Yahoo Noticias Desestiman cargos contra hombre de Miami en la primera impugnación de los arrestos por fraude electoral de DeSantis
Un juez de Miami desestimó el viernes un caso penal contra una de las 19 personas acusadas por la fuerza contra el fraude electoral del gobernador Ron DeSantis de votar ilegalmente en las elecciones de 2020.
En la primera impugnación legal a los arrestos de DeSantis, el juez de circuito de Miami-Dade Milton Hirsch rechazó la idea de que la Fiscalía Estatal pudiera acusar a Robert Lee Wood, de 56 años, de registrarse para votar y emitir un voto en las elecciones generales.
Wood fue condenado por homicidio en segundo grado en 1991, lo que lo hace inelegible para votar.
El fiscal estatal Nick Cox dijo en un comunicado el viernes que el juez hizo un “análisis incorrecto” y que la decisión sería apelada.
Hirsch no consideró si Wood infringió la ley. Más bien, citando a Shakespeare, sopesó si el fiscal estatal podía presentar los cargos en absoluto.
El abogado de Wood, Larry Davis, argumentó que el fiscal estatal no tenía jurisdicción. El fiscal estatal está restringido por ley a procesar delitos, incluyendo el voto, que involucren a dos o más circuitos judiciales. Esos delitos suelen ser “ actividades delictivas organizadas y complejas, a menudo a gran escala”, según su sitio web.
En el caso de Wood y de al menos otras 18 personas a las que DeSantis ha acusado de votar ilegalmente en 2020, el fiscal estatal dijo que cometieron delitos en múltiples jurisdicciones cuando se inscribieron por primera vez para votar y luego emitieron un voto, cada uno de ellos delitos graves de tercer grado que conllevan hasta cinco años de prisión.
Cuando Wood se inscribió para votar, su formulario de registro se dirigió al Supervisor de Elecciones del Condado Miami-Dade, que luego envió ese formulario a la oficina del Secretario de Estado en el Condado León para verificar su elegibilidad, lo que hace que sean dos jurisdicciones, según el fiscal estatal.
La oficina del Secretario de Estado, que depende de DeSantis, verificó la elegibilidad de Wood a través de una búsqueda rápida, y se le envió una tarjeta de identificación de elector.
Cuando Wood votó el 3 de noviembre de 2020, lo hizo en Miami-Dade, pero su voto fue certificado en el Condado León.
Los fiscales estatales argumentaron que “sería razonablemente previsible para cualquiera” que registrarse para votar involucraría automáticamente a una dependencia gubernamental en Tallahassee.
Compararon la situación con la de un traficante de drogas que transporta la droga a través de múltiples jurisdicciones antes de venderla en un solo condado, o con la de un “desguace” de automóviles en un condado que usa piezas robadas en otro condado.
El abogado de Wood argumentó que los presuntos actos delictivos se produjeron en un solo condado –Miami-Dade– y que Wood no participó en el traslado de la solicitud o la boleta a otro lugar.
Hirsch estuvo de acuerdo.
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“Aquí el delito, si lo hubo, ocurrió exclusivamente en Miami”, escribió Hirsch. “La ‘transacción relacionada’ –la mera transmisión ministerial de los formularios completados a Tallahassee– no fue un delito”.
Citando a Shakespeare, “Sus brazos se extienden más que las alas de un dragón”, Hirsch escribió que los fiscales estatales estaban extendiendo su alcance más allá de los estatutos estatales.
Hirsch especuló que bajo la interpretación de la Fiscalía Estatal, el Servicio Postal de Estados Unidos que transportó el papeleo de Wood podía estar cometiendo un delito.
“Para que un delito sea perseguible por [los fiscales estatales], es ese delito, y no sus meras consecuencias o actividades relacionadas, el que debe ocurrir en dos o más jurisdicciones de la Florida”, escribió Hirsch.
Davis dijo que estaba “satisfecho, pero no sorprendido” por el fallo.
La Florida Rights Restoration Coalition, que lideró el esfuerzo de 2018 para permitir que los floridanos con condenas por delitos graves voten, elogió la decisión. La organización está coordinando la defensa legal pro bono de las 19 personas acusadas de votar ilegalmente.
“Esto fortalece nuestra decisión de seguir poniendo a las personas por encima de la política y honrar el compromiso que hicimos con los 1.4 millones de personas beneficiadas por la Enmienda 4, que deberían estar disfrutando de la oportunidad de participar plenamente en nuestra democracia”, dijo Neil Volz, subdirector de la organización.
La decisión de Hirsch, que ha atraído la ira de los funcionarios republicanos en Tallahassee en el pasado, no aplica a los otros 18 acusados que enfrentan cargos de fraude electoral presentados por la administración de DeSantis.
Pero si los jueces de otras jurisdicciones llegan a la misma decisión, supondría un problema importante para la nueva Oficina de Delitos Electorales y Seguridad de DeSantis, creada por la Legislatura este año para acabar con el fraude electoral.
Los fiscales estatales argumentaron en el caso de Wood que pueden procesar “todos los casos penales relacionados con el registro de electores y las elecciones”, ya que “es imposible completar el acto de registrarse para votar o el acto de participar en una elección dentro de un solo circuito”.
Sin fiscales estatales, la administración de DeSantis tendría que depender de los fiscales locales, que han sido más reacios a presentar cargos.
La ley estatal dice que un elector tiene que cometer “voluntariamente” el delito de registrarse y votar ilegalmente, un obstáculo legal importante.
En el Condado Lake este año, por ejemplo, los fiscales se negaron a presentar cargos contra seis delincuentes sexuales condenados que votaron en 2020.
“En todos los casos en que los delincuentes sexuales votaron, cada uno parece haber sido alentado a votar por varios correos y desinformación”, escribió el fiscal Jonathan Olson en un comunicado. “A cada uno se le dieron tarjetas de registro de elector que los llevarían a creer que podían votar legalmente en las elecciones.
“La evidencia no demuestra acciones intencionadas por parte de estos individuos”.
David Ovalle, redactor del Miami Herald, contribuyó a este artículo.
