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Leyes de protección del aborto: una nueva guerra entre estados

Linda Prine, proveedora amparada por las leyes protectoras de Nueva York, en Ámsterdam, el 23 de octubre de 2023. (Ilvy Njiokiktjien/The New York Times)
Linda Prine, proveedora amparada por las leyes protectoras de Nueva York, en Ámsterdam, el 23 de octubre de 2023. (Ilvy Njiokiktjien/The New York Times)

Detrás de una puerta sin identificación en un edificio cuadrado de ladrillo en las afueras de Boston, se está produciendo una rebelión silenciosa. Allí, en una sala de 2 por 3,6 metros, se está habilitando el acceso al aborto a miles de mujeres que están en estados donde es ilegal.

Las pacientes no tienen que viajar hasta allí para interrumpir sus embarazos y no tienen que esperar semanas para recibir medicamentos abortivos provenientes del extranjero.

En cambio, obtienen pastillas abortivas recetadas por proveedores autorizados de Massachusetts, empaquetadas en esa pequeña habitación y enviadas por correo desde una oficina de correos aledaña, las cuales llegan días después a Texas, Misuri y otros estados donde el aborto está en gran medida prohibido.

Este servicio y otros similares funcionan bajo leyes novedosas promulgadas en media docena de estados —Massachusetts, Washington, Colorado, Vermont, Nueva York y California— que buscan preservar el acceso al aborto desde que la Corte Suprema anuló el derecho nacional al aborto en junio de 2022. Las leyes han estado en uso apenas desde el verano y no han sido desafiadas en los tribunales, pero ya están brindando acceso al aborto a decenas de miles de mujeres en estados con prohibiciones, en especial pacientes de bajos ingresos y otras que no pueden viajar.

Las llamadas leyes protectoras del aborto por telemedicina, prometen proteger a los médicos, enfermeros y parteros con licencia en esos seis estados que recetan y envían píldoras abortivas a pacientes en las casi dos docenas de estados que prohíben o restringen drásticamente el aborto.

Las leyes estipulan que los funcionarios y agencias de sus estados no cooperarán con los esfuerzos de otro estado para investigar o penalizar a dichos proveedores, un marcado distanciamiento de las prácticas interestatales típicas de extraditar, honrar citaciones e intercambiar información, afirmaron expertos legales de ambos lados del tema del aborto. Muchos esperan que, en última instancia, estas sean impugnadas en un tribunal federal.

Quienes se oponen al aborto ven las leyes como una violación descarada de la soberanía estatal.

“Hay estados que no solo están eligiendo su propia estrategia, sino que realmente están intentando sabotear por completo los esfuerzos de gobierno de sus estados vecinos”, opinó John Seago, presidente de Texas Right to Life.

“Esto no puede mantenerse y no podemos estar contentos con esta nueva situación”, añadió.

La amenaza de leyes protectoras es una de las razones por las que tres estados (Idaho, Kansas y Misuri) solicitaron unirse a un caso que la Corte Suprema atenderá el próximo mes que busca prohibir el envío por correo de pastillas abortivas y exigir visitas presenciales al médico en lugar de telemedicina. La petición fue denegada.

“Cuando hay estados que buscan activamente eludir las leyes de los demás, se plantea un problema legal muy real que se extenderá mucho más allá de la esfera del aborto”, dijo Will Scharf, candidato republicano a fiscal general en Misuri, quien ayudó a redactar la legislación antiaborto cuando se desempeñaba como director de políticas del gobernador del estado hace 6 años.

Las pastillas se han convertido en el método de aborto más común a nivel nacional, y los defensores del derecho al aborto consideran que las leyes protectoras son una forma crucial de contrarrestar la ola de prohibiciones promulgadas desde la decisión de la Corte Suprema en el caso Dobbs contra Jackson Women’s Health Organization.

Este podría ser el evento más importante desde el caso Dobbs en muchos niveles”, afirmó Rachel Rebouché, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad del Temple, quien ha trabajado con legisladores y defensores de las leyes protectoras. “Miles y miles de pastillas están siendo enviadas a todas partes de Estados Unidos desde un puñado de proveedores. Eso por sí solo deja claro la naturaleza de lo que puede hacer el aborto con medicamentos enviados por correo”.

Antes de que se promulgaran las leyes protectoras, Aid Access, una de las organizaciones a la vanguardia del aborto por telemedicina, atendía a pacientes en estados con prohibiciones emitiendo recetas desde Europa y enviando pastillas desde una farmacia en la India. Las pastillas podrían tardar semanas en llegar, lo que haría que las pacientes superaran las 12 semanas de gestación, el umbral recomendado para tomar el medicamento.

Con las leyes protectoras, “algunas personas que tal vez no habrían podido acceder al aborto si hubieran tenido que ausentarse del trabajo e ir a una clínica, o esperar tres semanas y todo eso, están teniendo acceso ahora”, afirmó Linda Prine, una proveedora de las leyes protectoras de Nueva York.

Los proveedores de Aid Access ahora utilizan leyes protectoras para atender a unos 7000 pacientes al mes, casi el 90 por ciento de ellos en estados con prohibiciones o restricciones severas, según Abigail Aiken, profesora asociada de la Universidad de Texas en Austin, que estudia datos de Aid Access.

Las leyes protectoras alteran el modelo habitual de telemedicina, según el cual los proveedores de atención médica de otros estados deben tener licencia en los estados donde se encuentran los pacientes.

Más allá de brindar acceso al aborto a pacientes individuales, el movimiento de las leyes protectoras tiene implicaciones más amplias para las políticas del aborto, y sus partidarios están trabajando para promulgar leyes similares en tantos estados como sea posible a fin de que la estrategia se convierta en algo común, afirmó Francine Coeytaux, cofundadora de Plan C, un centro de intercambio de información sobre abortos con medicamentos.

“Las leyes protectoras buscan que el sistema legislativo y judicial de un estado tengan participación en el proceso”, dijo.

Dentro de la habitación

Carol, quien pidió ser identificada por su segundo nombre para ayudar a mantener su rol en privado, me recibió detrás del edificio de ladrillo en las afueras de Boston y me guio a través de una puerta trasera, por un laberinto de pasillos. Otras personas que rentan oficinas en el edificio no le han preguntado qué hace allí, dijo, y agregó: “Espero que la mayoría de la gente no sienta tanta curiosidad por lo que hacemos”.

En una mesa blanca sencilla, Carol, que tiene una maestría en Salud Pública, comenzó su rutina: revisar una hoja de cálculo de recetas; imprimir etiquetas con información de medicamentos y nombres de pacientes; imprimir etiquetas de direcciones con números de seguimiento y agregarlas a la hoja de cálculo.

Los pacientes contactan este servicio y otros en línea y completan formularios que brindan información sobre su embarazo e historial médico. La colega de Carol, Lauren Jacobson, enfermera, escribe recetas y evalúa si las pacientes son candidatas según su historial médico. Pueden tener hasta 12 semanas de embarazo y no deben tener problemas médicos que las descalifiquen, como un embarazo ectópico o un trastorno de la coagulación sanguínea. Las pacientes y proveedores pueden comunicarse por correo electrónico o por teléfono de ser necesario.

“Somos un país libre”, dijo Jacobson, quien en ocasiones escribe 50 recetas al día. “Así que pongamos eso a prueba. Aquí estamos y no nos dejaremos intimidar, y nuestros estados nos respaldan”.

Carol sacó los dos medicamentos abortivos de cajas de almacenamiento: mifepristona, que detiene el desarrollo del embarazo, y misoprostol, que se toma entre 24 y 48 horas después para estimular las contracciones y expulsar el tejido.

“Realmente no me considero una persona que rompe las reglas”, afirmó. “Es por eso que es gracioso que esté aquí sentada en este pequeño armario rodeada de frascos de pastillas”.

La operación se asemeja a una línea de montaje a pequeña escala, que prepara medicamentos para seis paquetes a la vez: una pastilla de mifepristona en una caja preenvasada del fabricante y 12 tabletas de misoprostol contadas a mano de frascos de 100 suministrados por un mayorista. Carol introduce los medicamentos en sobres simples forrados con plástico de burbujas, junto con un folleto de 10 páginas del fabricante de mifepristona e instrucciones ilustradas de Aid Access sobre cómo tomar el medicamento y los efectos secundarios esperados, como calambres y sangrado.

Luego conduce varios kilómetros hasta una oficina de correos para enviar los sobres.

Llegando a pacientes de bajos ingresos

Los partidarios dicen que las leyes de protección ya están logrando avances sustanciales hacia un objetivo importante: ayudar a las pacientes que no pueden permitirse —financiera o logísticamente— viajar a otro estado para un aborto.

“Está llegando a las más afectadas: personas de bajos ingresos, pobres, comunidades de color, indígenas”, afirmó Michelle Colón, directora ejecutiva de SHERo Mississippi, una organización que apoya los derechos reproductivos de las personas de color.

A nivel nacional, hay tres proveedores principales: Aid Access; el Proyecto de Acceso al Aborto con Medicamentos de Massachusetts (llamado The MAP); y un servicio llamado Abuzz, que aún no atiende a todos los estados con prohibiciones de aborto. Cobran entre 150 y 250 dólares, aunque los tres servicios ofrecen pastillas a precios reducidos o incluso sin costo alguno, basándose únicamente en lo que las pacientes afirman que pueden pagar.

Rebecca Gomperts, una médica neerlandesa que fundó Aid Access, dijo que más de la mitad de sus pacientes bajo las leyes protectoras no pueden pagar el precio completo. Aproximadamente un tercio de las pacientes de The MAP solo pueden pagar el mínimo de 5 dólares del servicio, dijo Angel M. Foster, directora de The MAP.

Sin embargo, los proveedores de las leyes protectoras afirman que no está claro si podrán mantener su enfoque de “paga lo que puedas”. La mayoría de los proveedores están absorbiendo el costo de miles de pacientes que no pueden pagar el precio completo. Hasta ahora, la mayoría de los fondos para el aborto —organizaciones que brindan financiamiento para ayudar a las pacientes a abortar— no han donado dinero para el envío de pastillas a los estados antiaborto, en parte porque no saben si las leyes protectoras protegerían los fondos.

Estrategias legales

Varios fiscales generales republicanos de estados con estrictas prohibiciones del aborto rechazaron solicitudes para discutir leyes protectoras. Pero Scharf, que está compitiendo contra el actual fiscal general de Misuri en las primarias republicanas, predijo que las leyes protectoras casi con seguridad serán impugnadas en los tribunales.

“El litigio constitucional obviamente es una opción en este caso”, afirmó. “En última instancia, siempre que haya intentos como este de eludir nuestro sistema constitucional de federalismo, será algo que se litigará”.

Muchos de los proveedores amparados por las leyes protectoras están tomando precauciones, como no viajar a estados con prohibiciones del aborto, donde podrían ser más vulnerables a ser arrestados. Algunos no envían pastillas a los estados donde tienen familiares. Algunos están creando fideicomisos para proteger sus activos de demandas civiles.

En una pequeña oficina sin identificación cerca de Boston, una consultora de salud social y reproductiva de Aid Access, una organización que envía por correo pastillas abortivas por todo el país, dobla folletos informativos para enviarlos junto con los medicamentos a pacientes en estados donde el aborto es ilegal, el 19 de octubre de 2023. (Sophie Park/The New York Times)

Una farmacia nacional de pedidos por correo, Honeybee Health, con sede en California, está evaluando si puede enviar pastillas a estados con prohibiciones del aborto según las leyes protectoras de California, una medida que permitiría a los proveedores de cualquier estado con leyes protectoras enviar sus recetas a Honeybee y así no tener que almacenar y enviar pastillas ellos mismos.

La cofundadora y presidenta de Honeybee, Jessica Nouhavandi, dijo que esperaba hacerlo, pero le preocupaba poner en peligro su negocio, que también dispensa otros medicamentos. Si un estado antiaborto como Carolina del Sur le retirara la licencia, “¿qué pasaría con mis miles de pacientes de Carolina del Sur que reciben anticoagulantes de mi parte?” afirmó.

Otra incógnita es el resultado de la demanda de los opositores al aborto que busca reducir el suministro de mifepristona. Un fallo de un tribunal de apelaciones prohibió el envío de mifepristona por correo y exigió visitas presenciales al médico. El caso se encuentra ahora en la Corte Suprema.

“Si ganamos ese caso, todas estas leyes protectoras se volverán irrelevantes en ese momento porque entonces habrá una política federal que prohibirá esas transacciones”, afirmó Erik Baptist, abogado principal de Alliance Defending Freedom, que representa a los opositores al aborto en ese caso. Algunos proveedores de las leyes protectoras afirman que buscarán mecanismos legales para continuar su labor.

c.2024 The New York Times Company