Opinión: Pensaba que el caso de Bragg contra Trump era una vergüenza legal, pero ahora creo que es un error histórico

NO ES EL DELITO, ES EL ENCUBRIMIENTO. PERO SIGUE SIENDO UN CASO CON MUCHAS FALLAS.

Hace aproximadamente un año, cuando Alvin Bragg, el fiscal de distrito de Manhattan, acusó al expresidente Donald Trump, fui crítico con el caso y lo califiqué de vergonzoso. Pensé que una serie de problemas legales inevitablemente provocarían largas demoras en los tribunales federales.

Tras escuchar la declaración inicial de los fiscales el lunes, sigo pensando que el fiscal de distrito de Manhattan ha cometido un error histórico. Su vaga acusación sobre “un plan criminal para corromper las elecciones presidenciales de 2016” me tiene más preocupado que nunca por su uso sin precedentes de la ley estatal y su persistente resistencia a especificar un delito electoral o una teoría válida de fraude.

Para recapitular: Trump está acusado en un caso de falsificación de registros comerciales. Esos son cargos por delitos menores. Para poder elevarlo a un caso penal, Bragg y su equipo han señalado posibles violaciones de la ley electoral federal y fraude fiscal estatal. También citan la ley electoral estatal, pero las definiciones legales estatales de “cargo público” parecen limitar esos estatutos a las elecciones estatales y locales.

Los cargos tanto por delitos menores como por delitos graves requieren que el acusado haya realizado un registro falso con “intención de defraudar”. Hace un año, me preguntaba cómo los registros comerciales totalmente internos (el libro de contabilidad diaria, los recibos de pago y las facturas) podrían ser la base de algún fraude si no se comparten con nadie fuera de la empresa. Yo sugerí que el verdadero fraude era la presentación por parte de Trump de un informe (supuestamente) falso a la Comisión Federal Electoral (FEC, por su sigla en inglés), y solo los fiscales federales tenían jurisdicción sobre esa presentación.

Una conversación reciente con Jeffrey Cohen, amigo, profesor de derecho de Boston College y exfiscal, me hizo pensar que el caso podría resultar más legítimo de lo que había pensado en un principio. La razón tiene que ver con esos registros comerciales presuntamente falsificados: la mayoría de ellos se ingresaron a principios de 2017, en general antes de que Trump presentara su informe a la Comisión Federal Electoral ese verano. Es posible que Trump haya previsto una investigación de su campaña que condujera a sus registros financieros. Es posible que Trump haya falsificado estos registros internos antes del informe a la FEC como parte consciente del mismo fraude: crear un rastro documental coherente y ocultar la intención de violar las leyes electorales federales o defraudar a la FEC.

En pocas palabras: no es el delito, es el encubrimiento.

Mirar el caso de esta manera podría mitigar las preocupaciones sobre la jurisdicción estatal. En este escenario, podría decirse que Trump también pretendía engañar a los investigadores estatales. Los investigadores estatales podrían encontrar estas incongruencias y alertar a las agencias federales. Los fiscales podrían alegar que las agencias del estado de Nueva York tienen interés en detectar conspiraciones para defraudar a entidades federales; también podrían tener una respuesta admisible a preguntas importantes sobre si el estado de Nueva York tiene jurisdicción o si la ley federal prevalece sobre esta parte de una ley estatal de registros comerciales.

Sin embargo, esta explicación es una interpretación novedosa con muchos problemas legales importantes. Y ninguno de los documentos presentados por el fiscal de distrito de Manhattan ni la declaración inicial de hoy siquiera insinúan este enfoque.

En lugar de una teoría de fraude a reguladores estatales, Bragg ha adoptado una teoría débil de “interferencia electoral” y el juez Juan Merchan describió el caso, en su resumen durante la selección del jurado, como una acusación de falsificación de registros comerciales “para ocultar un acuerdo con terceros para influir ilegalmente en las elecciones de 2016”.

Para que quede claro: es legal que un candidato pague por un acuerdo de confidencialidad. Pagar dinero para silenciar a alguien está mal visto, pero es legal. El experto en derecho electoral Richard Hasen señaló acertadamente que “llamarlo interferencia electoral en realidad le resta valor al término y socava las acusaciones realmente graves en los casos reales de interferencia electoral”.

En el argumento inicial del lunes, el fiscal Matthew Colangelo siguió evitando especificar lo que es ilegal al momento de influir en una elección, pero luego afirmó: “Fue fraude electoral, puro y simple”. Ninguno de los estatutos estatales o federales pertinentes se refiere a las infracciones de registros comerciales como fraude. Llamarlas “fraude electoral” es un error legal y estratégico, pues exagera el caso y programa al jurado con altas expectativas que los fiscales no pueden cumplir.

La descripción más precisa de este caso penal es que se trata de una infracción federal de registro de información sobre la financiación de una campaña. Sin una violación federal (a la que esté ligado el estatuto electoral estatal), Bragg no puede convertir los cargos menores en delitos graves. Además, no queda claro cómo este caso podría siquiera cumplir el requisito de “intención de defraudar” para que se considere un delito menor sin el delito federal.

Al estirar la jurisdicción y juzgar un delito federal en un tribunal estatal, el fiscal de distrito de Manhattan está empleando interpretaciones y aplicaciones legales que aún no se han probado. Veo tres señales de alerta que podrían plantear preocupaciones sobre un posible procesamiento selectivo cuando llegue la hora de apelar.

En primer lugar, no pude encontrar ningún caso anterior de algún fiscal estatal que se basara en la Ley Federal de Campañas Electorales ni como delito directo ni como delito determinante. Ya sea que los fiscales estatales hayan evitado hacerlo por una cuestión de derecho, normas o falta de experiencia, este novedoso intento es una señal de extralimitación.

En segundo lugar, los abogados de Trump alegaron que el estatuto de Nueva York exige que el delito determinante (subyacente) también debe ser un delito en Nueva York, no un delito en otra jurisdicción. El fiscal de distrito de Manhattan respondió solo con precedentes judiciales sobre otros estatutos penales, no sobre el estatuto en cuestión. Al final, no pudieron citar ni una sola interpretación judicial de este estatuto en particular que respalde su uso del estatuto (un acuerdo de declaración de culpabilidad y una sola instrucción del jurado no cuentan).

En tercer lugar, ningún precedente en Nueva York ha permitido una interpretación de fraude al público en general. Los expertos legales han señalado que una teoría tan amplia de “interferencia electoral” no tiene precedentes, y una condena basada en ella quizá no sobreviva a una apelación estatal.

El equipo legal de Trump también se vio debilitado por sus decisiones del año pasado: sus abogados prácticamente apostaron todo a la causa perdida de tratar de trasladar el juicio a un tribunal federal, en lugar de solicitar una orden judicial federal para detener el juicio por completo. Si hubieran planteado las cuestiones de enjuiciamiento selectivo o vengativo y una combinación de reclamos jurisdiccionales, de prevalencia y constitucionales, podrían haber retrasado el juicio hasta después de las elecciones, aun si hubieran perdido en cada etapa federal.

Otra razón por la que un delito federal ha terminado en un tribunal estatal es que el Departamento de Justicia del presidente Joe Biden hizo todo lo posible para no reabrir este caso válido ni nombrar un fiscal especial. Trump ha intentado culpar a Biden por este procesamiento, así como hacerlo parecer la verdadera “interferencia electoral”. La moderación del gobierno de Biden desmiente esta acusación y merece más crédito.

Ocho años después del presunto delito, es razonable preguntarse si esto tiene más que ver con la política en Manhattan que con la ley de Nueva York. Este caso debería servir como advertencia sobre los abusos procesales en general en Estados Unidos y promover reformas bipartidistas de nuestro sistema procesal partidista.

Sin embargo, los fiscales deberían tener cierta libertad para desarrollar sus argumentos durante el juicio, y tal vez sean más cuidadosos y precisos sobre el delito subyacente, el fraude y las interrogantes jurisdiccionales. A Trump se le informó sobre los cargos con suficiente antelación y puede plantear sus argumentos en la apelación. Un principio importante de “nuestro federalismo”, en palabras de la Corte Suprema, es la abstención: que los tribunales federales generalmente deberían permitir que los juicios estatales procedan primero y esperar a escuchar las impugnaciones después.

Este caso sigue siendo una vergüenza para la ética procesal y un aparente enjuiciamiento selectivo. No obstante, cada parte interesada debería tener su momento en los tribunales. Si es declarado culpable, Trump puede pelear muchos otros días –y tal vez ganar– en los tribunales de apelación. Pero si la declaración inicial del lunes es un anticipo de acusaciones exageradas, teorías legales imprecisas y problemas que siguen sin resolverse, es posible que los fiscales no obtengan ninguna condena.

Este artículo apareció originalmente en The New York Times.

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