DeSantis anuncia propuesta legislativa con medidas más severas contra inmigración ilegal

Una amplia propuesta legislativa para endurecer las sanciones por tráfico de personas, impedir la emisión de tarjetas de identidad a inmigrantes indocumentados y eliminar exenciones de matrícula a estudiantes sin papeles, entre otras restricciones, fue anunciada por el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, este jueves.

DeSantis detalló la propuesta en una conferencia de prensa en Jacksonville donde habló de la importancia de tomar medidas contra lo que calificó como las “crecientes amenazas que plantea la inmigración ilegal como resultado del fracaso de la administración Biden para asegurar las fronteras de nuestra nación”.

“Con esta legislación, Florida continúa tomando medidas enérgicas contra el contrabando de extranjeros indocumentados, impidiendo que los condados emitan tarjetas de identificación a las personas que están aquí ilegalmente y asegurando que los empleadores contraten a ciudadanos estadounidenses o a los que están aquí legalmente”, dijo el gobernador.

Enfatizó que “Florida es un estado de orden público, y no vamos a cerrar los ojos ante los peligros de la crisis fronteriza de Biden. Continuaremos tomando medidas para proteger a los floridanos de las imprudentes políticas federales de frontera abierta”.

La propuesta también invalida todas las licencias de otros estados para extranjeros no autorizados, requiere que aquellos que se registren para votar afirmen que son ciudadanos de Estados Unidos y residentes legales de la Florida, evita que los inmigrantes no autorizados sean admitidos para ejercer la abogacía y elimina exenciones de cuotas de matrícula para estudiantes inmigrantes indocumentados.

Otra de las medidas es requerir que los hospitales recopilen datos sobre el estado migratorio de los pacientes y los costos para brindar atención a los extranjeros indocumentados y que informen periódicamente los datos al gobernador y a la Asamblea Legislativa estatal.

Durante el año fiscal 2021-22, los costos de atención médica para inmigrantes indocumentados en la Florida fueron de casi $340 millones y los contribuyentes pagaron más de dos tercios de este costo, según cifras de la Gobernación.

Contrabando de personas

En cuanto a incrementar las penas por contrabando de personas se indicó que transportar, esconder o albergar a un migrante sería un delito de tercer grado castigado con hasta cinco años de cárcel, una multa de $5,000 y cinco años de libertad supervisada.

Y convertirlo en un delito de segundo grado, con penas de hasta 15 años de prisión y una multa de $10,000 si el migrante es menor de 18 años de edad.

Especificar que una persona comete un delito separado por cada persona transportada, oculta o albergada y permitir que las personas transportadas sean detenidas por las fuerzas del orden público como testigos materiales.

“El contrabando de personas, el tráfico de drogas y una serie de otras actividades delictivas se están extendiendo constantemente a través de la frontera sur y hacia nuestro estado, ya que los malos actores buscan explotar la riqueza y las libertades ganadas con tanto esfuerzo de nuestros ciudadanos para obtener ganancias delictivas”, dijo el comisionado del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida, Mark Glass.

El senador estatal republicano Blaise Ingoglia expresó que la crisis fronteriza que está experimentando EEUU es el “resultado directo de que el gobierno federal se niega a hacer cumplir las leyes de inmigración. El problema es tan grave que el gobierno federal debería declararse su propia zona de desastre”.

“Es imprudente y una abominación, y nuestro Gobernador no se quedará de brazos cruzados mientras esta agenda de fronteras abiertas continúa apoderándose de nuestras familias, amigos y nuestras comunidades. De hecho, impulsará audazmente a la Florida como modelo por el cual otros estados deberían luchar contra la inmigración ilegal”, manifestó el legislador.

La propuesta de DeSantis se suma a otras medidas tomadas por él contra la inmigración ilegal como una orden ejecutiva que prohíbe que las agencias estatales brinden apoyo para el reasentamiento de migrantes indocumentados en la Florida y prohíbe la concesión de licencias a instalaciones que albergan a menores no acompañados.

También asegura $12 millones para facilitar el transporte de inmigrantes indocumentados a Martha’s Vineyard y otros estados santuario, “llevando la crisis fronteriza a las comunidades que apoyan las políticas de fronteras abiertas de Biden”.

Y la más reciente, demandar a la administración de Biden por lo que consideró “su política ilegal de atrapar y liberar” cuando anunció planes para poner fin al Título 42, afirmando “ridículamente que las restricciones pandémicas y las ‘medidas de emergencia’ todavía se requerían a nivel nacional mientras intentaba acabar con las medidas pandémicas en la frontera”.