Yahoo Noticias Antes que DeSantis pudiera decir que expulsó a los migrantes de Florida, tuvo que pagar el viaje en avión
Documentos publicados esta semana por la empresa de aviación que ayudó a gestionar el programa de reubicación de migrantes de $12 millones de la Florida arrojan nueva luz sobre los tratos entre bastidores cuando la administración del gobernador Ron DeSantis, en colaboración con el proveedor con conexiones políticas, evadió el requisito de que la Florida usara el dinero para sacar a los migrantes de la Florida, no a los que viven en algún otro estado.
Los registros obtenidos por el Centro de Rendición de Cuentas del Gobierno de la Florida muestran, entre otras revelaciones, que el presidente de Vertol Systems Company, Inc., con sede en Destin, no solo estaba en el avión cuando su empresa llevó a los migrantes por avión de Texas a Massachusetts el 14 de septiembre, sino que él y el “zar de la seguridad pública” del gobernador, Larry Keefe, estuvieron íntimamente involucrados en el plan para justificar el uso de los fondos de la Florida para la operación encubierta de Texas.
Los vuelos que llevaban a los inmigrantes desde San Antonio a Martha’s Vineyard hicieron una parada de 30 minutos en la ciudad de Crestview, en el Panhandle. Era un lugar conveniente para Keefe, ex fiscal federal, y su antiguo cliente en la práctica privada, el presidente de Vertol, James Montgomerie, que serían dejados en las cercanías de sus casas.
Pero también sirvió para otro propósito: permitir que los migrantes venezolanos y peruanos recogidos en Texas fueran tratados como si estuvieran radicados en la Florida y, por lo tanto, fueran elegibles para ser transportados por aire bajo el programa secreto.
El hecho de que Vertol trajera primero a los inmigrantes a la Florida —con cargo a los contribuyentes— antes de sacarlos por avión es potencialmente significativo porque las empresas que importan “extranjeros no autorizados” a la Florida tienen prohibido hacer negocios con el estado.
“Extranjeros no autorizados” es un término vago. Los inmigrantes, en su mayoría hombres y mujeres adultos, pero con un puñado de niños pequeños, habían solicitado asilo al entrar en el país, lo que les permite tener un estatus autorizado mientras se revisan sus casos.
Los registros de vuelo son la primera evidencia que demuestra que Montgomerie estaba en el avión corporativo con los migrantes, así como Keefe, quien lideraba la iniciativa, según los registros. Su presencia en San Antonio es digna de mención porque el jefe de Policía del Condado Bexar, que incluye a San Antonio, está llevando a cabo una investigación penal sobre si los migrantes fueron atraídos ilegalmente a los aviones privados con falsas promesas de que les esperaban empleos, viviendas y otros beneficios en su destino.
El jefe de Policía, Javier Salazar, ha dicho que solo los que estaban en tierra en San Antonio son objetivos potenciales de su investigación. No ha nombrado a ningún objetivo, pero ha dicho que ha encontrado “personas de interés”.
El gobernador ha defendido los vuelos, denunciados por sus detractores como una maniobra política para impulsar su posición antes de una campaña anticipada para la nominación presidencial republicana de 2024. Él ha dicho que ponen de relieve una crisis fronteriza que, según él, ha sido ignorada por el presidente Joe Biden y que tiene un impacto directo en la Florida.
Keefe y Montgomerie se han negado a hacer declaraciones.
‘Más preguntas’
Los documentos también revelan otro detalle sobre el alcance y la escala del proyecto del que no se había informado anteriormente.
Acompañaron a los migrantes a Martha’s Vineyard la empleada de Vertol Candice Wahowski y otras tres personas: Michael Basaldu, Eliana Nanclares y Edgar Torres.
Después de dejar a los inmigrantes en el aeropuerto de Vineyard Haven, Wahowski y los otros tres se dirigieron a Atlantic City, según los manifiestos presentados por Vertol. No se proporciona ninguna otra información sobre ellos.
Al igual que Perla Huerta, la ex oficial de contraespionaje del Ejército de Estados Unidos que era la principal encargada de reclutar migrantes para el programa de Vertol, al menos uno de los tres que viajaban en el avión era un militar retirado, según el Ejército. Nanclares se retiró en 2020 como capitán del Ejército.
¿Sabían los funcionarios estatales que el proyecto concebido en secreto, que implicaba múltiples viajes a San Antonio por parte de Keefe y otros, podría no haber cumplido estrictamente con las normas que rigen el fondo de $12 millones? Los documentos muestran que el responsable de compras del Departamento de Transporte de la Florida tenía dudas y preocupaciones.
Vertol exigió que la Florida pagara los vuelos por adelantado. Al principio se resistieron, pero los funcionarios del gobierno estatal acabaron accediendo.
Al final, los contribuyentes de la Florida pagaron por adelantado al menos un vuelo de migrantes que nunca tuvo lugar. Ese vuelo, con destino a Delaware, cerca de la casa de verano del presidente Biden, se canceló en el último momento cuando el Miami Herald y otros medios noticiosos empezaron a investigar el programa y revelaron elementos legalmente cuestionables de su ejecución, y el jefe de Policía anunció su investigación.
Si bien los detalles de los vuelos proporcionan una ventana al proyecto, los documentos más recientes plantean “más preguntas que respuestas”, dijo Michael Barfield, director de Acceso Público del Florida Center for Government Accountability, un organismo de vigilancia de los registros gubernamentales sin fines de lucro y no partidista que obtuvo los registros de Vertol después de presentar una demanda.
“Está claro que existen registros adicionales que no han sido entregados y no entendemos porqué tomaría más de 40 días en entregar el limitado número de registros que hemos recibido”.
La organización ha presentado demandas contra el Departamento de Transporte de la Florida (FDOT), la oficina del gobernador y Vertol por no entregar los registros públicos relacionados con los vuelos. El Miami Herald y otras organizaciones de noticias han buscado documentos similares a través de solicitudes de registros públicos.
Hasta ahora Vertol ha recibido $1.56 millones por el programa de reubicación de migrantes y solo ha completado uno de los tres vuelos que acordó inicialmente. Como resultado, el costo por migrante transportado hasta ahora asciende a unos $32,000 por persona, cifra que incluye las estancias de hotel, el transporte terrestre en Texas y otros costos.
Justificación de la misión
Los documentos muestran que el precio del proyecto no solo creció, sino que los funcionarios estatales sabían que había reglas y que debían actuar cuidadosamente.
El lenguaje críptico usado por los funcionarios de adquisiciones del estado sugiere que eran conscientes de que los migrantes podrían haber tenido que ser transportados en avión a la Florida para que luego pudieran calificarse como migrantes en la Florida elegibles para ser enviados.
En un correo electrónico del 2 de septiembre facilitado por Vertol —y no presentado previamente por el estado— el agente de compras del FDOT Paul Baker escribió a Montgomerie: “Como seguimiento a su respuesta inicial a la solicitud de presupuestos (RFQ) del FDOT para el transporte y los servicios relacionados con la implementación de un programa que facilite el transporte de ‘extranjeros no autorizados’ desde la Florida de acuerdo con la ley federal y estatal, ¿podría proporcionar una propuesta más detallada de las opciones de transporte aéreo?…”.
Baker luego enfatizó: “Dado que los vuelos desde la Florida pueden incluir pasajeros procedentes de dentro o fuera de la Florida, cualquier información sobre precios debería incluir, además del transporte aéreo desde la Florida, cualquier transporte aéreo o terrestre y los servicios relacionados necesarios para facilitar dicho transporte desde la Florida”.
Los legisladores reservaron este año $12 millones para sacar a los “extranjeros no autorizados” del estado de la Florida, no a los solicitantes de asilo que viven en otros estados como Texas.
Montgomerie respondió a Baker con una propuesta de dos páginas para “la reubicación de las personas en el estado de Massachusetts u otro estado del noreste próximo designado por el FDOT”. Dijo que el costo actualizado ya no era de $485,000, sino que estaría entre $445,000 y $525,000.
“Por favor, póngase en contacto conmigo directamente si tiene más preguntas”, escribió.
Montgomerie no proporcionó ningún desglose del costo del transporte terrestre en la Florida. No era necesario. Los emigrantes de los vuelos dijeron al Herald que, aunque aterrizaron en Crestview, nunca pisaron el estado.
A continuación, Baker pidió a Vertol que modificara su acuerdo con el estado porque este no aceptaba pagar por adelantado los vuelos.
“Por favor, elimine el siguiente texto: no podemos pagar antes que se presten los servicios”, respondió Baker.
Montgomerie respondió minutos después: “Como la mayoría de las compañías aéreas, no solemos ofrecer crédito. Los costos de la operación son simplemente demasiado elevados”, dijo.
Sin dar explicaciones, Baker dio marcha atrás y solicitó al director financiero Jimmy Patronis la aprobación por la vía rápida del pago por adelantado, con un costo superior al que incluso Vertol había calculado.
El 9 de septiembre, Vertol recibió $615,000 por dos vuelos del 14 de septiembre con destino a Martha’s Vineyard, y el 19 de septiembre, la compañía recibió otros $950,000 por el vuelo de Delaware que fue abortado abruptamente ese mismo día.
El portavoz del FDOT, Michael D. Williams, no quiso ofrecer una explicación el martes sobre el cambio de opinión de Baker, excepto para decir: “Los pagos por adelantado de los servicios contratados están permitidos por la ley de la Florida”.
Aumento de los costos
El 15 de septiembre, un día después de las excursiones a Martha’s Vineyard, Vertol ofreció una nueva propuesta, según muestran los documentos. El costo de la operación seguía aumentando.
Montgomerie envió un correo electrónico a Baker, diciendo que la misión de “Servicios Humanitarios propuestos” implicaría el Proyecto 2 - “la reubicación de hasta cincuenta (50) personas en el estado de Delaware u otro estado cercano del noreste designado por el FDOT” y el Proyecto 3 - “la reubicación de hasta cincuenta (50) personas en el estado de Illinois u otro estado cercano del noreste designado por el FDOT”. El costo total para los contribuyentes de la Florida: $950,000, es decir, unos $6,300 por migrante, lo que incluye el costo de habitaciones de hotel, comidas y transporte terrestre en Texas.
Esos vuelos nunca ocurrieron.
Williams tampoco quiso responder porqué el estado no ha pedido a Vertol que devuelva parte o la totalidad de los $950,000 pagados por los vuelos abortados a Delaware e Illinois. No quiso responder cómo llegó el estado al costo por persona de los vuelos, diciendo que podría estar relacionado con un litigio pendiente.
“Lo que esto me dice es que a James Montgomerie se le dijo que podía cobrar lo que le diera la gana”, dijo el senador Jason Pizzo, un demócrata de Miami que ha demandado al estado a título particular.
Pizzo está pidiendo a la corte que suspenda los vuelos de migrantes por violar el estatuto que autoriza los $12 millones para transportar “extranjeros no autorizados” de la Florida.
Desafíos jurídicos
DeSantis enfrenta varios desafíos jurídicos relacionados con el vuelo, lo que podría estar obstaculizando la iniciativa.
Además de la demanda que busca registros y la demanda de Pizzo que pide a un tribunal que detenga el proyecto, hay una demanda federal colectiva pendiente en Massachusetts de los migrantes en los vuelos de Martha’s Vineyard, que afirman que se violaron sus derechos civiles.
Los documentos de Vertol también muestran que las demandas pueden haber llevado al estado a revisar discretamente su forma de gestionar los futuros vuelos.
El 8 de octubre, después que se presentaron las demandas en Massachusetts y la Florida, Montgomerie firmó un formulario creado por el estado que certifica que Vertol Systems Company, Inc. no transportará “a ninguna persona a este estado sabiendo que es un extranjero no autorizado, excepto para facilitar la detención, expulsión o salida de la persona de este estado o de Estados Unidos”.
El estado parece haber creado el formulario después de que la demanda de Pizzo señalara que la política parece incumplir una ley estatal aprobada el año pasado que prohíbe a la Florida celebrar un contrato “con un transportista común o contratado si el transportista está proporcionando intencionadamente cualquier servicio para promover el transporte de una persona al Estado de la Florida a sabiendas de que la persona es un extranjero no autorizado”.
La ley estatal define “’extranjero no autorizado’ como una persona que está ilegalmente en Estados Unidos según los términos de la Ley federal de Inmigración y Nacionalidad”. Pero, según la documentación entregada a los migrantes venezolanos por la Seguridad Nacional, e incluida en los documentos suministrados por Vertol, los migrantes venezolanos estaban autorizados a estar en el país como solicitantes de asilo.
Pizzo cree que la falta de claridad y transparencia es una prueba más de que el estado se está saltando su propia ley.
“El FDOT no tiene autoridad para renunciar a un estatuto estatal en favor de un proveedor”, dijo, y añadió que solo el gobernador en una situación de emergencia puede renunciar a un requisito como ese.
Pizzo disputa el argumento de que el estado está autorizado a transportar migrantes si es “para la detención, salida o expulsión” de un inmigrante no autorizado.
“Cada uno de esos términos tiene un significado legal en la ley federal de inmigración, pero el estado no tiene autoridad independiente para aplicarlo”, dijo. “Todas estas palabras están tomadas de los estatutos federales. Todas tienen definiciones de lo que significan. Y ninguna incluye la autoridad de un estado, a menos que y en concierto con la ayuda mutua con el gobierno federal. Se puede jugar a policías y ladrones, pero no se puede jugar a las fuerzas del orden federales”.
Williams no describió el procedimiento usado por Vertol para determinar que las personas eran “extranjeros no autorizados”.
Documentos perdidos
También falta en los documentos cualquier correspondencia o contrato con Ultimate JetCharters, la empresa de jets privados con sede en Ohio que llevó a los inmigrantes a Martha’s Vineyard, y que Vertol está obligada a proporcionar en virtud de su contrato con el estado.
El estado tiene hasta el lunes para responder en el caso Pizzo. Se ha programado una vista para el 14 de noviembre y el juicio está fijado para el 21 de noviembre.
El Center for Government Accountability también ha pedido todos los mensajes de texto entre Vertol y Keefe y cualquier otro funcionario de la administración DeSantis, y cualquier registro telefónico relacionado con el proyecto. El abogado de la empresa, Aaron McCurdy, dijo que tendría que cobrar $7,500 por los registros porque Vertol tendría que contratar a un proveedor externo para tachar la información sensible.
El Center for Government Accountability está cuestionando la tarifa, dijo Barfield. Señala que Montgomerie firmó un contrato con el estado que decía que Vertol “transferiría, sin costo alguno, a la agencia pública todos los registros públicos en posesión del contratista o guardaría y mantendría los registros públicos requeridos por la agencia pública para llevar a cabo el servicio”.
El juez del Tribunal de Circuito del Condado León J. Lee Marsh ordenó la semana pasada a la oficina del gobernador que entregara sus mensajes de texto y registros telefónicos antes del 14 de noviembre. El lunes, el estado apeló la orden.
Los periodistas del Miami Herald Nicholas Nehamas, Ana Claudia Chacin, Michael Wilner y Sarah Blaskey y el reportero del Tampa Bay Times Lawrence Mower contribuyeron a este artículo.
