DeSantis alabó acción policial contra inmigrantes ilegales. La mayoría de los arrestados eran residentes legales

Dentro de una sala repleta en la oficina de la Policía del Condado Escambia en junio, el gobernador Ron DeSantis habló sobre las muchas maneras en que su administración está tratando de “mantener a los ilegales fuera de la Florida” en respuesta a las políticas de inmigración del presidente Joe Biden.

Destacó una operación policial dirigida por el estado, entre el 7 y el 9 de junio en cuatro condados del noroeste de la Florida. Al hablar de resultados, el mensaje del gobernador fue inequívoco: El estado estaba haciendo su parte para combatir la inmigración ilegal porque había detenido a varios “extranjeros ilegales”.

“Pudieron atrapar a estos extranjeros ilegales y suficiente fentanilo para matar a 2,000 persona”, dijo DeSantis en la conferencia de prensa en Pensacola.

Lo que DeSantis no mencionó es que la gran mayoría de los 22 arrestos no estuvieron relacionadas con la inmigración, sino que fueron hombres y mujeres que viven legalmente en el país. DeSantis también insinuó que los inmigrantes indocumentados habían sido arrestados por delitos relacionados con drogas, cuando ninguno lo fue, según los registros de los arrestos proporcionados por la Patrulla de Carreteras de la Florida (FHP) y dos de las cuatro oficinas de Policía que participaron en el esfuerzo del estado.

Una revisión de los registros muestra que siete inmigrantes indocumentados fueron arrestados después que las autoridades los detuvieron por infracciones de tráfico, como conducir demasiado despacio, tener los cristales excesivamente polarizados y tener registros vehiculares falsificados. Fueron arrestados bajo la sospecha de contrabando de personas cuando las autoridades descubrieron que estaban en el país ilegalmente y cruzaban las fronteras estatales. Los agentes de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) no han respondido a una solicitud de información sobre esas siete detenciones y la situación migratoria de esas personas.

Uno de los arrestados era buscado en El Salvador, su país natal, por robo y confabulación para robar, según los registros. El reporte policial dice que su familia había acordado pagar a alguien $3,500 para que lo llevara desde Texas, donde entró ilegalmente al país, hasta Miami. DeSantis hizo hincapié en los detalles de ese arresto durante la conferencia de prensa.

El gobernador no llamó la atención sobre los delitos cometidos por las 15 personas que fueron arrestadas y que eran residentes legales, a pesar de que estaban acusados de posesión de fentanilo, metanfetamina, buscados por robo mayor con un arma de fuego o buscados por cargos de agresión doméstica en otras partes del estado.

Los comentarios ilustraron el peso político que DeSantis está dando al tema de la inmigración. El gobernador se ha postulado a la reelección y es ampliamente considerado un contendiente de fuerza para desafiar a Donald Trump por la nominación del Partido Republicano en 2024.

En la conferencia de prensa, por ejemplo, enfatizó en que la Florida estaba adoptando medidas contra la inmigración porque la política federal estaba perjudicando a personas “inocentes” en el estado.

“No dejen que nadie les diga que las únicas personas afectadas por la inmigración ilegal son las de las ciudades fronterizas. Eso no es cierto”, dijo DeSantis.

DeSantis se opone a las políticas de Biden

Desde que asumió el cargo en 2019, DeSantis ha impulsado medidas alineadas con una plataforma de inmigración intransigente. Ha bloqueado a las llamadas ciudades santuario en la Florida y ha exigido a los empleadores del gobierno y a algunas empresas privadas que usen un sistema federal llamado E-Verify para comprobar el estatus migratorio de los trabajadores (y se enfrentó a las críticas de algunos conservadores por no hacer lo suficiente).

En los últimos dos años, el gobernador aceptó gastar al menos $1.6 millones para enviar agentes de la ley estatales a la frontera sur de Texas, adoptó medidas enérgicas contra los refugios de la Florida que cuidan niños inmigrantes y pidió a la Corte Suprema de la Florida que aprobara una solicitud para que un jurado de instrucción estatal investigara los delitos relacionados con la inmigración como el contrabando de niños indocumentados. Y lanzó la operación de fuerza de choque, que forma parte de un esfuerzo partidista más amplio promovido por la Asociación de Gobernadores Republicanos (RGA).

Larry Keefe, asesor principal del gobernador para la seguridad pública, dijo que la misión en el noroeste de la Florida será “revisada, refinada y replicada en todo el estado”.

Los planes para ampliar la fuerza de choque, bajo la dirección del gobernador, se están ejecutando para “proteger a la Florida del tipo de delincuencia que es causado por la inmigración masiva ilegal”, dijo Keefe en la conferencia de prensa.

Un mes más tarde, la oficina del gobernador está hablando de la misión de la fuerza de choque más ampliamente, no solo en el contexto de la inmigración.

“Para ser claros, el programa de interdicción está diseñado para mantener la seguridad de las comunidades y las familias de la Florida, atrapar y prevenir el contrabando de drogas, el tráfico de personas, el contrabando humano y el transporte ilegal de armas de fuego. Cualquier individuo sospechoso de estos delitos —ya sean extranjeros ilegales, residentes legales o ciudadanos estadounidenses— será detenido por las fuerzas del orden”, dijo la directora de Comunicaciones de DeSantis, Taryn Fenske, en una declaración por correo electrónico.

En la conferencia de prensa de junio, que incluyó un cartel que decía “La crisis fronteriza de Biden”, DeSantis dijo que el esfuerzo era para “interceptar el contrabando de drogas ilegales, el tráfico de personas, así como a los ilegales que llevan ilegalmente armas de fuego en todo el estado de la Florida”.

La agenda de los gobernadores republicanos

Cuando se le pidió más información sobre los planes, la Policía Estatal de la Florida (FDLE) citó un comunicado de prensa de la Asociación de Gobernadores Republicanos del 19 de abril. El objetivo de la operación, según la RGA, era “desbaratar y desmantelar las organizaciones delictivas transnacionales que se aprovechan del caos que Joe Biden ha creado en la frontera sur”.

Cuando se le preguntó si la fuerza de choque se formó en respuesta al esfuerzo de la RGA, Fenske dijo que la administración citó a la organización partidista para proporcionar “antecedentes adicionales con respecto a esfuerzos de fuerzas de choque similares en otros estados para enmarcar mejor este artículo” del Herald/Times.

“Insinuar que enviar un enlace con detalles para que sea útil es ‘político’ es la razón por la que es difícil trabajar con el Miami Herald”, dijo Fenske.

Cuando se le preguntó porqué DeSantis solo se centró en los arrestos relacionados con inmigración, y no en los amplios resultados de la operación, la secretaria de Prensa de DeSantis, Christina Pushaw, dijo que los comentarios del gobernador “se basaron en fuentes policiales”.

Dos de las cuatro oficinas de Policía a las que se les pidió que participaran en la fuerza de choque dirigida por el estado tenían la impresión de que la operación estaba diseñada en general para atacar a los traficantes de personas y otros delitos, no solo la inmigración ilegal como sugirió DeSantis.

“Nuestro objetivo era encontrar infracciones penales y hacerlas cumplir. Ese era nuestro objetivo”, dijo Corey Dobridnia, un portavoz de la Policía del Condado Walton. “La actividad delictiva no conoce raza, color o género. Estamos aquí para hacer cumplir la ley y hacer que nuestras comunidades sean más seguras”.

La portavoz de la Policía de Okaloosa, Michele Nicholson, dijo que los agentes estaban centrados en “confiscar vehículos robados, cargamentos, identificar a los traficantes de personas, arrestar a los fugitivos y ese tipo de cosas” y dijo que la oficina desconocía el estatus de ciudadanía de los arrestados en el condado.

Las otras dos oficinas de Policía —Santa Rosa y Escambia— remitieron todas las preguntas a la FHP y declinaron hacer comentarios sobre sus esfuerzos.