El sospechoso del asesinato en la Universidad de Georgia y su oscuro recorrido por varios estados

José Antonio Ibarra, el hombre acusado del asesinato de una estudiante de enfermería del campus de la Universidad de Georgia, migró de Venezuela; fue arrestado cuando cruzó la frontera de manera ilegal cerca de El Paso, Texas, en septiembre de 2022 y de ahí se fue a Nueva York.

Además del arresto en la frontera, recibió citatorios por dos delitos no violentos antes de que Laken Riley, una estudiante de enfermería de 22 años de la Universidad de Augusta, muriera por golpes en la cabeza con un objeto contundente el pasado jueves en una pista de atletismo de la Universidad de Georgia.

Ibarra, de 26 años, vivía en un modesto complejo de apartamentos lleno de inmigrantes de todo el mundo que trabajaban en plantas avícolas, restaurantes de comida rápida y obras de construcción en Athens, Georgia, y sus alrededores.

Su vida nómada era, en cierto modo, un viaje familiar hasta que se convirtió en uno muy poco familiar, cuando el pasado viernes fue acusado del asesinato de Riley y se vio inmerso en las furiosas corrientes de las amargas divisiones de la nación respecto a la inmigración.

Ahora enfrenta acusaciones de asesinato, agresión agravada, detención ilegal, obstaculización de una llamada al 911 y ocultamiento de la muerte de otra persona. Sonny Wilson, médico forense del condado de Clarke, declaró en sus conclusiones preliminares que la causa de la muerte de Riley fue un traumatismo craneoencefálico por objeto contundente. Es posible que los resultados completos de la autopsia no estén disponibles sino hasta dentro de unas semanas.

Según funcionarios federales, Ibarra fue detenido tras cruzar la frontera, pero poco después fue liberado con un permiso temporal para permanecer en el país.

Esa liberación, o permiso temporal de permanencia, era una práctica que el gobierno de Biden utilizaba cuando los funcionarios se veían desbordados por el elevado número de cruces. Esta práctica terminó unos seis meses después.

Era habitual que muchos venezolanos fueran liberados con permiso para permanecer en el país de manera temporal porque no podían ser repatriados a su país debido a las tensas relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela. Alrededor de 6 millones de venezolanos han huido de su atribulado país, el mayor desplazamiento de población de la historia moderna de América Latina.

Después, Ibarra se fue a la ciudad de Nueva York, donde tuvo un pequeño roce con la policía. En agosto fue detenido por conducir un escúter sin licencia y con un menor que no usaba casco.

No fue a juicio ni se le encarceló. Los registros del caso están sellados y no está claro si, a falta de lo anterior, se le expidió un citatorio judicial o se le impuso una multa por infracción de tránsito.

Acabó mudándose a un complejo de apartamentos de Athens situado a poca distancia del lugar donde se encontró el cadáver de Riley, pero parece estar a mundos de distancia de sus residentes.

El complejo de apartamentos cuenta con una comunidad diversa de inmigrantes de clase trabajadora de diversos orígenes latinos y asiáticos: venezolanos, pero también chinos e indios.

Los residentes de la zona han manifestado su preocupación por cómo afectará este caso a sus vecinos que viven en el país sin permiso legal.

Un residente del complejo de apartamentos dijo que el hermano de Ibarra, Diego Ibarra, de 29 años, se había mudado alrededor de mayo. Diego fue contratado como lavaplatos en la Universidad de Georgia a principios de febrero antes de ser despedido tras presentar una tarjeta de residencia falsa y no presentar más documentación, según un vocero de la universidad.

Diego Ibarra fue acusado de poseer una green card falsa y arrestado en tres ocasiones por la policía de Athens, una de ellas por conducir bajo los efectos del alcohol. Está previsto que comparezca ante el tribunal en marzo.

Durante su estancia en Georgia, los hermanos Ibarra fueron detenidos en octubre en relación con un caso de robo en un Walmart local. En aquel momento, los agentes buscaron el nombre de José Ibarra en las bases de datos estatales y nacionales, pero no encontraron ninguna orden de detención contra él ni ningún otro indicio de que debiera ser detenido.

En una audiencia celebrada el sábado, a Ibarra se le negó la libertad bajo fianza y permaneció en prisión, según las autoridades.

El fiscal de distrito nombró a un fiscal especial para el caso, que se convirtió en un acalorado campo de batalla político, ya que algunos políticos conservadores centran la atención en el estatus migratorio de Ibarra. El miércoles, los manifestantes expresaron su molestia por las políticas liberales de inmigración defendidas por el demócrata Kelly Girtz, alcalde del condado de Athens-Clarke, quien, por ejemplo, pidió que se pusiera fin a la práctica de retener en la cárcel a los inmigrantes arrestados durante periodos de 48 horas, lo que da a los funcionarios federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas la oportunidad de recogerlos para su posible deportación.

El miércoles, en una conferencia de prensa, el jefe de policía Jerry Saulters se negó a dar más detalles del caso, debido a que está en proceso. La investigación recayó en la jurisdicción de la policía de la Universidad de Georgia.

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