MONTEVIDEO.- El gabinete de Luis Lacalle Pou sufrirá más cambios en las próximas horas en medio de las nuevas revelaciones por el escándalo del pasaporte uruguayo del narcotraficante Sebastián Marset que derivó esta semana en la renuncia del canciller uruguayo Francisco Bustillo.

La suerte está echada para el ministro del Interior, Luis Alberto Heber; para quien lo sigue en el mando de la cartera de seguridad, Guillermo Maciel; y para el asesor presidencial Roberto Lafluf. Ese es el análisis que hacen dentro del gobierno de Luis Lacalle Pou y en forma unánime y enfática los principales dirigentes del Partido Nacional. Todos deben dejar sus cargos y se da por sentado que lo harán en las próximas horas.

La situación está de momento en “stand by”, pues no está previsto que el presidente uruguayo tome ninguna decisión hasta que vuelva de Estados Unidos -a donde viajó para reunirse con Joe Biden y tener varias otros encuentros- en la tarde del sábado. Según confirmaron los líderes partidarios, se reunirá a las 17 con todos los líderes de la coalición de gobierno.

Mientras tanto, el excanciller Francisco Bustillo declaró en la mañana de este viernes ante el fiscal de Delitos Económicos de 1er Turno, Alejandro Machado, quien investiga la entrega de un pasaporte a Marset el 30 de noviembre de 2021, en momentos en que este estaba en prisión en Emiratos Árabes. Marset había sido detenido 40 días antes por intentar ingresar a ese país con documentación paraguaya falsa.

Lo que a la distancia ha transmitido Lacalle Pou a sus allegados en el gobierno uruguayo es que tiene planificado dar declaraciones públicas sobre el episodio una vez descendido del avión, en el aeropuerto. Está al tanto de que en su partido -y ni que hablar en la coalición gobernante- no aceptan otro escenario que la dimisión de los tres funcionarios, y ha mantenido varias conversaciones con los involucrados y los referentes más importantes del Partido Nacional.

Lacalle Pou ha recibido intensas críticas por parte del Frente Amplio, pero incluso del líder del conservador Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, quien dijo estar “convencido” de que el primer mandatario tiene algún grado de participación en el escándalo. Es decir, Manini dijo “tener derecho a pensar” que Lacalle Pou dio la “orden” a Lafluf para que les pidiera a Maciel y la exvicecanciller Carolina Ache -el 25 de noviembre de 2022- que borraran una comprometedora conversación mantenida entre ambos vía WhatsApp sobre el caso de la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, de acuerdo a la versión que Ache aportó a la Fiscalía este miércoles al mediodía.

“Claramente el señor Lafluf no actuó por cuenta propia. Quiero saber por qué actuó como actuó”, dijo el jueves Manini en declaraciones al Canal 12, que entiende que, dado que este es un hecho “tan grave”, Lacalle Pou “ya debería estar en Uruguay” .

Funcionarios en la mira

La situación política es distinta para cada uno de los funcionarios salpicados por el escándalo. Los dirigentes blancos están “indignados” con Lafluf y Maciel por no haber puesto su cargo a disposición hasta el momento, o haber comunicado su renuncia tal como hizo Bustillo el miércoles, tras la revelación de los audios.

El enojo es de partida doble con Lafluf por haber viajado, en el medio de la crisis, hasta Río de Janeiro, en su calidad de asesor de la Conmebol, para presenciar la final de la copa Libertadores que se jugará este sábado entre Boca y Fluminense.

Ninguno de los dos ha querido hacer declaraciones públicas y, según sondeos que hizo El País, están a la espera de lo que “el presidente decida”, aguantando en silencio las acusaciones públicas que reciben hora tras hora, o también las salidas en falso que quedan al descubierto.

El caso de Heber es más pesado, no solo por lo que significa políticamente, sino por el camino de consecuencias políticas y parlamentarias que en el oficialismo proyectan al muy corto plazo, en caso de que el ministro continúe en el cargo. Es un hecho que no tiene respaldo en el Parlamento, ni siquiera de los propios legisladores nacionalistas, y podría enfrentar un mecanismo de censura.

Declaración de Bustillo

Mientras tanto, Bustillo fue indagado por el fiscal Machado sobre la tramitación y expedición del documento a Marset, cuyo paradero es hoy desconocido. Al salir de Fiscalía, Bustillo repartió un comunicado de prensa a los periodistas que estaban en el lugar y se negó a dar declaraciones, pese a la insistencia de los reporteros. En el texto explica, entre otras cosas, que le dijo a la exvicecanciller Carolina Ache “figuradamente” que perdiera el celular.

“En el curso de esa investigación administrativa, la funcionaria instructora le solicitó dos veces consecutivas a la Dra. Carolina Ache que aportara los whatsapp. Ella se negó en ambas oportunidades”, dijo Bustillo. “En una tercera oportunidad, Carolina Ache convocó a la instructora a concurrir a su despacho, quien pensó que era para entregarle los mensajes requeridos oportunamente. Sin embargo, se encontró con que Ache estaba acompañada por su abogado, el Dr Jorge Díaz, quien cuestionó a la instructora y aportó su escrito, que consta en la investigación administrativa. En este indicaba que, al pretender la entrega de esas comunicaciones personales, había un desvío del objeto de la investigación y le atribuyó un ánimo pesquisante. Ante esa rotunda negativa, la instructora debió culminar la investigación sin contar con dichas comunicaciones” .

“Cansado de esos reiterados y continuos planteos de Ache, y para terminar con este diálogo que en nada me vinculaba, es que le dije figuradamente que “perdiera” el teléfono en la conversación que ella subrepticiamente grabó, aislando y descontextualizando o que venía sucediendo en todo ese tiempo, durante el cual me planteaba constantemente sus dudas.

El 28 de agosto de 2022, en una interpelación a los ministros Luis Alberto Heber y al entonces canciller Bustillo por la concesión del pasaporte a Marset, trascendió que el gobierno había cesado en sus funciones al subdirector Nacional de Identificación Civil, Alberto Lacoste. En forma simultánea, se abrió una investigación administrativa por su actuación en cuanto a la expedición del pasaporte de Marset.

A su vez, la Cancillería también inició una investigación interna para detectar la existencia de eventuales irregularidades. El miércoles, Búsqueda consignó que Carolina Ache, asesorada por el abogado y exfiscal de Corte, Jorge Díaz, declaró ante el fiscal Machado que el asesor presidencial Roberto Lafluf le pidió a ella y al subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, borrar una conversación de WhatsApp entre ellos dos en la que hablaban, en 2021, de la peligrosidad de Marset.

Fuentes de la investigación sugieren que si fuese cierto lo que mencionó Ache sobre que tenía conocimiento de la destrucción de un documento del expediente de Cancillería, tendría la obligación de denunciarlo por ser funcionaria pública.

Ache sostuvo en la Fiscalía que dicha petición de Lafluf ocurrió a fines de noviembre de 2022, antes de ser llamada a declarar por la instructora de la investigación administrativa que se llevaba adelante en la Cancillería. Agregó que, como ya tenía un respaldo del chat que Lafluf estaba interesado en que desapareciera, aceptó borrarlo. Maciel, según declaró Ache, también lo borró. Luego Lafluf pidió que se labrara un acta con escribano dejando constancia de que no había hablado con Maciel sobre Marset. Pero Ache se negó y dijo que no cambiaría “el protocolo” entregado en la investigación de Cancillería.

En un diálogo telefónico ocurrido al otro día, Lafluf le dijo, siempre según Ache: “Presentá todo como está. Lo único que te voy a pedir es que vuelvas a entregar el protocolo”. Ache habría preguntado a Lafluf por qué debía presentar un nuevo protocolo. Y, según testificó la exvicecanciller, este le respondió: “Porque no está más; porque lo destruí”. Ache dijo al respecto: “Cómo llegó el protocolo desde el despacho del ministro a las manos de él, desconozco”.

Según las fuentes, de ser cierto lo que declaró Ache, la exvicecanciller está omisa hace casi un año en denunciar un delito -la destrucción realizada por Lafluf de un documento que integraba un expediente de la Cancillería- y tenía la obligación de denunciar ese ilícito porque había ocurrido en un área de su competencia, la Cancillería. Como no lo hizo podría haber violado el artículo 177 del Código de Proceso Penal (Omisión de los funcionarios en proceder a denunciar los delitos).

Por Joaquín Silva y Eduardo Barreneche