Anuncios

Incrementan responsabilidades administrativas por fiscalización

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 14 (EL UNIVERSAL).- El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares, informó que tras la fiscalización a la Cuenta Pública 2022, se observó un incremento en las responsabilidades administrativas fincadas a entes que incurrieron en presuntas irregularidades.

En una reunión de trabajo con las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la ASF, el auditor superior explicó que como resultado de las mil 762 auditorías a los recursos de origen federal que se hicieron a la Cuenta Pública, se observó un monto por aclarar de 22 mil 892.1 millones de pesos.

De los entes auditados, se observó también un incremento de los Pliegos de Responsabilidad Administrativa (PRAS) que de 987 en 2021, pasaron a mil 217 en 2022: "Esto es, 23.3% adicional, pero además, de éstos últimos, 277, el 23%, son PRAS graves. En este sentido, en los últimos cuatro años se observa una tendencia creciente en el número de Pliegos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria".

David Colmenares también puntualizó que como resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2022 al Gasto Federalizado, se logró que las entidades fiscalizadas reintegraran a la Federación recursos por 3 mil 128.2 millones de pesos.

"Este importe es histórico y equivale al 142% de los recursos con los que contó la ASF; es decir, que por cada peso asignado al máximo órgano de fiscalización en 2022, éste recuperó a la Federación 1.2 pesos", declaró.

Agregó que dichos reintegros, denominados "Recuperaciones Operadas", "son la prueba fidedigna de la eficacia en la fiscalización, ya que, a raíz de la intervención de la Auditoría Superior, las entidades fiscalizadas reconocen las irregularidades cometidas en la gestión de los recursos auditados, procediendo con su reintegro".

Por otro lado, destacó que la ASF revisó la Ciberseguridad de la Banca Electrónica y los Sistemas de Pago del Banco de México, el Banco del Bienestar, así como la ciberseguridad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

"Se pudo constatar que en general no se tienen implementados controles robustos de ciberseguridad, lo que pone en riesgo los activos de información de las entidades", indicó.