La Justicia frenó un aumento del 220% de una prepaga a una menor con discapacidad. El Juzgado Contencioso Administrativo, Civil y Comercial Federal número 2 de San Martín, de la provincia de Buenos Aires, hizo lugar a una medida cautelar solicitada por una madre para su hija menor de edad debido al elevado incremento que la prestadora de salud Cobermed le impuso entre diciembre del año pasado y marzo de este año.

La jueza Martina Isabel Forns ordenó a la empresa que “se abstenga de aplicar los aumentos realizados al plan asistencial” y dispuso que “aplique el aumento con un tope de 8,51%, desde enero y por cada período subsiguiente, hasta tanto se dicte sentencia definitiva”.

La mujer abonaba en diciembre una cuota por ella y su hija discapacitada de 123.386 pesos, mientras que para marzo la cuota ascendió a 394.858 pesos, lo que representa un incremento del 220%. “La madre gana 337.000 pesos por mes”, afirmó Manuel Luaces, el abogado patrocinante, a LA NACION. Luaces también remarcó que se trata de “un aumento discriminatorio que tiene la intención de expulsarla de la prepaga”. LA NACION se comunicó en reiteradas oportunidades con Cobermed, pero no hubo respuesta por parte de la compañía.

La magistrada, en el fallo, subrayó que “no puede soslayarse que se halla en juego la subsistencia del derecho a la salud de una niña con discapacidad” y resaltó que “es un derecho de principal rango en el texto de la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de jerarquía constitucional” contenidos en el artículo 75, inciso 22 de la Carta Magna.

La jueza, en ese sentido, expresó que la Convención Internacional de los Derechos del Niño, uno de los tratados internacionales que goza de jerarquía constitucional, “reconoce que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de la vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan bastarse a sí mismo y faciliten su participación en la sociedad”. Y añadió que “a su vez, reconoce el derecho del niño al disfrute del nivel más alto posible de salud y a los servicios para el tratamiento de las enfermedades de rehabilitación”.

En ese sentido, Luaces sostuvo que la discapacidad de la niña es severa, ya que la menor “no habla, está postrada y necesita oxígeno”. En la sentencia se precisa que la menor tiene “paraplejia espástica, retraso mental y deterioro del comportamiento”.

Desregulación y otros amparos

El DNU 70/2023 que dictó el presidente, Javier Milei, al poco tiempo de asumir y que está en vigencia, liberó todos los precios de la medicina privada y derogó la parte de la Ley 26.682 que regula la actividad de la medicina prepaga. Las empresas ya no tienen que pedir autorización a las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación para incrementar las cuotas, según fue establecido por el DNU.

Eso produjo un incremento en la mayoría de los casos muy por encima de la inflación y también una suba considerable de la litigiosidad, con sentencias que frenan o limitan los aumentos. Según Luaces, “en el conurbano están entrando de a 30 pedidos de amparos por día, una cifra muy superior a lo que pasaba antes”.

La semana pasada el mismo juzgado federal de San Martín otorgó una medida cautelar para unas cien personas que reclamaban por los incrementos de la prepaga del Hospital Italiano de Buenos Aires (HIBA). Los usuarios habían registrado una suba del 40% en enero, otra del 29,5% en febrero e iban a tener un nuevo ajuste del 18% para marzo, pero la jueza Forns decidió dejar sin efecto esos aumentos.

No es el primer fallo que obliga a la compañía Cobermed a frenar un aumento excesivo. Esta semana la usuaria Rosa Di Sanzo, de 84 años, consiguió revertir los incrementos del 65% y del 35% en los dos primeros meses del año por parte de la misma prestadora de salud.