LLANOS DEL YARÍ, Colombia.– Sosteniendo globos amarillos, azules y rojos, los colores de la bandera de Colombia, un grupo de niños corren a jugar en un parque infantil de un colegio construido y entregado a la comunidad por la guerrilla del Estado Mayor Central (EMC) en una conflictiva, inhóspita y calurosa región del sur del país.

La nueva escuela, que se inauguró el mes pasado en una zona del departamento del Caquetá, es solo un ejemplo de cómo el grupo está consolidando el control en algunas regiones, ganando apoyo social y dominio territorial y obstaculizando los esfuerzos del presidente Gustavo Petro por firmar un nuevo pacto de paz.

A través de acuerdos de paz y de una ley de sometimiento, el mandatario izquierdista prometió acabar con el conflicto interno de seis décadas, que ha dejado más de 450.000 muertos y que además de grupos guerrilleros involucra a bandas criminales descendientes de los escuadrones paramilitares de ultraderecha.

Los 3500 miembros del EMC son guerrilleros que rechazaron un histórico acuerdo de paz en 2016 con el gobierno para terminar en gran medida con el violento conflicto armado.

Muchos integrantes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) siguen armados, combatiendo y comprometidos, según dicen, con ideales como la lucha contra la pobreza, y la redistribución de la riqueza y de la tierra.

La instauración por parte del EMC de un pseudo o para-Estado con la construcción de obras como puestos de salud, rutas y puentes es una estrategia para acercarse a la población local en zonas con una mínima presencia estatal, según funcionarios del gobierno, fuentes de seguridad y analistas, lo que les da a los rebeldes una posición más fuerte en la negociación.

El control territorial del EMC también tiene consecuencias globales al garantizar la continuidad de economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal para financiar su lucha armada, afectando los esfuerzos antidrogas de Estados Unidos y Colombia, además de destruir los frágiles ecosistemas de las selvas y montañas, admitieron fuentes de seguridad.

Al igual que en otros países en donde la guerrilla o los grupos criminales llenaron un vacío de presencia estatal, la estrategia del EMC dificulta la relación de las Fuerzas Armadas con la población, admitió un oficial del Ejército.

Pero el grupo armado ilegal asegura que está aportando al desarrollo de comunidades pobres y excluidas. “Es un sueño y una tarea cumplida a las comunidades y en especial a este sector que ha sido excluido por el Estado”, dijo Alexander Díaz Mendoza, más conocido por su nombre de guerra, Calarcá Córdoba, segundo al mando del EMC, grupo que inició una negociación de paz con el gobierno en 2023.

El EMC, que en los últimos meses también entregó un puesto de salud, una ambulancia, puentes y rutas arregladas en apartadas zonas, heredó la práctica de ejercer su poder de manera pseudoestatal de las FARC, que se desmovilizaron con el acuerdo de paz de 2016.

Alrededor de 13.000 personas dejaron las armas con ese pacto, que obligó a los líderes del grupo a enfrentar investigaciones por crímenes de guerra, pero otras agrupaciones, incluidas facciones de las FARC como el EMC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas criminales, siguen activas y suman entre todas más de 15.000 miembros.

Obstáculos

Pese a su intención de alcanzar una paz total, Petro enfrenta obstáculos como la suspensión parcial de un cese del fuego bilateral con el EMC y una división del grupo después de que la mayoría de estructuras lideradas por su máximo comandante, Iván Mordisco, decidieron levantarse de la mesa de negociación por disputas internas.

“El colegio se lo entregamos a las comunidades, a los niños, a quien lo necesita”, explicó Calarcá antes de la inauguración del centro educativo que cuenta con 12 aulas equipadas, dormitorios, cocina, baños y un salón para computadores, una edificación más completa y amplia en comparación con la mayoría de las envejecidas y derruidas escuelas rurales de Colombia.

“El Estado tiene que hacer presencia y responder a las necesidades de la población, si ilegales hacen obras es porque la legalidad no llega”, admitió el jefe del equipo de negociación del gobierno en el diálogo con el EMC, Camilo González. “Hacen obras sociales como parte de una estrategia político-militar”.

El funcionario afirmó que la construcción de obras por parte del grupo armado será un tema para tratar en la mesa de negociación y reconoció la existencia de un problema que complica al gobierno porque se está dando una “sustitución del Estado”.

La entrega de obras como el colegio es una forma de control social de los grupos armados ilegales y de sembrar raíces en las comunidades, lo que dificulta desarticularlos, dijo la analista de Crisis Group Elizabeth Dickinson.

“En cuanto más cerca está el grupo armado a la población se hace más difícil ir hacia una paz, porque cada vez más se hace parte de la misma sociedad”, explicó Dickinson, que sostuvo que el EMC, además de proveer servicios, administra justicia e impone de facto su ley aprovechando la ausencia del Estado.

Al EMC poco le interesa enfrentar al Estado por los altos costos económicos y militares, por lo que es más beneficioso hacer obras, sostuvo la analista. “La forma de asegurar su presencia es tener un control total sobre la población”, afirmó.

El director de la Policía Nacional, general William Salamanca, dijo que la presencia de grupos como el EMC en algunas regiones del país “obliga a replantear la estrategia”.

El oficial sostuvo que el ingreso del Estado a territorios con presencia de organizaciones ilegales debe incluir inversión social y la participación de otras autoridades para trabajar junto con la comunidad y la policía.

Agencia Reuters