“Declarar a la educación como servicio esencial es sacarse el problema de encima, es mentirles a los padres”, sentencia Flavio Buccino, quien fuera maestro de grado en escuelas primarias entre 1985 y 2003, hoy consultor en educación y referente de Argentinos por la Educación. Así deja en claro a LA NACION su postura frente al debate que por estas horas se da en la Cámara de Diputados.

La controvertida ley ómnibus contiene más de 500 artículos y modifica o deroga regulaciones en áreas bien disímiles. Entre ellas se incluye a la educación, a la que el DNU impulsado por el presidente Javier Milei declaró como “esencial” en pos de una mejora de la calidad del sistema educativo. El proyecto de ley retoma el concepto.

En caso de ser aprobada la medida, la educación sería reconocida como “un bien público y un derecho personal y social garantizado por el Estado”. A su vez, implica que, ante una medida de fuerza, se deba garantizar la continuidad escolar, por lo que se limita el poder de las huelgas docentes.

La pregunta es: ¿resolvería esta determinación la crisis educativa que atraviesa la Argentina? Buccino, especialista en gestión educativa, responde con vehemencia que no. “Las escuelas tienen una doble función: enseñar y dar cuidado. La esencialidad ayuda a cumplir la segunda, pero no la primera. Se enmascara de política educativa algo que es meramente una norma de regulación del trabajo en el área de la educación. Se está queriendo minimizar el costo del conflicto y lo que hay que hacer es resolverlo”, detalla.

Manuel Álvarez Trongé, presidente de Educar 2050, otra organización sin fines de lucro que trabaja por la educación, va en la misma línea. “La declaración de servicio esencial no va a impedir el problema educativo argentino. Requiere una guardia mínima, pero la guardia mínima no va a ser educación de calidad; no va a ser educación en sí misma, sino que va a ser una curita”, señala.

“Se necesita algo mucho más amplio, un plan integral de mejora de los aprendizajes, que es nuestro gran problema”, concluye Álvarez Trongé, que también es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Hay dos derechos que entran en conflicto. Por un lado, el derecho a huelga que tienen los docentes como trabajadores. Y, por el otro, el derecho a una educación pública de calidad que se les debe garantizar a los chicos. “Se debe buscar conciliación para encontrar un equilibrio entre ambos derechos”, sostiene Fabio Tarasow, docente de nivel primario e investigador en Flacso.

La cobertura del 75% que propone el gobierno nacional, mediante la cual en las escuelas debería haber en todo horario escolar una parte de la plantilla docente para recibir a los alumnos, apunta justamente a buscar ese equilibrio: una parte trabaja, otra se manifiesta.

“Lo del 75% complejiza, no resuelve el problema de la calidad educativa. ¿Quiénes van a parar? ¿Cuándo? ¿De qué manera?”, se pregunta Buccino. No está claro.

Más allá de la esencialidad

Otros de los cambios que trae el texto apuntan a la incorporación de un examen obligatorio al finalizar la secundaria y la incorporación de la evaluación periódica docente como condición para aspirar a percibir un suplemento salarial, tal como se detalla en el artículo 276 del proyecto de ley.

“Hasta ahora, la única forma de lograr una mejora salarial en la carrera docente, realizando una misma tarea, es mediante la antigüedad. En cambio, esta modificación permitiría que un docente con mejor rendimiento en las evaluaciones cobre más que otro que realiza la misma tarea, con la misma antigüedad”, explica a este medio Gustavo Zorzoli, exrector del Colegio Nacional de Buenos Aires.

En sintonía, Martín Zurita, titular de Aiepba, la asociación que nuclea a las instituciones privadas de la provincia de Buenos Aires, se mostró abierto al cambio. “El proyecto refuerza la cultura de la evaluación independiente creando miradas que hoy no están y que condicionarán los esfuerzos de todos. Habrá un nuevo equilibrio. La vocación por la inclusión estará acompañada por el deseo de mayores y mejores resultados generales”, afirma.

E incluso está a favor de declarar a la educación como servicio esencial: “Aun cuando su reglamentación y aplicación será difícil, es un claro mensaje social de la prioridad y jerarquía legal especial que se le quiere dar a la educación. El proyecto, en definitiva, brinda herramientas a quienes quieren progresar y devuelve a la sociedad algo que había perdido: la posibilidad de observar y pedir cuentas al sistema educativo”, cerró.