La guerra de datos sobre el aborto: los estados y las ciudades debaten cuánta información recopilar

En el feroz debate sobre el aborto en Estados Unidos, el tema de la recopilación de datos puede parecer poco relevante y tangencial. Sin embargo, la información que los gobiernos estatales y municipales recopilan sobre las pacientes que interrumpen su embarazo se está convirtiendo en otro punto álgido de la encarnizada división del país en torno a esta cuestión.

Algunos estados cuya legislatura está controlada por los republicanos han tomado medidas para exigir más información sobre cada aborto, mientras que otros estados de mayoría demócrata han optado por reducir la información que recopilan, por temor a que pueda utilizarse para identificar a las pacientes o para procesar a los proveedores de abortos.

“En un país tan dividido, donde el aborto es legal en ciertos lugares e ilegal en otros, proporcionar información sobre el lugar de residencia o de nacimiento parece mucho más arriesgado que en un país donde el aborto antes de la viabilidad es legal”, afirmó Rachel Rebouché, decana de la Facultad de Derecho Beasley de la Universidad de Temple y estudiosa del derecho al aborto. “El conflicto interestatal solo se intensifica y los datos son el primer cañonazo de advertencia sobre cómo actualizar ese conflicto”, añadió.

Los defensores del derecho al aborto dicen que les preocupa en particular la posibilidad de que los estados que se oponen al aborto usen los datos para dar con las pacientes que viajaron a otro estado con el objetivo de interrumpir su embarazo o que recibieron píldoras abortivas provenientes de otro estado.

Estas preocupaciones también motivan acciones a nivel federal. El lunes, el gobierno de Biden anunció una norma para proteger la información sobre pacientes y proveedores de abortos y evitar que se utilice para investigarlos o procesarlos. La norma pretende impedir que los organismos encargados de hacer cumplir la ley de los estados que restringen el aborto obtengan información sobre las pacientes que viajan a estados donde el aborto es legal y sobre los proveedores de servicios de aborto que las tratan. También tiene por objeto proteger a los profesionales de la salud de los estados de origen de las pacientes que les hayan prestado atención médica no relacionada.

Al anunciar la norma, Jennifer Klein, directora del Consejo de Política de Género de la Casa Blanca, declaró: “Nadie debería ver su historial médico utilizado en su contra, en la de su médico o en la de sus seres queridos por el solo hecho de haber buscado o recibido atención médica legal en materia de reproducción”.

En Kansas, la Asamblea Legislativa, dominada por los republicanos, aprobó hace poco un proyecto de ley que obligaría a los proveedores de servicios de aborto a formular a las pacientes 11 preguntas sobre los motivos por los que interrumpen su embarazo, entre ellas si “tener un bebé interferiría con la educación, el empleo o la carrera profesional de la paciente” y si “la paciente ya tiene suficientes o demasiados hijos”.

“Siempre queremos datos y sería bueno que el departamento supiera cuántas mujeres deciden abortar porque no pueden solventar los gastos de tener un hijo o porque alguien las obliga a hacerlo y queremos saber quién es”, declaró Beverly Gossage, senadora estatal republicana, en una intervención a favor del proyecto de ley durante una sesión legislativa.

La gobernadora demócrata Laura Kelly vetó el proyecto de ley, con el argumento de que los electores de Kansas habían aprobado un referendo en 2022 que protegía los derechos al aborto. Sin embargo, la legislatura podría tener suficientes votos para anular el veto.

En Nuevo Hampshire, donde el aborto es legal y donde nunca se han recopilado datos sobre el aborto, el Senado, controlado por los republicanos, aprobó este mes un proyecto de ley para exigirlo, incluido el estado en el que vive la paciente. Los demócratas se opusieron, sobre todo porque, aunque el proyecto de ley no obliga a comunicar datos de identificación de las pacientes, tampoco lo prohíbe.

Illinois, que apoya el derecho al aborto, dejó de exigir a los proveedores que comunicaran datos específicos de las pacientes y ahora solo recopila cifras globales “porque creemos que es imposible localizar a una paciente en concreto”, explicó Karen Sheley, asesora general adjunta de la oficina del gobernador de Illinois.

Y agregó: “Los datos más seguros son los datos que el estado nunca recaba”.

Por razones similares, Maine ha dejado de recopilar cierta información, incluidos datos sobre antecedentes de embarazos, raza y educación.

No todas las jurisdicciones que apoyan el derecho al aborto se han apresurado a prestar atención a las preocupaciones sobre la recopilación de datos. El otoño pasado, la ciudad de Nueva York alarmó a los proveedores de servicios de aborto con la propuesta de su departamento de salud de actualizar su normativa sobre notificación de datos.

Según la propuesta del gobierno del alcalde demócrata Eric Adams, los proveedores de píldoras abortivas, que antes no habían estado sujetos a los requisitos de notificación de datos de la ciudad, tendrían que proporcionar información específica sobre todas las pacientes, incluida su fecha y lugar de nacimiento, estado civil, embarazos previos, abortos previos y las primeras dos letras de su nombre y apellidos.

Las pacientes que se desplacen a la ciudad de Nueva York en busca de píldoras abortivas, como hacen muchas mujeres procedentes de estados que prohíben el aborto, tendrían que revelar en qué estado viven.

En un correo electrónico poco antes de que la política revisada entrara en vigor en enero, un vocero del departamento de salud de la ciudad, Patrick Gallahue, defendió los requisitos.

“Necesitamos datos para ayudar a mejorar los servicios, identificar lagunas, asignar recursos para hacer frente a las desigualdades y, en última instancia, proporcionar una mejor atención”, dijo, y agregó: “Los cambios solo hicieron más claro el requisito existente, es decir, que los datos de aborto médico también deben ser compartidos, con el objetivo de mejorar la atención a las comunidades”.

Los funcionarios de la ciudad dieron respuestas similares en una entrevista en marzo, pero tres días después de la entrevista, la ciudad declaró que iba a modificar su postura de manera importante y que ahora apoyaría eliminar o hacer opcionales muchos detalles que pudieran identificar a la paciente y que antes eran obligatorios.

Incluso algunos funcionarios de sanidad de estados con estrictas restricciones al aborto han reconocido el riesgo que los datos podrían suponer para la privacidad de las pacientes. En Indiana, que permite el aborto en casos limitados, entre ellos para proteger la salud o la vida de la paciente y en caso de anomalías fetales mortales, el departamento de salud decidió dejar de hacer públicos los informes caso por caso que incluían información demográfica y sobre el proveedor. El departamento consultó al asesor de acceso público del estado, que concluyó que tales registros tienen “información que podría ser objeto de ingeniería inversa para identificar a pacientes”.

El fiscal general de Indiana, Todd Rokita, un conocido opositor al aborto, envió un escrito al gobernador y a los líderes legislativos en el que afirmaba que, sin esos registros, los ciudadanos no podrían presentar quejas contra los proveedores de abortos ante su oficina y, por lo tanto, según la ley de Indiana, no se podrían iniciar acciones coercitivas contra los proveedores.

Como los registros dejaron de darse a conocer, escribió: “Las leyes provida de Indiana se volvieron inaplicables”.

Instó a la legislatura a tomar medidas y aseguró que el “propósito de la ley de datos sobre abortos de Indiana es exigir informes de acceso público para que los proveedores de abortos rindan cuentas y cumplan la ley”.

c.2024 The New York Times Company