DeSantis gasta millones en una base en los Cayos, preparándose para una ola de migrantes que no llega

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El puesto de avanzada más al sur en la batalla de Ron DeSantis contra la inmigración ilegal permanece en guardia junto a la Overseas Highway, a la espera de una ola de inmigrantes que no se ha materializado.

Durante más de un año, pilotos y capitanes de barco han ido y venido desde una pequeña red de remolques con aire acondicionado en los Cayos de la Florida, llevando a cabo misiones en el agua y en el cielo en busca de migrantes cubanos y haitianos lo suficientemente desesperados como para cruzar el Estrecho de la Florida.

Con un costo de unos $20 millones y en ascenso, el campamento base improvisado —erigido en Plantation Key a principios del año pasado después que DeSantis declaró un estado de emergencia por la inmigración ilegal— se ha convertido en una de las iniciativas más caras de la campaña del gobernador para mantener a los inmigrantes indocumentados fuera del estado. DeSantis dijo que también está entre sus más exitosas.

“Creo que el mensaje es que lo último que quiere hacer es subirse a algún barco y pensar que va a pasar al lado de cualquiera de estas islas y venir al estado de la Florida”, dijo DeSantis a los periodistas en marzo.

Pero un examen más detallado de los datos federales y los propios registros del estado plantean dudas sobre si el sitio —dirigido por un contratista de gestión de desastres con conexiones políticas— se estableció para enfrentar un problema que se disipó casi tan pronto como los generadores empezaron a funcionar.

Las cifras que manejan el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) y la Guardia Costera muestran que la avalancha de embarcaciones que desbordó los Cayos a principios de 2023 se había reducido a un goteo relativo justo cuando la administración de DeSantis llegó a un acuerdo sin licitación con el contratista Ashbritt, con sede en Deerfield Beach, para instalar remolques, duchas, baños y un comedor para los agentes de la ley de la Florida.

En enero de 2023, los datos federales muestran que hubo 1,357 encuentros con migrantes que viajaron por mar y consiguieron tocar tierra en la Florida. Esas cifras descendieron casi 80% al mes siguiente y se han mantenido así. En lo que va de año ha habido un promedio de 126 encuentros con inmigrantes al mes en el sector de Miami, la designación de CBP para las operaciones a lo largo de la mayor parte de la costa de la Florida.

DeSantis y funcionarios estatales han atribuido la caída a los barcos, aviones y personal del estado desplegados en la costa, diciendo que han ayudado a los funcionarios federales de inmigración a interceptar a los migrantes de manera más eficiente. En marzo, el gobernador dijo que los esfuerzos del estado desde enero del año pasado habían llevado a la interdicción de 670 embarcaciones que transportaban a más de 13,500 migrantes.

“Tenemos una increíble cantidad de recursos que ahora están a la vista para poder prevenir [la inmigración ilegal]”, dijo DeSantis en marzo. “Los guardacostas en general hacen un buen trabajo, pero carecen de personal suficiente [...]. Estamos llenando esos vacíos”.

Marnie Villanueva, portavoz de la División de Gestión de Emergencias (DEM), que coordina los esfuerzos estatales de aplicación de la ley de inmigración en los Cayos, dijo que los esfuerzos del estado le han permitido a la Guardia Costera “patrullar aguas más profundas e interceptar un gran número de embarcaciones ilegales pronto”.

Pero los funcionarios de la Guardia Costera y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) niegan que el puesto avanzado de la Florida haya supuesto una diferencia material.

La oficina del gobernador no ha podido o no ha querido mostrar cómo DeSantis llegó a las cifras que resulta que son mayores que las propias estadísticas del gobierno federal de seguimiento de los encuentros de migrantes a través de una vasta franja de océano. Funcionarios de la Guardia Costera dijeron que, entre enero de 2023 y finales del mes pasado, las tripulaciones de la Guardia Costera hicieron 9,911 repatriaciones en el mar en toda la región, que abarca desde el Estrecho de la Florida hasta las aguas de Puerto Rico y el Paso de la Mona a La Española, donde los funcionarios de la Florida no prestan asistencia en las operaciones federales.

“La llegada de indocumentados a través del Caribe siguen siendo baja”, le dijo un funcionario de la Guardia Costera a McClatchy y a Herald/Times la semana pasada.

El descenso de la llegada de inmigrantes coincidió también con la puesta en marcha de un nuevo programa federal de libertad condicional para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que penalizaba a los nacionales de esos países que cruzaran ilegalmente a Estados Unidos, al tiempo que les ofrecía una nueva vía legal de entrada. Los cruces terrestres y marítimos se redujeron a través de la frontera sur de Estados Unidos luego de la entrada en vigor del programa.

Pocos ejemplos del impacto

En los últimos años, DeSantis ha gastado millones en iniciativas para enfrentar lo que él llama una emergencia de inmigración, incluido el envío de la Guardia Nacional de la Florida, policías estatales y la Guardia Estatal de la Florida a la frontera de Texas. Más prominentemente, la Legislatura de la Florida creó un programa de $12 millones para permitir a DeSantis sacar a los inmigrantes indocumentados de la Florida, solo para cambiar la ley y permitir al gobernador libertad de acción fuera de las líneas estatales después que su administración dijo que tenía problemas para encontrar migrantes en el estado y tuviera que buscarlos en Texas.

En los Cayos, DeSantis ha enviado a la Guardia Estatal, personal policial de la FWC en el agua, pilotos de la Policía Estatal de la Florida (FDLE) para misiones de reconocimiento desde el aire y policías de la Patrulla de Carreteras de Florida con drones para vigilar el área.

La administración DeSantis se negó a responder repetidas preguntas sobre el personal en el sitio, incluyendo cuántas personas están actualmente en el campamento y si este estaba a capacidad cada mes.

La administración tampoco proporcionó detalles sobre el número de interceptaciones que el personal ha llevado a cabo desde que se instaló el campamento. En comparación, la oficina del gobernador en 2021 proporcionó cifras detalladas sobre los encuentros y detenciones penales del personal del estado durante su estancia en la frontera de Texas.

Al menos un funcionario local, el principal agente de la ley de los Cayos, el jefe de policía del Condado Monroe, Rick Ramsay, dijo que está “encantado” de tener los recursos estatales trabajando en la zona.

Ramsay, un crítico del gobierno estatal y federal cuando los desembarcos de migrantes se estaban convirtiendo en algo cotidiano a finales de 2022 y principios de 2023, cree que los esfuerzos han disuadido a los migrantes de llegar a las costas de la Florida. Cuando eso ocurre, a veces se pide a sus ayudantes que se queden con los migrantes recién llegados hasta que los funcionarios federales puedan ponerlos bajo custodia.

Ramsay dijo en una entrevista que los recursos del estado han “aliviado la carga de la policía para que podamos centrarnos en la investigación y la prevención de la delincuencia”.

El estado, sin embargo, solo proporcionó tres ejemplos de los contactos de su personal con embarcaciones de migrantes. Dos de ellos fueron en los Cayos, con un yate de 60 pies que transportaba a unos 30 haitianos y un remolcador cubano que transportaba a 16 personas, que finalmente fueron repatriadas. La tercera fue en la zona central de la Florida, 200 millas al norte de los Cayos, y en ella se vieron implicados inmigrantes indocumentados, armas de fuego, equipos de visión nocturna y drogas.

DeSantis reconoció que la ola de inmigrantes que esperaba el estado no ha llegado, aunque asegura que se debe a los esfuerzos del estado.

“No hemos visto un gran repunte de embarcaciones procedentes de Haití, contra las que estamos en guardia”, dijo DeSantis en abril, cuando las pandillas atacaron las principales instituciones de Haití y muchos haitianos desesperados huyeron del país. “Tenemos muchas flotillas ayudando a que eso no ocurra y creo que hasta ahora ha tenido éxito”.

La mayoría de las veces, los pilotos y capitanes de barco de la Florida están ayudando a las autoridades federales, algo que la Florida lleva décadas haciendo. Al menos una agencia involucrada en la operación de inmigración, la FWC, dijo que no hace un seguimiento del número de veces en el que los agentes llegan al lugar de un incidente para ayudar a otras agencias.

Una emergencia de inmigración

La declaración de emergencia de 2023 de DeSantis, aún vigente, le permitió a su administración firmar rápidamente y sin licitaciones un contrato para abrir el sitio con Ashbritt, una empresa de gestión de desastres con conexiones políticas conocida por anotarse grandes trabajos gubernamentales después de desastres naturales, incluso después del huracán Irma en 2017.

Los documentos muestran que la compañía le dijo al estado que podría erigir una base completamente operativa para 100 personas en 72 horas y rápidamente se puso a disposición un sitio en terrenos baldíos en Islamorada propiedad de una corporación de la Florida que, a su vez, enumera al cofundador de la compañía como su principal funcionario.

Una vez alcanzado el acuerdo, la administración DeSantis le pagó a Ashbritt $2.1 millones y se instaló en Plantation Key un emplazamiento capaz de alojar a 100 miembros del personal estatal en remolques blancos con aire acondicionado. Cada mes, el estado ha optado por mantener el acuerdo, aunque las órdenes de compra muestran que el costo mensual se ha reducido a medida que disminuía el personal.

El cierre del centro también es una opción, aunque hasta ahora el estado ha mantenido el acuerdo.

“Podemos reducir el servicio mañana mismo”, dijeron los responsables de Ashbritt en su correspondencia con el estado. “Por favor, avísennos”.

Ashbritt le remitió las preguntas a la administración DeSantis.

Una empresa con aliados cercanos

Aunque Ashbritt es conocida sobre todo por la retirada de escombros tras catástrofes naturales, la empresa ha estado metiendo los pies en el sector de la inmigración.

En 2022, Ashbritt fue contratada para construir un muro improvisado a lo largo de la frontera entre Arizona y México con contenedores de transporte y vallas industriales. El objetivo era frenar “la llegada de migrantes que cruzan ilegalmente la frontera”. Más tarde, Ashbritt fue contratada para derribar el mismo muro para cuya construcción había sido contratada.

Este contrato se firmó después que el cofundador de Ashbritt, Randal Perkins, tuvo que pagar una multa de $125,000 a la Comisión Federal Electoral (FEC) para resolver las acusaciones de que la empresa hizo una contribución ilegal de $500,000 a un superPAC que apoyaba a Trump en 2018. AshBritt dijo que el pago se había cargado internamente a una cuenta personal que la compañía mantiene para Perkins, según muestran los registros. La Comisión falló que la infracción de la compañía no fue consciente o intencional.

Ashbritt también tiene estrechos vínculos con la administración DeSantis y el gobernador.

El representante federal y demócrata Jared Moskowitz fue ex asesor general de Ashbritt antes que DeSantis lo eligiera director estatal de la DEM en 2018. Holly Raschein, ex legisladora republicana que DeSantis nombró para la Junta de Comisionados del Condado Monroe en septiembre de 2021, es la directora de relaciones gubernamentales de la compañía. Sara Perkins, quien trabajó en el equipo de transición de DeSantis, es la vicepresidenta de asuntos comerciales de la empresa.

Los ejecutivos de Ashbritt también ayudaron a impulsar los esfuerzos de recaudación de fondos de DeSantis el año pasado, cuando su campaña presidencial se estaba quedando sin efectivo y después de que la campaña anunciara que estaba despidiendo a más de un tercio de su personal.

Los archivos federales de campaña muestran que a finales de septiembre cinco ejecutivos de la empresa donaron cada uno $3,300 —la cantidad máxima permitida durante unas primarias— tanto a la campaña presidencial de DeSantis como a un comité de acción política asociado, por un total combinado de $33,000.

En el momento de esas donaciones, Ashbritt llevaba meses en su acuerdo con el estado para alojar al personal estatal que respondía a la inmigración en los Cayos.

Meses más tarde, el zumbido de los remolques alimentados por generador continúa y no hay nada que sugiera que el estado tenga la intención de cerrarlo en breve.

“La Florida continuará dedicando personal y recursos para proteger al estado de la inmigración ilegal y mantener la ley y el orden para la seguridad de los habitantes”, dijo Villanueva, portavoz de la DEM, en un comunicado.

David Goodhue, periodista de Miami Herald, contribuyó a este reporte.