Desparecen $20 millones. Compradores de viviendas frustrados advirtieron a la ciudad sobre el ‘Rey de Coconut Grove’

Mientras se acumulan las demandas, las ejecuciones hipotecarias y los avisos de desalojo contra un urbanizador de Coconut Grove acusado de fraude, los compradores que han esperado años para mudarse a sus casas dicen que todo este lío multimillonario podía haberse evitado si las autoridades de la ciudad de Miami hubieran actuado ante sus quejas.

El caso contra Doug Cox, su socia con quien vive Nicole Pearl y las empresas de ambos Send Enterprises y Drive Development, está en el Tribunal de Circuito de Miami-Dade a cargo de la jueza Jennifer Bailey, quien en mayo nombró al administrador judicial Alan Fine para seguir el rastro de unos $20 millones desaparecido.

“Continuamos con el trabajo forense para responder a la pregunta de adónde fue el dinero”, dijo Paul Singerman en una audiencia el martes. Singerman es abogado de Fine. Dos de las cuentas bancarias de Cox y Pearl tienen un total de $250. El equipo de Fine está buscando más. “Estoy muy seguro que no tendremos todas las respuestas”.

Cox, quien se hace llamar el “Rey de Coconut Grove”, tiene dos docenas de propiedades valoradas en unos $70 millones en el mercado, incluidos terrenos yermos de primera y 12 casas adosadas casi terminadas en Coconut Avenue. Cox y Pearl han recaudado $15 millones en depósitos de compradores desde 2018, dijo Fine. Ninguno se ha mudado a las casas que Cox prometió construir porque ha pospuesto continuamente la fecha de cierre.

Contratos de compra dobles, e incluso triples, siguen saliendo a la luz a medida que los compradores afirman en demandas que Cox y Pearl ocultaron que estaban firmando acuerdos para propiedades con contratos existentes. A medida que el valor de los inmuebles se disparaba, compradores desprevenidos firmaban contratos por precios más altos y pagaban depósitos más elevados que no iban al depósito inmobiliario, sino a los bolsillos de Cox y Pearl, alegan las demandas. La casa en 2960 Coconut Ave. ha tenido cuatro contratos, tres en la actualidad, con depósitos que van desde $500,000 en 2020 a $1.52 millones en enero.

“Todo regresa a la ciudad de Miami”, dijo Kevin Ware. Él y su familia llevan dos años esperando para mudarse a la casa adosada que compraron. “Nuestros funcionarios gubernamentales no crearon a Doug y Nicole, pero ciertamente les permitieron hacen lo que han hecho. Si hubieran hecho su trabajo no estaríamos en esta situación imposible y Doug y Nicole habrían sido detenidos antes que engañaran a más compradores”.

Los compradores empezaron a quejarse ante el Departamento de Construcción de la ciudad y al alcalde de Miami, Francis Suárez, cuando Cox ignoró una orden de paralización de obras de 2021 y la ciudad no la hizo cumplir, permitiéndole continuar la construcción sobre un plan de diseño no aprobado durante más de un año. Advirtieron a la ciudad que Cox no respetaba sus contratos y mostraba las casas a otros compradores. Enviaron correos electrónicos, hicieron llamadas telefónicas y solicitaron reuniones. Finalmente, se propusieron soluciones en una reunión con Suárez y funcionarios municipales en marzo, pero no se llegó a nada. La ciudad dijo que tenía las manos atadas y cesó la comunicación.

“Intentamos solucionar este problema con la ciudad hace mucho tiempo, antes de que estallara”, dijo el comprador Michael Coyne. “¿Por qué no nos escucharon? ¿Por qué esa falta de voluntad? Ahora está en bancarrota”.

Cox y Pearl recibieron unos $47 millones de prestamistas e inversionistas, que incluyen $9.2 millones de dos empresas que afirman en demandas que fueron estafadas en una trama descaradamente fraudulenta: Cox y Pearl, que buscaban dinero el pasado otoño, se hicieron pasar por un gestor de préstamos de Altamar Financial Group en correos electrónicos, mensajes y documentos falsos con firmas falsificadas para dar fe de su intachable solvencia. De este modo, alegan las demandas, los nuevos prestamistas no sabrían que Cox y Pearl habían negociado múltiples acuerdos de indulgencia de morosidad con Altamar para aplazar los pagos vencidos de la hipoteca.

Cox y Pearl deben más de $72 millones a sus acreedores, calcula Fine, cuyo equipo está rastreando el dinero en paradero desconocido.

Se quedó sin efectivo para completar los cierres

Cox, que se negó a responder a las preguntas del Herald el martes, ha dejado fuera a compradores que pagaron depósitos considerables hace dos, tres e incluso cinco años, al no completar las inspecciones y obtener certificados de ocupación, muestran los registros. Cox no ha cerrado la venta de una casa desde 2019 y su abogado Michael Schlesinger dijo que “se quedó sin dinero” y no pudo saldar deudas para completar los cierres.

“Muestra cuán premeditado fue todo esto”, dijo Ware. “Tomando depósitos dobles y triples, solicitando indulgencias y mintiendo a los compradores, prestamistas e inversionistas; mintiendo a todos cada día”.

Ahora, mientras Suárez viaja por el país postulándose para presidente, al tiempo que es investigado por la Fiscalía Estatal de Miami-Dade y la Comisión de Ética y Confianza Pública por sus tratos con otro urbanizador del Grove, los compradores de Cox en Miami se sienten olvidados. Temen perder sus casas a manos de Altamar, el prestamista privado de Miami que prestó a Cox $34 millones y que ha ejecutado la hipoteca de las propiedades de Grove que Cox puso como garantía.

Fine preguntó la semana pasada si los compradores originales estarían dispuestos a pagar el precio de mercado actual —el doble de sus precios contractuales, que oscilaban entre $1.2 millones y $1.8 millones— para mudarse a sus casas. La propuesta les sorprendió y esperan que se respeten sus contratos.

Mientras Fine se prepara para vender las propiedades de Cox al valor del mercado, Singerman reconoció el martes que el administrador judicial tiene “el deber fiduciario de tratar con los titulares de los contratos. Es complicado, es difícil y tiene cuestiones jurídicas y de equidad espinosas”, dijo.

Fine también tiene dudas sobre los préstamos concedidos a Cox y la diligencia debida de los prestamistas y los inversionistas de capital. Altamar ha impuesto una penalización de 24% por concepto de intereses.

“Estamos examinando detenidamente muchos de los préstamos”, dijo. “Tenemos algunas cifras muy inusuales que nos están llamando la atención.

“Va a haber un déficit. Si Altamar puede reducir sus intereses de mora, sería un beneficio para todos”, añadió.

Schlesinger dijo que Cox y Pearl “refutan cualquier acusación de delito y objetarían a la venta de cualquier lote”.

Compradores trataron de resolver los problemas con el gobierno de Miami

Si los funcionarios municipales hubieran escudriñado a Cox y actuado como guardianes de los ciudadanos, las cosas serían diferentes, dijeron los compradores, quienes también llevaron sus quejas ante el FBI y la unidad de fraude de la Fiscalía Estatal de Miami-Dade, quienes dijeron que necesitaban más evidencia de un delito para investigar a Cox.

Un grupo de compradores originales se reunió con Suárez, el jefe del Departamento de Construcción de la ciudad, Asael Marrero, y otros miembros del personal el 30 de marzo en el Ayuntamiento después que un artículo del Miami Herald reveló el alcance de su difícil situación con Cox. No era la primera vez que pedían ayuda a la ciudad y aportaban documentación sobre su historia con Cox.

“Iba confiado a la reunión, pero creo que la ciudad se ha reído de nosotros”, dijo Coyne, que tiene una familia de seis personas: su esposa, tres hijos pequeños y sus suegros ucranianos. Entregó $487,500 y firmó por una casa adosada de $1.625 millones en Coconut Grove hace dos años. Entre los seis lugares en los que han vivido desde la fecha de cierre que Cox prometió estuvo un apartamento de un dormitorio. “Creo que el alcalde piensa que está por encima de sus electores y no rinde cuentas a los contribuyentes”.

En la reunión se debatieron dos posibles soluciones: emitir una ordenanza de emergencia para declarar inseguras las propiedades; estaban deshabitadas y carecían de vallado para piscinas. Eso requeriría un visto bueno del Departamento Jurídico de la ciudad.

Los correos electrónicos de Coyne al Departamento Jurídico sobre si la solicitud de la ordenanza fue presentada no fueron contestados, y luego, como él continuaba buscando un sí o un no por respuesta, no respondió en absoluto, dijo Coyne. Más tarde, la ciudad comunicó a algunos compradores que la ordenanza podría exigir la demolición de las casas, por lo que no se siguió adelante.

Otra idea era que el Departamento de Construcción obligara a Cox a realizar inspecciones. Pero Marrero determinó que no podía hacerlo.

“La autoridad de la ciudad no llega a obligar a urbanizadores o constructores a acelerar el progreso de sus obras más allá de lo previsto por la ley”, dijo la ciudad en respuesta a las preguntas del Herald. “Esta falta de autoridad también se extiende a cualquier interferencia entre los acuerdos contractuales de las partes privadas”.

En cuanto a los permisos de construcción, que Cox permitiría que expiraran y luego se renovaran en un ciclo incesante, no hay fecha límite.

“Todo permiso concedido puede prorrogarse siempre que haya habido una inspección aprobada cada 180 días”, informó la ciudad. “Además, no hay ninguna limitación estatutaria en cuanto a cuántas veces se puede prorrogar un permiso”.

Los compradores también solicitaron medidas disciplinarias contra Cox por trabajar durante la orden de suspensión de obras. La ciudad emitió la orden porque Cox no presentó los planos de las cinco casas adosadas de tres pisos que estaba construyendo en Coconut Avenue. Solo presentó los planos de las unidades de dos pisos, dijo a los compradores, porque los planos eran de su propiedad y no quería que le robaran el diseño.

En su respuesta al Herald, la ciudad dijo que abordó la orden de suspensión de obras en mayo de 2022, cuando se presentaron y auditaron los planos revisados de Cox. Pero eso fue solo porque Ware dice que alertó a la ciudad sobre la infracción de Cox y acosó a la ciudad durante siete meses para hacerla cumplir. Durante ese período, Cox aseguró a Ware que la orden no era un impedimento porque había suavizado las cosas con el Departamento de Construcción.

En la reunión, los compradores preguntaron a Suárez sobre su relación con Cox, que contribuyó $50,000 a la campaña de reelección de Suárez en 2020 y $100,000 a la iniciativa de Suárez de 2018 para crear un puesto de alcalde fuerte (los votantes la rechazaron), muestran los registros financieros de la campaña.

Suárez respondió que ha recaudado más de $22 millones en contribuciones de campaña a lo largo de los años y no conoce a todos sus grandes donantes, dijeron los compradores. Cox alardeaba a menudo ante los compradores de sus buenas relaciones con la ciudad y cómo superaba cualquier obstáculo “tomando un cafecito” con los funcionarios municipales.

En ese momento, Suárez cobraba $10,000 al mes de otro urbanizador, Rishi Kapoor, quien tenía problemas con un proyecto paralizado de $70 millones en Commodore Plaza, en Coconut Grove. Suárez, que es abogado y alcalde a tiempo parcial, dijo que era asesor a sueldo de URBIN, una filial de la empresa de Kapoor, Location Ventures, y negó haber usado su despacho para ayudar a Kapoor a obtener permisos.

Suárez no reveló el trabajo hasta que fue interrogado por el Miami Herald en mayo, y se negó a revelar su lista privada de clientes. La unidad de corrupción pública del FBI está investigando los negocios de Kapoor y los $170,000 que pagó a Suárez. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) está investigando los acuerdos de Kapoor con inversionistas. Kapoor tiene otro proyecto en marcha en Coral Gables mientras es un inquilino que paga alquiler en un edificio propiedad en parte del alcalde de Coral Gables, Vince Lago. Lago se recusó en las votaciones de la Comisión de la ciudad que aprobaron el proyecto de condominios de lujo de 16 pisos. La empresa de Kapoor ha donado a la campaña de Lago.

Al igual que Cox, Kapoor donó a la campaña de Suárez, contribuyendo con $25,000 al comité político de Suárez en 2021. Y, al igual que Cox, Kapoor fue citado por construcción no autorizada, la suya en Miami Beach; la ciudad de Miami Beach emitió una orden de suspensión de obras el martes en un proyecto de URBIN de seis pisos en Washington Avenue.

Los compradores dicen que están decepcionados que Suárez no fuera más transparente en la reunión sobre su trabajo de asesoría consultoría externa con los urbanizadores.

“La ciudad también actúa mal. Nos dieron largas, nunca hicieron lo que prometieron”, dijo Ware.

El Herald pidió a Suárez una respuesta a las críticas de los compradores, pero la única respuesta de la ciudad fue la declaración del Departamento de Construcción.

Cox enfrenta el desahucio de una costosa propiedad de alquiler en el Grove

Mientras los compradores se preocupan por el destino de sus casas de ensueño, Cox y Pearl reciben golpes en varios frentes.

Singerman dijo a la jueza Bailey que le pedirá que los mantenga en desacato al tribunal si no entregan los documentos que ha estado solicitando desde el 5 de junio.

Cox es nombrado en una demanda de ejecución hipotecaria por Fuse Group, un prestamista inmobiliario privado de Fort Lauderdale, por incumplimiento de un préstamo de $4.91 millones que usó para comprar condominios sin terminar en 2961-2967 Bird Road.

El casero de Cox está desalojándolos a él, Pearl y sus tres hijos de la casa que alquilaban por $12,000 al mes en Inagua Street, en el Grove, justo al final de la calle de la casa de Shipping Avenue que Cox dijo a los compradores que estaba construyendo para sí mismo. También los están desalojando de su oficina en Coral Gables. Pearl es abogada y agente inmobiliaria autorizada.

Phillip Sylvester, un inversionista inmobiliario de Chicago que originalmente contrató a Cox para construir casas en 2014 y luego formó una empresa conjunta con él en 2019 para construir más casas, dice que Cox le debe $7 millones. Sylvester presentó una moción de emergencia para nombrar un interventor judicial después de leer el artículo del Miami Herald, alegando que Cox lo traicionó, infringió su acuerdo y dejó fuera a los compradores. El abogado de Sylvester, Marcos Jiménez, comparó en una audiencia las transacciones de Cox con un “esquema piramidal”.

Cox y Pearl fueron demandados por fraude por LV Lending por $6 millones y el inversionista Cocogrove Phase 2 por $3.2 millones. Ambas empresas alegan que Cox y Pearl falsearon su situación financiera cuando se hicieron pasar por empleados de Altamar y facilitaron documentos falsificados que demostraban que estaban al día en el pago de su préstamo con Altamar.

Fine contrató a la agente inmobiliaria e inversionista Vivian Dimond para que colaborara con la empresa de ingeniería MEP y su presidenta, Katrina Meneses, en la finalización de las inspecciones y la obtención de los permisos de habitabilidad de las casas adosadas. Meneses había sido contratada por Cox, pero dijo que Cox le ha puesto trabas y no ha podido completar los informes de inspección.

El abogado de Altamar, Mitchell Mandler, dijo que él y Dimond “recorrieron las propiedades” la semana pasada en previsión de su comercialización para la venta y “fue un tiempo bien empleado”, dijo.