Sin una ampliación de fondos, este sería el presupuesto universitario más bajo desde 1997. Así lo señala un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) realizado en base a datos de la plataforma Presupuesto Abierto.

Con una inflación interanual cercana al 300%, las universidades comenzaron el año –al igual que tantas otras áreas del Estado– con el mismo presupuesto nominal que se le asignó en septiembre de 2022 para funcionar durante todo 2023 ($1.385.289,5 millones), dado que el de 2024 nunca se aprobó en el Congreso nacional. El informe plantea, además, que la caída interanual en la ejecución presupuestaria universitaria fue más pronunciada que en el promedio del gasto público nacional.

“Creemos que es importante recalcar lo que esté pasando en la educación superior. Estamos en un contexto de ajuste fiscal y licuación y afecta a los derechos que debe garantizar el Estado”, dijo a LA NACIÓN Natán Spollansky, economista del programa Justicia Fiscal de ACIJ.

Para la principal partida que se destina a los fondos para las universidades nacionales, el Programa Desarrollo de la Educación Superior, la decisión del Ejecutivo de prorrogar el presupuesto del año anterior implicó una reducción del 72% en términos reales. Por lo tanto, según alerta el informe, de no haber modificaciones que amplíen los montos disponibles sería el nivel más bajo de financiación universitaria desde 1997, que es cuando la ACIJ comenzó a medir la variable.

En ese sentido, aclara que el aumento del 70% otorgado para los gastos de funcionamiento (que llevó el presupuesto a $1.415.918,98 millones) por el gobierno de Javier Milei –anunciado un día antes del primer paro convocado para el 14 de marzo pasado– solo implicó un aumento del 2% en el gasto vigente en comparación con el presupuesto inicial.

Se trata del dinero que envía el Estado mes a mes para que las instituciones puedan funcionar. Pagos de servicios públicos, infraestructura, financiamiento para becas y erogaciones que van desde comprar una computadora hasta proveer papel higiénico. Es decir, es todo lo que está por fuera del pago de salarios. Representan cerca del 10% de las partidas que reciben cada mes. El 90% restante se destina al pago de salarios.

“El aumento impacta en el presupuesto vigente, cuánto tiene disponible el programa de ahora en más. Pero ampliaron la partida de funcionamiento universitario que es una actividad chica dentro del programa desarrollo de la educación superior”, apuntó Spollansky.

Reacción oficial

“Hemos hecho un reajuste en torno al 70% del presupuesto”, afirmó el vocero Manuel Adorni durante una de sus conferencias de prensa. Lo cierto es que este aumento solo aplica para un ítem del número total.

“Nosotros hicimos los ajustes presupuestarios que creíamos convenientes. En tal caso, es un problema que entiendo las universidades plantean no para ahora, sino que les va a ocurrir en un futuro”, agregó días después.

En esa misma línea se expresó el secretario de Educación Carlos Torrendell. “Yo no veo la decisión de estancar el presupuesto de las universidades”, afirmó en una entrevista en LA NACION con Luciana Vázquez. Aunque aclaró que el impacto del ajuste era solo para los gastos de funcionamiento. “Los gastos de funcionamiento estaban congelados nominalmente, excepto algún refuerzo parcial que hubo, desde septiembre de 2022. Luego de un año y medio de ese congelamiento nominal se lo ha elevado un 70%”, agregó.

“Las universidades nacionales no van a dejar de funcionar por decisión del gobierno nacional. La Secretaria de Educación aumentó 70% los gastos de funcionamiento a partir de marzo y cubrió 15.396 millones de pesos de deuda que el gobierno anterior había dejado en diciembre del año pasado. Recordemos que el año pasado, con una inflación de 211,4% el aumento que tuvieron fue 0%”, ratificaron fuentes de la Secretaría de Educación ante la consulta de LA NACIÓN.

Y agregaron: “Este gobierno lleva cuatro meses y está haciendo el máximo esfuerzo para garantizar la educación en la Argentina en todos sus niveles. Los responsables del sistema universitario argentino llevan más de cuatro años. Y solo el 29,6% de los estudiantes termina la carrera a tiempo y uno de cada 10 de los sectores más vulnerables termina la universidad. Es decir, gratuita, pero no para todos. En un momento tan delicado del país y tan difícil para tantos jóvenes, intercambiemos posiciones pero no le quitemos la herramienta más importante que tienen para crecer que es estudiar”.

Ejecución

Durante el primer trimestre 2024, según el informe, la mayor reducción en términos reales fue en los programas de infraestructura universitaria (98,9%), que prácticamente no tuvieron ejecución. Le siguen las Becas Progresar, que tuvieron una pérdida real del 46,9%. El Gobierno finalmente abrió la convocatoria el miércoles pasado a la subvención destinada para que estudiantes terminen sus estudios. El valor mensual será $20.000, el mismo monto que en noviembre de 2023. Lo ejecutado en la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria disminuyó un 18,4%.

En tanto, de acuerdo al informe, la ejecución presupuestaria del primer trimestre de las partidas universitarias del año en curso es la más baja desde 2006. Comparado con el mismo período de 2023, los fondos para las universidades nacionales sufrieron una disminución del 32,9% que impactó a todos los puntos que abarca.

En ese sentido, detalla que en los tres primeros meses de 2024 se redujo en casi un 60% el financiamiento para el funcionamiento universitario, comparado con el mismo período de 2023. Mientras que, los salarios para docentes sufrieron un impacto del 32% y los del personal no docente un 28%.

Con una inflación acumulada desde diciembre a febrero del 71,33%, la propuesta del Gobierno en las paritarias docentes para febrero fue una actualización del 16%, seis puntos por encima de lo que marcaba la negociación vigente en ese entonces. Para marzo ofrecieron un 12%, que fue rechazado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales.

“Hay aumentos salariales todos los meses que se le están dando a los docentes y no docentes, como sucede con el resto de los empleados estatales en porcentajes muy similares. Por lo tanto, no hay un congelamiento salarial”, dijo Torrendell.

Según el informe, las transferencias a hospitales universitarios tuvieron una caída del 72%, mientras que no se ejecutaron partidas hasta el momento para el Fondo Universitario para el Desarrollo Regional y los institutos tecnológicos de formación profesional y el desarrollo de proyectos especiales.