Yahoo Noticias Las detenciones de la Patrulla Fronteriza de EU crecen 33% en un año; un caso de abuso de la fuerza llega hoy a la CIDH
El asesinato de Anastasio Hernández Rojas a manos de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos llega hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un contexto en el que las acciones de este cuerpo policiaco crecieron 33% en el último año.
De acuerdo con las estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU (CBP, por sus siglas en inglés), las acciones de la Patrulla Fronteriza —detenciones, determinaciones de inadmisibilidad, reincidencia— pasaron de 1 millón 662 mil 167 en 2021 a 2 millones 214 mil 652 durante el año fiscal 2022, que va del 1 octubre de 2021 al 30 de septiembre pasado.
Entre ellas, los casos de abuso de la fuerza son también cada vez mayores, de acuerdo con la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur (SBCC) de Alliance San Diego. Mientras que en 2019 el número de acciones de la Patrulla Fronteriza donde se documentó abuso de la fuerza fue de 592, en el último año fiscal crecieron a 970, detalla Vicki Gaubeca, directora de la SBCC.
“Ese aumento tiene mucho que ver con el hecho de que en la frontera no están permitiendo la entrada a quienes buscan asilo, y hay una frustración por parte de las personas que buscan mejorar su vida o están huyendo de la violencia, pero también de parte de los agentes de la Patrulla Fronteriza, que sienten que tienen el derecho de abusar de las personas”, asegura.
De acuerdo con el recuento de la coalición, el abuso de la fuerza en la frontera ha resultado —de diversas maneras— en la muerte de más de 245 personas, incluido Anastasio, quien en 2010 fue golpeado, detenido y asesinado en San Diego por agentes de la Patrulla Fronteriza y cuyo caso será analizado hoy por la CIDH.
2021, el año más letal
De los últimos 10 años, 2021 ha sido el más letal con 58 muertes reportadas atribuidas a incidentes con la Patrulla Fronteriza, detalla el análisis de la SBCC. En lo que va de 2022, estas ya suman 41 y en 2020 se registraron 35, mientras que en 2019 y todos los años previos no rebasaron 17. La organización aclara que las causas específicas de algunas muertes permanecen desconocidas, sea por falta de atención mediática o de transparencia de la CBP.
La mayoría de las muertes ocurridas entre 2010 y 2021 se dio en la frontera sur: 125 en Texas, 46 en Arizona, 37 en California y 22 en Nuevo México. Cerca del 15% del total de víctimas tenía entre 18 y 29 años, mientras que el 9% era menor de edad. Del total, 68 personas eran mexicanas y de 91 se desconoce su nacionalidad. En el 60% de los casos se trató de hombres.
Las muertes atribuidas a incidentes con la Patrulla Fronteriza se deben a sus políticas peligrosas y a una cultura de impunidad, de acuerdo con la coalición. Gran parte de las víctimas han sido asesinadas por arma de fuego; otras, por persecuciones imprudentes de vehículos, falta de asistencia médica, negligencia y otras formas de violencia.
“El patrón principal es la impunidad. Hemos registrado estas muertes desde el comienzo de 2010, y hemos visto que ya las cifras han llegado a casi 250 ocasionadas por agentes de la Patrulla Fronteriza; en muchos de estos casos, este uso de fuerza era excesivo y letal. Al principio eran más muertes ocasionadas por armas de fuego, y ahora parece que son ocasionadas por accidentes de vehículos porque las patrullas fronterizas persiguen a las personas de manera irracional”, señala Gaubeca.
Aunque, de acuerdo con la coalición, los datos sobre uso excesivo de la fuerza de la Patrulla Fronteriza son limitados, la información a la que han tenido acceso algunos investigadores da cuenta de tácticas imprudentes del cuerpo policiaco al patrullar la frontera o realizar aprehensiones. Un análisis de quejas formales promovidas por el Consejo Americano de Migración ante la oficina de asuntos internos de la CBP señala que la mayoría se debe a abuso físico (40%) o uso excesivo de la fuerza (38%).
Los datos muestran, además, que la CBP asume muy poca responsabilidad por sus tácticas violentas. Entre las quejas formales analizadas, la mayoría de los casos no tuvo consecuencias (58%). Incluso, en algunos de los más graves, por ejemplo, un agente de la Patrulla Fronteriza que causó un aborto al patear a una mujer embarazada o un hombre que fue pisado sobre su espalda después de ser arrestado y esposado.
“La agencia misma tiene una cultura de impunidad, y ellos mismos no quieren castigar a sus propios agentes; entonces, encubren mucho y no tienen una cultura de rendición de cuentas, de servir al público; solamente quieren alertar a las personas que entran en Estados Unidos de manera irregular. No sienten responsabilidad moral o ni siquiera conocen los derechos humanos de las personas ni los respetan”, dice Gaubeca.
Sin embargo, los agentes de la CBP tienen cinco veces mayor probabilidad de ser arrestados que las policías locales u otros cuerpos policiacos. En su mayoría, son arrestados por corrupción, violencia sexual, violencia agravada, violencia doméstica y crímenes sexuales hacia menores de edad.
En el año fiscal 2018, se registró el récord máximo de agentes arrestados con 287, 52% pertenecientes a la Patrulla Fronteriza. Ese año, la mayoría respondió a conductas relacionadas con consumo de alcohol o drogas, seguidos de violencia doméstica. Solo el 6% fue por obstruir el sistema de justicia y únicamente ocho por mal uso de armas. Siete casos se asociaron con corrupción.
Antecedentes letales
De acuerdo con el análisis de la SBCC, desde 2010 han existido por lo menos seis casos documentados formalmente y denunciados de personas asesinadas por la Patrulla Fronteriza en el cruce México-EU. Dos acompañados por la coalición son los de Sergio Adrián Hernández Güereca y José Antonio Elena Rodríguez.
Apenas una semana después del asesinato de Anastasio Hernández Rojas, en mayo de 2010, un agente le disparó a Hernández Güereca, un joven de 15 años, mientras se encontraba jugando con amigos en la frontera sur, pero del lado mexicano, el 7 de junio. El integrante de la Patrulla Fronteriza se encontraba del lado de EU.
En abril de 2015, los padres de Sergio Adrián promovieron una demanda bajo el argumento de que el agente Jesús Mesa había usado fuerza excesiva y letal, lo que constituía una violación a la Constitución de EU. El responsable pidió inmunidad mediante la protección que el gobierno ofrece a oficiales ante demandas, a menos de que los denunciantes puedan demostrar que se violó un derecho “claramente establecido”. Su abogado alegó que cualesquiera fueran los derechos de Sergio, no estaban establecidos en el momento del disparo porque se encontraba en suelo mexicano.
La Suprema Corte estadounidense determinó por mayoría que los padres del joven no podían demandar porque las prohibiciones y protecciones constitucionales no “atravesaban” la frontera. En opinión de la SBCC, esta decisión reforzó la cultura de muerte, abuso y violencia que prevalece en la Patrulla Fronteriza y la instancia de la que forma parte, la CBP.
En tanto, José Antonio Elena Rodríguez, de 16 años, fue asesinado el 10 de octubre de 2012 después de presuntamente aventar piedras de México a EU sobre la división fronteriza de Arizona. Los agentes de la CBP le dispararon 10 veces por la espalda. El agente que lo mató fue acusado por asesinato en segundo grado, pero más tarde fue encontrado no culpable y absuelto. Pese a los alegatos de Lonnie Ray Swartz, testigos declararon que el joven solo caminaba por la calle.
La imputación del agente fue la primera en la historia de EU por un tiroteo en la frontera. Aunque un juez de distrito en Tucson determinó que, a pesar de que José estaba en territorio mexicano, tenía derecho a la protección de la Cuarta Enmienda, en 2020 la Suprema Corte regresó el caso a una corte de apelación en California, con base en la determinación previa del caso Hernández Güereca, respecto de la imposibilidad de las víctimas mexicanas de denunciar en cortes estadounidenses.
“Tratamos de hacer acompañamiento a las familias de todos estos casos cuando están dispuestas a eso, pero hemos estado también en muchos otros, como el de Carmelo Cruz-Marcos, que fue asesinado en febrero de este año; también, en el que casi mataron a Marisol García Alcántara cuando le dispararon en la cabeza en Nogales. Hemos ofrecido acompañamiento con un abogado en San Diego que está dando seguimiento a su caso”, dice Gaubeca.
“Por nuestra parte, en cualquier injusticia queremos acompañar a esas personas para conseguir que se cambien las políticas y que haya rendición de cuentas de los agentes de la Patrulla Fronteriza cuando cometen estos abusos, para deshacernos de esta impunidad”, añade la activista.
De la audiencia de hoy en la CIDH para el caso de Anastasio, dice, la familia espera que, después del encubrimiento y la forma engañosa en la que ha actuado la CBP, por lo menos haya una disculpa por no haber proporcionado información ni procurado la justicia. Lo deseable sería, igualmente, que se siente un precedente para realizar cambios en la ley, con la finalidad de que la Patrulla Fronteriza se apegue a estándares internacionales sobre uso de la fuerza.
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