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Mesa dice que prórroga es "la instalación de una dictadura político-judicial" en Bolivia

La Paz, 31 ene (EFE).- El expresidente de Bolivia Carlos Mesa (2003-2005) sostuvo este miércoles que la prórroga de los magistrados de los principales tribunales del país supone la "instalación de una dictadura político-judicial" en la que el Gobierno de Luis Arce decide "los destinos" de la oposición y la ciudadanía.

"La autoprórroga es la instalación de una dictadura político-judicial que desde las órdenes del Ministerio de Justicia y el presidente del Estado toman el control y deciden (...) por los destinos de la oposición y del ciudadano común", dijo a los medios el también líder de la fuerza opositora Comunidad Ciudadana (CC).

El exmandatario sostuvo que la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de prorrogar su mandato y el de otros magistrados "es inconstitucional", vulnera los derechos institucionales del país y "debe ser cortada de inmediato como premisa sine qua non" para llevar adelante el proceso de elección judicial.

Mesa aseguró que CC ha trabajado "intensamente" para que se puedan realizar las elecciones judiciales, algo por lo que sigue "luchando democráticamente", además de exigir la "automática salida de los autoprorrogados en los ámbitos del órgano judicial".

El también historiador consideró que los bloqueos de caminos que emprenden desde hace diez días los sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) con esas mismas demandas no son "el camino adecuado, ni justo, ni constitucional, ni legal" para hacer un reclamo.

"El derecho a la protesta es el derecho de los ciudadanos a expresar su punto de vista sin interferir y sin violar los derechos de los otros. Los bloqueos perjudican al país", expresó.

A su juicio, este tipo de protesta supone "volver al rebrote de esa vieja práctica de la que Morales es campeón mundial, que es bloquear por todo y por nada".

Los comicios para elegir a los magistrados de los principales tribunales del país debían celebrarse en diciembre de 2023, pero el proceso de preselección de candidatos se trabó en el Parlamento, que sigue sin ponerse de acuerdo para convocar a un nuevo proceso para dar curso a estas elecciones.

Ante esto, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) decidió prorrogar su mandato y el de los otros jueces para evitar un "vacío de poder".

El Gobierno de Luis Arce ha defendido la prórroga y asegura que no es inconstitucional, mientras que Evo Morales, que está distanciado del mandatario, ha criticado la decisión del Constitucional, al igual que la oposición.

Los afines a Morales bloquean carreteras desde hace diez días para exigir la renuncia de los magistrados y también en rechazo a una sentencia constitucional que inhabilita al exmandatario como candidato presidencial al mencionar que la reelección indefinida "no es un derecho humano", un argumento que usó para postular a los fallidos comicios de 2019.

El Gobierno y las tres fuerzas políticas con representación en el Legislativo acordaron el lunes que una comisión "bicameral y multipartidaria" elabore un nuevo proyecto de ley para dar curso a las elecciones judiciales, lo que no ha logrado desmovilizar a los sectores que persisten con los bloqueos de caminos.

(c) Agencia EFE