Desarticulan red de fraude de $28 millones tras un chivatazo sobre el propietario de una licorería

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En el peor momento de la pandemia del coronavirus, un hombre del sur de la Florida que esperaba juicio por haber sido acusado de narcotráfico, solicitó y recibió un préstamo del gobierno federal de $250,000 para su tienda de licores. Se suponía que el préstamo era para ayudar a aquellos negocios sumidos en serios problemas durante la crisis.

Tiempo después, su solicitud fraudulenta alertó a los investigadores federales de lo que después se descubriría era una estafa de $28 millones a cargo de un asesor financiero del Condado Broward que le presentó una enorme cantidad de solicitudes de préstamos falsas al Programa de Protección de Nóminas (PPP), que garantizaba el Departamento de Oportunidad Económica y Administración de Pequeños Negocios (SBA).

Ahora, el asesor financiero, Wally Dorlus, de 41 años, y residente de Margate, y sus cómplices, Marcgenson Marc, de 37 años, y residente de Coconut Creek, Edward Moise, de 45 años, y residente de Coral Springs, y Roberto Geronimo, de 40 años, y residente de Miami Gardens, deberán cumplir diferentes sentencias de cárcel luego que todos se declararon culpables de las acusaciones de estafa.

El viernes, Marc fue sentenciado a un año y tres meses de prisión. Con anterioridad, Dorlus, el cabecilla, había sido sentenciado a cuatro años; Moise fue sentenciado a un año y medio de cárcel; y Geronimo a casi seis años. La condena de Geronimo también incluyó un castigo adicional por haber sido encontrado culpable de narcotráfico.

Según documentos de los delitos cometidos que se presentaron con sus declaraciones de culpabilidad, Dorlus desempeñó un importante papel como preparador de impuestos que, a cambio de sobornos, presentó aproximadamente 170 solicitudes de préstamos fraudulentas al PPP.

Dorlus admitió que se encargó de fabricar la cantidad de empleados, los gastos de nóminas, y los ingresos brutos de las solicitudes para así poder calificar y recibir préstamos que buscaban más de $28 millones para sus compañías y más de otras 100.

En total, los bancos aprobaron 33 de los préstamos, cuya cifra total alcanzó los $5.5 millones. El programa de ayuda de la SBA para el COVID-19 se diseñó para condonar los préstamos, siempre que los negocios utilizaran legítimamente los fondos para mantenerse a flote y pagar los gastos. Como parte de su castigo, a los cuatro acusados se les ordenó devolver el dinero de los préstamos al gobierno de Estados unidos.

En calidad de jefe, Dorlus recibió sobornos que iban desde 12.5 a 25 por ciento de los préstamos del PPP, según la fiscal Stephanie Hauser, de la Fiscalía Federal de EEUU.

Marc trabajó como reclutador para Dorlus, y se repartían algunos de los pagos de los sobornos, según los documentos. A su vez, Marc, reclutó a Moise para que solicitase préstamos fraudulentos al PPP a través de Dorlus y buscara otros solicitantes.

Uno de los solicitantes de Moise fue Geronimo, que en aquellos momentos estaba bajo en libertad bajo fianza en tanto esperaba un juicio por narcotráfico por cargos que se le presentaron en el 2020. Bajo los términos del encausamiento, Geronimo tenía prohibido solicitar un préstamo al PPP. Sin embargo, lo solicitó y recibió un préstamo por $250,000 para su licorería, basado en documentos de impuestos falsos que presentó Dorlus.

Según los documentos, Geronimo pagó el 25 por ciento de los ingresos del préstamo como un soborno que compartieron Dorlus y Marc.

Fue la solicitud falsa de Geronimo al PPP lo que llevó a una investigación más grande por parte de la Agencia de Lucha contra la Droga (DEA) y del Servicio de Rentas Internas (IRS) de todo el esquema fraudulento de Dorlus.

El PPP que en el 2020 aprobó el Congreso como parte de la Ley CARES, se diseñó para ayudar a los negocios que tuvieron que cerrar sus puertas dada la rápida propagación del coronavirus. El gobierno norteamericano, determinado a inyectar cuanto antes dinero a la tambaleante economía, pasó por alto exigencias tradicionales que los bancos que prestan dinero verifican normalmente antes de entregar ningún préstamo, y esa política, según el inspector general de la SBA, condujo a “un nivel sin precedentes de estafa” debido a la falta de controles.

Como capital nacional de la estafa, el sur de la Florida ha encabezado la ola de delitos financieros que siguieron a la aprobación de la Ley CARES Act, dijo la Fiscalía Federal.

Entre los peores delincuentes se encuentra el ex director ejecutivo de TD Bank, Daniel Hernández, que tenía a su cargo la supervisión de 80 empleados en 27 ramas en Miami-Dade.

El trabajo que ocupaba como gerente regional le daba a Hernández la oportunidad de aprovechar el programa de alivio de la SBA, explotando su banco desde adentro, apuntaron las autoridades federales.

En menos de un año, Hernández llenó sus bolsillos de “comisiones” con sobornos, en tanto trabajaba con clientes del TD Bank, un ex empleado del banco y otros asociados para presentar documentos falsificados a nombre de más de 80 préstamos al PPP que sumaban $30 millones, todos garantizados por la SBA. De igual modo, Hernández le indicó a otros involucrados que solicitaran otros $7 millones en beneficios por la pandemia a la SBA a través de su Programa de Préstamos para Desastres Económicos.

En total, Hernández y su ilícita red recibieron más de $17 millones en préstamos fraudulentos que aprobó el TD Bank y uno de sus anteriores compañías, Bank of America, así como el propio SBA, de acuerdo con documentos judiciales.

Hernández, de 50 años, que fue despedido de su empleo en el TD Bank antes de haber sido arrestado en agosto del 2022, se declaró culpable de confabulación para estafar en diciembre, y en la actualidad enfrenta una condena de hasta 10 años de cárcel cuando le llegue en marzo la fecha de su sentencia.

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Traducción de Jorge Posada