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Irán rechaza responsabilidades en la muerte de Amini y en la represión de las protestas

Teherán, 18 mar (EFE).- Un informe gubernamental iraní sostuvo que Mahsa Amini murió por causas naturales tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo islámico y culpó a países occidentales de alentar las posteriores protestas, en las que murieron 202 personas, según esta versión oficial.

Estas son las conclusiones del informe de 279 páginas del “Comité Especial para Evaluar los disturbios del año 1401 (según el calendario persa)” formado por el presidente iraní, Ebrahim Raisí, poco después de la muerte de Amini el 16 de septiembre de 2022.

Según la investigación publicada a última hora de anoche en la página de la presidencia iraní, Amini fue detenida en Teherán por “incumplir la ley del hiyab” y fue trasladada a un centro de reeducación “para enseñarle lo necesario al respecto (sobre el velo)”, donde se cayó de repente al suelo.

“Lamentablemente murió debido a una insuficiencia orgánica múltiple causada por una hipoxia cerebral” y “no a causa de golpes a la cabeza u órganos vitales”, indicó el informe gubernamental, que concuerda con la autopsia oficial realizada en octubre de 2022.

La muerte de las joven kurda de 22 años provocó unas fuertes protestas de marcado tono feminista y en las que se pidieron más libertades y el fin de la República Islámica.

El informe encargado por Raisí mantuvo que el descontento económico causado por las sanciones estadounidenses y factores culturales que no explica se encuentran tras la erupción de las protestas, al tiempo que acusa a países extranjeros de “aprovechar el descontento popular”.

Entre esos países extranjeros cita a Estados Unidos, Israel, Alemania, Inglaterra, Francia y Canadá.

Muertos en las protestas

En las protestas murieron 202 personas según el informe, menos de la mitad de lo denunciado por oenegés internacionales y la ONU.

Noventa de los fallecidos murieron “portando y utilizando armas en actos terroristas, enfrentamientos y ataques a cuarteles militares y policiales, infraestructuras críticas o personal encargado de hacer cumplir la ley”, de acuerdo con el informe.

Otros 112 muertos eran transeúntes y miembros de las fuerzas de seguridad, a quienes se les prohibió el uso de armas letales, siempre según el documento.

Las autoridades judiciales abrieron casos contra 34.000 personas por su participación en las protestas de los que 22.000 fueron amnistiados posteriormente por el líder supremo de Irán, Ali Jameneí.

Del total de detenidos en las manifestaciones, 292 continúan en prisión en estos momentos “por cometer actos criminales violentos".

El informe de las autoridades iraníes se ha publicado tres días antes del año nuevo iraní, que se celebra el 20 de marzo, en medio de un periodo ya festivo y que se alarga durante las dos próximas semanas.

Llega también 10 días después de la publicación de un trabajo de la ONU que denunció que el Gobierno iraní cometió crímenes de lesa humanidad en la represión de las protestas.

Según las cifras ofrecidas por la Misión Internacional de Investigación que creó el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, unos 551 manifestantes murieron a manos de las fuerzas de seguridad, entre ellos al menos 49 mujeres y 68 menores de edad, la mayoría por disparos.

La investigación, además, ha determinado que hubo ejecuciones extrajudiciales y homicidios, desapariciones forzadas, violaciones, torturas, persecución por motivos de género y, en general, un uso innecesario y desproporcionado de la fuerza.

Irán condenó enérgicamente y tachó de “infundado” el informe de la ONU.

(c) Agencia EFE