Con fuertes críticas, el gobierno de Maduro suspende la oficina de Derechos Humanos de la ONU en Venezuela

BOGOTÁ.- Ultimátum de 72 horas para Naciones Unidas en Caracas. El gobierno de Venezuela ha decretado el cierre inmediato de la oficina en Caracas del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), como represalia por las denuncias realizadas ante la desaparición forzada y encarcelamiento de Rocío San Miguel, relevante figura de la sociedad civil venezolana.

Los funcionarios adscritos a la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado en Venezuela disponen de 72 horas para abandonar el país “hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de Naciones Unidas”, anunció hoy el canciller del gobierno bolivariano, Yván Gil.

“Esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanente se confabulan contra el país”, añadió el ministro de Exteriores.

El encarcelamiento de San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, desencadenó una oleada de censuras y críticas, a las que se unió el Alto Comisionado, Volker Türk, quien exigió “su liberación inmediata y respeto a su derecho a la defensa legal”. Lo que más irritó al gobierno de Maduro fue que calificara como “desaparición forzada” lo sucedido con la activista, que estuvo más de 100 horas en paradero desconocido e incomunicada, que no contó con sus abogados ni antes ni durante su presentación nocturna ante una tribunal antiterrorista y que además sufrió la captura de cinco familiares muy cercanos, incluida su hija Miranda, que como su madre también cuenta con doble nacionalidad hispanovenezolana y vive en Madrid.

Sobre la activista de derechos humanos, que permanece recluida en la infame prisión del Helicoide, pesa una acusación de terrorismo, conspiración y traición a la patria por colaborar, supuestamente, en un presunto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro, uno de los cinco denunciados en las últimas semanas desde el poder bolivariano.

“Lamentamos este anuncio y estamos evaluando los pasos a seguir. Seguimos interactuando con las autoridades y otras partes interesadas”, respondió de forma escueta una vocera de la oficina central, mientras sus funcionarios en Caracas comenzaban a preparar su salida del país. Previamente, las organizaciones venezolanas reclamaban en las últimas horas a la Oficina de la ONU que elevara su presión para visitar a San Miguel en su lugar de reclusión.

“Es una señal terrible de que el régimen quiere desconocer definitivamente lo que han sido sus compromisos suscritos en el Acuerdo de Barbados de octubre», señaló por su parte la líder opositora María Corina Machado. Al margen de San Miguel, cuatro miembros de Vente Venezuela, partido de Machado, permanecen encarcelados tras la última embestida bolivariana. Se trata de tres de sus coordinadores electorales en el interior del país y del líder sindical de los maestros, Víctor Venegas.

En contra de la oficina de la ONU en Caracas se sumó también la visita de Michael Fakhri, relator especial de la ONU sobre el derecho a la Alimentación. El funcionario contó con el respaldo de la oficina en sus distintos itinerarios, dificultados por las habituales medidas bolivarianas. Sus conclusiones no gustaron nada al chavismo: los CLAP, bolsas de comida parecidas a la libreta cubana de racionamiento y eje fundamental del sistema de control social del gobierno, se ha convertido en una “limosna caritativa” de bajo valor nutricional y mala calidad dentro de un sistema de clientelismo en el que se la niega a críticos y opositores.

“Esta medida aumenta la desprotección de las víctimas ante los abusos e intenta impedir el escrutinio de los órganos internacionales de protección ante las graves violaciones de derechos humanos”, criticó con dureza Provea, ong también situada en el punto de mira del chavismo por su denuncias acerca de la desaparición forzada de San Miguel. Horas antes, el fiscal general chavista, Tarek William Saab, amenazó a todos aquellos activistas que insistieran en la tesis de la desaparición forzada. “Delinquen al decir esas mentiras”, aseguró vehemente.

La oposición democrática, a través de la Plataforma Unitaria, alertó sobre “el carácter totalitario del régimen, quien no quiere la presencia activa de la comunidad internacional como testigo de las permanentes violaciones de derechos humanos. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que de manera unánime rechace esta decisión”.

“Este paso forma parte del mismo guion: radicalizarse contra algunos actores políticos por hacer contención ante el lamentable episodio de San Miguel mientras hablas de garantías electorales e invitas a algunas de estas mismas organizaciones a ser observadoras del proceso. Cuando el chavismo ve su continuidad en el poder comprometida, por escenarios electorales o extra-electorales, suelen apretar sus arremetidas contra el espacio cívico del país”, le dijo a LA NACION el consultor político Luis Peche Arteaga.

La apertura de una oficina tras los viajes de Michelle Bachelet y Türk a Caracas, aunque se trató de un proceso lento y preñado de obstáculos, provocó cierto optimismo entre los defensores de derechos humanos, quienes ahora se sienten en el centro de la diana chavista.

“Este arrebato tiene como objetivo real impedir que la Corte Penal Internacional (CPI) se instale en Venezuela o al menos retrasar todo lo posible, como han hecho hasta el momento. Maduro no quiere un ente que investigue sus crímenes in situ. La Oficina del Alto Comisionado en su último informe resaltó el ánimo de colaboración del gobierno, lo que había servido al régimen en escenarios internacionales”, deslizó el exfiscal Zair Mundaray desde su exilio en Colombia.