Detenidos de nuevo, los ocho militares del caso Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 2 (EL UNIVERSAL).- Un juzgado federal giró órdenes de aprehensión a petición de la Fiscalía General de la República (FGR) contra ocho militares señalados en el caso Ayotzinapa, quienes hace unos días habían obtenido su libertad condicional, tras el cambio de medida cautelar.

Alejandro Robledo, abogado de los uniformados, dijo que probablemente sean señalados de delincuencia organizada por supuestos nexos con el grupo delincuencial Guerreros Unidos.

Al mediodía de este jueves se cumplimentaron tres órdenes de aprehensión, posteriormente dos y en el transcurso de la tarde los tres restantes, y de nueva cuenta permanecerán en prisión en el Campo Militar 1-A.

"Nosotros siempre hemos enfrentado acusaciones, es una chicana del gobierno federal y de la fiscalía… es una porquería lo que hicieron. Los chicos están tranquilos, saben que esto no corresponde al debido proceso, es una vendetta.

"Parecen presos políticos porque los quieren tener a como dé lugar en prisión. Siempre ha sido un tema político", aseveró Robledo, quien lleva el caso con el abogado César Omar González.

Robledo insistió a EL UNIVERSAL que el actual gobierno se encarga de tener presos políticos; detalló que se espera un proceso largo y presentarán recursos.

"Se tendrá que tomar la declaración preparatoria, si es el viejo sistema, o la audiencia inicial, si es el nuevo sistema, pero no lo sabemos todavía, tendremos que enfrentar la acusación y defenderlos", aseveró.

Abundó que por lo pronto sus clientes van a permanecer en la cárcel militar; "no he visto la nueva acusación ni en qué consiste el asunto, va para largo, como siempre lo tuvimos previsto. Este país no tiene justicia, no tenemos claro si la audiencia se realizará este jueves o viernes, seguramente pediremos la duplicidad del término de 144 horas", subrayó.

Los uniformados relacionados al caso son Gustavo Rodríguez, Omar Torres, Juan Andrés Flores, Ramiro Manzanares, Roberto de los Santos, Eloy Estrada, Uri Yashiel Reyes y Juan Sotelo.

El 24 de enero los elementos abandonaron la prisión, luego que la juez Segundo de Distrito de Procesos Penales en el Estado de México notificó su libertad condicional, el 20 de enero, en cumplimiento a la resolución que ordenó el cambio de medida cautelar.

El 21 de enero la FGR dio a conocer que procedería a impugnar el fallo y a denunciar a la jueza Raquel Ivette Duarte.

La juzgadora concedió el cambio de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para seguir su proceso en libertad condicional.

La FGR también señaló que presentaría una denuncia por conceder ventajas indebidas a los tres magistrados Horacio Armando Hernández, Juan José Olvera y Francisco Sarabia, del primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.

La dependencia detalló que, en una secuela procesal cuestionable para los derechos y la protección de las víctimas, le fueron concediendo ventajas indebidas a quienes no lo merecen.

Argumentó que desconocieron las resoluciones de jueces que determinaron prisión preventiva justificada para los ocho integrantes de las Fuerzas Armadas, quienes fueron acusados de delitos graves en el caso Ayotzinapa.

El 22 de enero la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación afirmó que no se otorgó una ventaja indebida a los militares, "antes bien, se realizaron con apego a la Constitución, tratados internacionales y resoluciones de la CIDH".