hallan cerca de obtener una sentencia como pago de los servicios prestados en el juicio: el exfiscal de Nayarit Edgar Veytia y el extesorero de Coahuila durante el gobierno de Humberto Moreira, Héctor Villarreal Hernández. 

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Genaro García Luna fue detenido el 9 de diciembre del 2019 en la ciudad de Dallas, Texas. Al día siguiente, el equipo de fiscales que armó la acusación en Nueva York pidió al juez Brian Cogan una “orden de detención permanente”, en la que perfilaron la conducta criminal del acusado. 

“La evidencia obtenida por las autoridades ha revelado que, mientras era funcionario público en México, el acusado recibió millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de brindar protección para las actividades de narcotráfico” como son la importación “de varias toneladas de cocaína y otras drogas a los Estados Unidos”.

Los fiscales apuntaron que, si bien sus fuentes primarias eran “exmiembros del Cártel de Sinaloa”, también tenían pruebas como “registros financieros relacionados con el acusado, que reflejan que cuando  se mudó a los Estados Unidos en 2012 había amasado una fortuna personal de millones de dólares que era inconsistente con el salario de un funcionario público en México”. 

A partir de enero del 2019, cuando fue traído por primera vez a Nueva York, y durante cuatro años hasta las horas previas a que arrancara el juicio, la fiscalía envió al equipo de la defensa “descubrimientos y pruebas” de las presuntas actividades criminales de Genaro García Luna. 

A cada oportunidad anunciaban tener grabaciones, cuentas bancarias, videos, documentos enviados por gobiernos como el de Colombia, así hasta rebasar “el millón de fojas”.

Parecía que, de llegar a la última instancia del juicio, las revelaciones serían contundentes. 

De hecho, en México surgió el rumor de que tantas pruebas recopiladas serían suficientes no sólo para hallar culpable sin dejar duda al exsecretario de Seguridad Pública (2006-2012) mexicano, sino que tan voluminoso expediente alcanzaría incluso para salpicar a superiores del acusado, como el expresidente Felipe Calderón.  

Sin embargo, el juicio arrancó y durante cuatro semanas los fiscales, si bien presentaron todo un combo de testigos que empujó la narrativa de que el acusado efectivamente había participado en actividades ilícitas, en realidad no mostraron públicamente un volumen similar de pruebas físicas, más allá de dichos, para evidenciar su actividad criminal.

Previo a que arrancara el juicio, el juez aceptó la moción de la defensa de que no se hablara de la acumulación de la riqueza de García Luna “posterior al 2012”, argumentando los defensores que el acusado se había dedicado “a actividades privadas” que le habían generado cuantiosos dividendos, pero que como en ese entonces ya no era funcionario público, no debían ser incluidas.

Esto fue un golpe para los fiscales, pues parte del sustento contra el exsecretario era cómo había crecido su patrimonio, más allá de lo que le hubiera permitido su salario como funcionario público.

Luego de que el jurado hallara culpable a García Luna, se leyeron y escucharon en ambos países cuestionamientos sobre la falta de pruebas de los sobornos y la riqueza inexplicable del acusado, sosteniendo sobre todo la condena con evidencias testimoniales. 

Este debate resurgió esta semana con los reportajes publicados por medios como ProPublica e InSight Crime, revelando cómo un testigo protegido habría dicho a la DEA que miembros del Cártel de Sinaloa dieron sobornos en el 2006 a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador.     

Los vericuetos del sistema de justicia en EU

Como en casi todo el mundo, en Estados Unidos los casos criminales se sustentan con las evidencias que recaban investigadores de las agencias de seguridad. Estos las entregan a un equipo de fiscales, que son quienes arman las acusaciones, para que luego un jurado ciudadano decidan si alguien es culpable, o inocente. 

Las evidencias son de dos tipos: testimoniales y pruebas físicas. En el primer caso tenemos la versión o declaraciones juradas por escrito de testigos cooperantes: oficiales de la policía, agentes, empleados o ciudadanos. Y también se cuentan los testimonios de testigos protegidos que básicamente son reos o lo fueron y que, a cambio de algún beneficio durante su encarcelación o durante su libertad condicionada, relatan hechos que puedan afianzar un caso criminal, revelaciones que pueden hacer en privado o, si la fiscalía lo requiere, durante un juicio público con jurado presente. 

En el caso de las pruebas estas se refieren a fotografías o videos, pruebas de ADN, facturas u otros documentos incriminatorios, huellas dactilares, cuentas bancarias o escrituras.

En Estados Unidos abundan los casos como el de García Luna, que son generosos en cuanto a evidencias testimoniales, pero que muchas veces aparecen limitados en cuanto a la presentación de pruebas físicas contundentes. 

Sin embargo, no es ilegal procesar a alguien con base en testimonios, y si acaso el acto queda como una mancha en el currículum de los fiscales, en cuanto a que no lograron recabar suficiente evidencia. 

En los Estados Unidos se han registrado cientos de casos donde luego de haber sido sentenciados por crímenes que no cometieron, se descubre la inocencia de reos encarcelados injustamente. A partir de ahí no sólo deben ser puestos en libertad, sino que, en muchos casos, deben ser indemnizados con sumas millonarias. 

La organización Equal Justice Initiative (EJI) ha documentado cerca de 3 mil 175 exoneraciones desde 1989, de las cuales 375 de ellas han sido a través de pruebas de ADN. 

“La falta de rendición de cuentas por parte de la fiscalía y los fiscales, la dependencia de la ciencia basura y los testigos equivocados son factores que contribuyen a condenas erróneas”, dice EJI.  

Estos procesos donde se sentencia a un acusado con base en testimonios ha sido motivo de un debate nacional en el que han participado diversas organizaciones como el Instituto Cato, la Asociación Nacional de Abogados Penalistas del Instituto Rutherford, entre otros que, por cierto, salieron en grupo a criticar el proceso que llevó a la cadena perpetua del narcotraficante Alfredo Beltrán Leyva, “El Mochomo”. 

Abogados de las organizaciones citadas ingresaron a la Corte Suprema de los Estados Unidos un Escrito de Debido Proceso, donde a partir del caso de “El Mochomo” se quejaron de los procedimientos usados por fiscales y agencias de seguridad. 

Miembros de la Asociación de Abogados de Defensa Criminal, por ejemplo, manifestaron tener un interés en la apelación de Beltrán Leyva, pues buscaban ver cambios procesales necesarios “para prevenir errores de testigos, confesiones falsas, incentivos a testigos poco fiables, rumores y pruebas forenses no probadas”. 

El abogado defensor Eduardo Balarezo, quien defendió al mismo Mochomo y a Joaquín “El Chapo” Guzmán, dijo en entrevista a este reportero que “los estándares para acusar a alguien en los Estados Unidos son muy bajos”. Aseguró que, si un testigo señala a cualquier persona, los fiscales comenzarán a indagar y si resulta que otro testigo habla de esa misma persona, pues eso ya les permite iniciar un proceso. El litigante considera a esa como “una zona muy corrupta” del sistema de justicia estadounidense. 

La apelación ingresada en el 2018 por “El Mochomo”, en la cual señalaba a Jesús “El Rey” Zambada y a Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, de declarar en su contra para “ganarse el favor del gobierno”, le fue rechazada un año después. En respuesta, en 2022 fue enviado a la misma Prisión de Máxima Seguridad en Colorado, donde “El Chapo” Guzmán enfrenta su cadena perpetua. Y, como parte de las actividades a que los obliga su condición de testigos protegidos, “El Rey” y “El Grande” fueron llamados a declarar contra García Luna.  

Un punto más a destacar de los procesos judiciales celebrados en las cortes federales y locales en Estados Unidos es que, al llegar el caso a la instancia del juicio, éste es calificado por un jurado de 12 ciudadanos que puede estar compuesto por empleados de profesiones diversas, amas de casa, estudiantes o personas desempleadas.

Personas, presumiblemente, con un amplio sentido de la justicia, pero quizá con nulo entendimiento de las leyes, al grado de que son adiestradas al vapor y en el momento por el juez, quien les señala sus deberes y los alecciona en cuanto a las reglas. 

Ciudadanos entrevistados por quien esto escribe toman al hecho de ser jurado como “una obligación” de la que quieren escapar pronto, máxime si son juicios que se prolongan más de una semana.  

Defensa de García Luna insiste en inocencia

Para “probar” que García Luna efectivamente había participado luego del 2012 en la protección de los cárteles, los fiscales trajeron a un distribuidor de drogas detenido en Nueva York y actualmente preso, quien declaró de su gran amistad y relación de negocios con los hijos de Joaquín Guzmán Loera conocidos como “Los Chapitos”, a quien, presuntamente, Genaro García Luna protegía. 

“La conducta del acusado posterior a 2012 demuestra que nunca abandonó la conspiración”, dijeron los fiscales en respuesta a la solicitud de la defensa de García Luna de retirar los cargos, y prometieron “probar con amplitud en el juicio” cómo el exfuncionario había mentido.

“No hay dinero, no hay fotos, no hay correos, cero evidencia”, acusó el defensor César de Castro en su discurso de apertura, en el juicio que arrancó a finales de enero del 2023. 

“Es sentido común: cuando tú acusas a alguien de corrupción, pues tomas una foto, grabas un video, consigues algo que lo pruebe”.

Uno de los testigos protegidos llamados por la fiscalía, Óscar Nava Valencia “El Lobo”, a pregunta de Florian Miedel, también abogado de García Luna, aceptó que “documentos o fotografías no tenemos”. 

Los fiscales sí lograron probar indicios de cierta “riqueza inexplicable” al traer como testigo colaborador al agente del Departamento de Justicia, George Dietz, quien decomisó una computadora de Genaro García Luna el día de su detención. 

Ahí Dietz mostró fotos de casas del acusado en Morelos y la Ciudad de México, una estatua, un auto Mustang, una motocicleta Harley Davidson (presunto regalo de Arturo Beltrán Leyva, de la cual la esposa de García Luna mostró la factura), una camioneta Land Rover y fotos de otros 30 vehículos que pertenecían a García Luna, y que fueron enviados por barco a Florida.

Este mismo agente probó cómo en el 2001, cuando García Luna ingresó como director de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI), declaró tener un millón 200 mil pesos en sus cuentas bancarias. Pero 11 años después su riqueza habría crecido exponencialmente hasta alcanzar varios millones de pesos, cifra que, sin embargo, parece lejana de los 248.5 millones de dólares que diversos narcotraficantes dijeron haberle dado. 

La esposa del acusado, Linda Cristina Pereyra, dio su versión de cómo incrementaron su fortuna a partir de mediados de los noventa, cuando García Luna recibió una remuneración del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). 

Y cómo a partir de ahí vendieron sus departamentos y compraron casas cada vez más grandes, sumando liquidaciones como los 2.7 millones de pesos que recibió el acusado cuando dejó la AFI en el 2006. No ofreció una suma, pero entre sus casas en Morelos, la de la Ciudad de México, un restaurante, una colección de autos usados, motocicletas y ahorros, su patrimonio ascendía a una suma de entre 20 y 30 millones de pesos. 

Pese a sus esfuerzos los fiscales, ante la prohibición de tocar el tema de la riqueza inexplicable mostrada en Miami, no pudieron comprobar nada más.  

A un año de que se celebró el juicio en contra del exdirector de la desaparecida AFI (2000-2006), sus abogados no han dejado de empujar la versión de que se cometió una injusticia contra él. 

Tan es así que en diciembre del 2023 ingresaron una petición de que se anule el juicio y se ordene la celebración de uno nuevo, lo cual llevó a retrasar la sentencia programada para el 1 de marzo del 2024, y será hasta el 24 de junio, mientras el juez Brian Cogan analiza las nuevas pruebas ofrecidas por la defensa. 

El proceso ingresa en meses definitivos donde se sabrá si García Luna será al fin sentenciado o si el juez le concederá la moción que pide, de repetir el juicio. 

De suceder lo primero, el acusado puede alcanzar una pena de entre 15 años a cadena perpetua.