La imagen de una mujer con la bandera de México, que representa el emblema del gobierno de Claudia Sheinbaum, recorre las redes sociales, pero intervenida: la mujer aparece cubriéndose el rostro con las manos, la bandera arde en llamas, los colores verde y rojo fueron reemplazados por negro, y la imagen incluye una leyenda: “¡Nos falta Sandra!”.

El autor es Daniel, hermano de Sandra Domínguez Martínez, abogada, defensora mixe de Derechos Humanos en Oaxaca, quien está desaparecida desde hace 10 días.

Su familia, amistades, colegas y comunidad se han organizado para levantar la voz sobre su desaparición y la de su esposo, Alexander Hernández Hernández, y exigir una investigación exhaustiva y dar con su paradero.

“Como dice la diputada Aracely (Cruz), afín a la 4T y amiga de Sandra: ‘No podemos quedarnos con este discurso, porque si Sandra no llegó, entonces no llegaron todas’, tal como fue la consigna de la presidenta Claudia Sheinbaum”, dice Joaquín Galván, también amigo de Sandra y quien trabaja con ella en la defensa de Derechos Humanos.

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Desaparición de Sandra Domínguez en Oaxaca

La última vez que se vio a Sandra y a su pareja fue el 4 de octubre en María Lombardo, en la región de la Cuenca del Papaloapan.

La madre, Marina Martínez, grabó un video en el que pidió a la presidenta, Claudia Sheinbaum, que encuentren a su hija, y este domingo 13, la comunidad San Isidro Huayápam Mixe, de donde Sandra es originaria, se reunió para redactar un pronunciamiento para exigir al gobernador Salomón Jara, a Sheinbaum y la Fiscalía General de la República, la localización de la activista.

“Muy preocupados porque tenemos desaparecida a una hija del pueblo, y obviamente hay reclamos”, dice en entrevista Enrique Reyes Pérez, agente municipal de la comunidad San Isidro Huayápam Mixe.

“Estamos exigiendo, respetuosamente a las autoridades competentes de los tres niveles de gobierno que intensifiquen la búsqueda e investigación y localización de nuestra compañera Sandra”.

La defensora de Derechos Humanos de 38 años de edad se había enfrentado a funcionarios locales en defensa de los derechos humanos y había sido amenazada. 

En los últimos cinco años, denunció la existencia de chats en los que funcionarios del gobierno de Oaxaca y federales compartían fotografías sexuales de mujeres indígenas. Entre los involucrados se encuentra el coordinador de delegados de la Paz Social, Donato Vargas Jiménez.

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Pero también Sandra se ha dedicado a casos de mujeres desaparecidas, junto con Joaquín, como Zayra Leticia Morales Loyola, joven que desapareció en octubre de 2020 en Huajuapan. Ahora, lamenta Joaquín, están usando las herramientas que aplicaron en otros casos, pero en la búsqueda de Sandra.

Sandra también litigó otros casos en Oaxaca, como el feminicidio disfrazado de suicidio de Fanny Guadalupe López Nolasco y el caso de suplantación de identidad de Pijy, una joven indígena que fue violada. De repente, su carpeta de investigación se cerró porque su agresor presentó a otra mujer como víctima para otorgarle el perdón, cuenta Joaquín.

El caso de Sandra es el tercero de una defensora desaparecida en los últimos tres años y medio en Oaxaca, antes fueron Irma Galindo, defensora mixteca de los bosques, desaparecida en octubre de 2021 en la Ciudad de México, y Claudia Uruchurtu, quien en marzo de 2021 fue víctima de desaparición forzada por parte de funcionarios públicos del gobierno municipal de Nochixtlán, Oaxaca, del partido Morena.

El vehículo de Sandra y Alexander, víctimas de desaparición, fue encontrado en Playa Vicente, en Veracruz, un lugar sitiado por el crimen organizado. Por ello, sus familiares y amigos no ven condiciones para realizar sus propias acciones de búsqueda, así que exigen a las autoridades hacer su trabajo, y garantizar la seguridad de las familias.

“Nuestra exigencia, yo con autorización de la familia, es que se solicite la intervención de la Fiscalía General de la República,  y que dentro de las líneas de investigación, no se descarta su actividad como defensora de Derechos Humanos”, dice Joaquín.

El despacho de Sandra, en María Lombardo, sigue operando, y Joaquín considera que la Fiscalía estatal debió de haber sellado ese lugar, revisar las computadoras, los discos duros, los expedientes, y no lo han hecho.  

“Una de las principales denuncias de Sandra fue contra funcionarios estatales vigentes. Entonces, cómo podemos confiar en una institución estatal cuando posiblemente haya conflicto de interés en esta investigación”, señala en entrevista con Animal Político.

“Hace más de dos días, los mismos funcionarios señalados por Sandra la revictimizaron públicamente en una conferencia de prensa de seguridad, imagínate qué grave el asunto”, comenta.

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Donato Vargas estuvo en una conferencia de prensa en Oaxaca y se deslindó de la desaparición de Sandra. Afirmó que las acusaciones relacionadas con el chat que denunció Sandra eran “golpeteo político”.

“Como paisano, como conocido, mi deseo es que aparezca con vida, que esté bien, que haya alguna información a través de sus familiares. Lo tengo que aclarar, no tengo nada, absolutamente nada en contra de ella, no tengo nada en contra de las personas que me señalan, es un tema político, de grilla al que ya me acostumbré porque vengo de la política”, dijo Vargas.

En tanto, el gobierno de Salomón Jara ofreció a la familia una mesa de trabajo con el secretario de gobierno, Jesús Romero López; sin embargo, la familia rechazó esa opción. Afirman que el secretario es muy amigo de los funcionarios denunciados por Sandra Dominguez. La exigencia es que el gobernador atienda directamente el caso.

“Cada caso que Sandra abordó fue con un enfoque sobre violencia sistémica, contra estructuras de poder, ya sea del Estado o del crimen organizado. Entonces, todo es posible. Que pudieran estar involucrados funcionarios del Estado mexicano sí, que pudieran estar involucrados personas del crimen organizado sí, o ambos en una colaboración, sí”, apunta el defensor Joaquín Galván.

Ya la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos llamó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a sumar esfuerzos para localizar a Sandra.

“Sólo así podemos tener la certeza de que tendremos una investigación apegada a su realidad como defensora de Derechos Humanos”, comenta Galván.

“Queremos tener a Sandra trabajando, denunciando, alzando la voz, como siempre lo hizo”, agrega.