QUITO.- El asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, que conmocionó al país y al continente, se enlaza en una red delictiva transnacional que involucra a grupos narcotraficantes de Ecuador y Colombia, así como a los poderosos carteles mexicanos.

Fueron estas tres corrientes las que de alguna manera confluyeron en la muerte de Villavicencio, quien prometía destapar la connivencia entre el crimen organizado y autoridades políticas, judiciales y de seguridad. Allí, en ese complejo entramado de grupos aliados y enemigos, actúan casi con certeza quienes perpetraron el crimen.

El control de los laboratorios y la cocaína que se procesa en los departamentos colombianos de Nariño y Putumayo, fronterizos con Ecuador, estuvo hasta 2021 bajo el dominio del frente Oliver Sinisterra, una agrupación disidente que no se plegó a los acuerdos de paz de 2016 entre el gobierno de Colombia y las guerrillas de las FARC. Quien estaba al mando era Walter Patricio Arizala Vernaza, alias Guacho, un delincuente ecuatoriano.

Nariño y Putumayo concentran el 42 por ciento de los cultivos con matas de coca en Colombia, de acuerdo con el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilíctos (Simci) de Naciones Unidas en 2021. Y estos departamentos se han convertido en centro de acopio de gran parte de la cocaína (500 toneladas métricas) que se produce en Colombia.

El frente Oliver Sinisterra, junto a otras tres redes, mantuvo el control en la frontera y se encargaba del paso de la cocaína de Colombia hacia Ecuador, especialmente a Esmeraldas, un puerto con salida al Pacífico que se convirtió en plataforma para acopiar el estupefaciente y enviarlo a carteles mexicanos en Centroamérica.

Esa hegemonía de los capos colombianos en Ecuador se rompió a partir de 2021, cuando varios grupos delictivos locales se consolidaron y se unificaron en dos estructuras, que a sangre y fuego tomaron el control del narcotráfico en su territorio: Los Choneros y Los Lobos.

Socios extranjeros

Estas dos bandas, que agrupan a 22.000 delincuentes, tienen socios internacionales y libran una confrontación entre ellas por el control de la cocaína. Los Choneros, la más grande con unos 15.000 integrantes, trabaja con el cartel mexicano de Sinaloa y cuenta con varias subestructuras, como Las Águilas, Los Gángsters y los R-7.

Los Choneros surgió en los años 90 en Ecuador. Aunque empezaron como pequeños expendedores de estupefacientes, luego se extendieron a otros delitos como robos, secuestros, extorsión y sicariato. Uno de sus cabecillas, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cumple una condena de 34 años de prisión, lo cual no le impidió enviar amenazas de muerte contra Villavicencio.

La primera amenaza llegó el 28 de julio pasado, cuando un colaborador de la campaña del candidato fue abordado por varios sujetos en la ciudad de Manta. Los desconocidos le dijeron que querían enviarle “un mensaje” a Villavicencio de parte de Fito. “Es la última vez que tu candidato toca el nombre de Fito, la próxima le vamos a dar a él y a todos los que están con él”, fue la advertencia.

El número dos de la banda, Junior Roldán, conocido como JR, viajó a Medellín huyendo de las autoridades, en una señal más de los vínculos con los grupos colombianos. Pero, contrariamente a lo esperado, no logró la seguridad que buscaba, porque terminó asesinado por un escolta asignado supuestamente para cuidarle las espaldas.

Muerte en la cárcel

Fito y su banda también son señalados de estar detrás de las revueltas que dejaron más de 400 muertos en los penales del Ecuador. Un informe de inteligencia policial advirtió en 2021 que los líderes de Los Choneros ordenaron a los presos amotinarse y “empezar revueltas en todas las cárceles” para evitar el traslado de algunos jefes.

La banda de Los Lobos, por su parte, tiene cerca de 7000 integrantes y es aliada de otro cartel mexicano, Jalisco Nueva Generación. Igual que Los Choneros, cuenta con subestructuras, como los Lagartos, Ñetas y Choner Killer.

Los Choneros y Los Lobos, por si fuera poco, crecieron bajo el poder del narcotráfico y de alianzas con carteles de Brasil. Y cuentan con poder de fuego, porque los carteles mexicanos pagan la coca con fusiles de asalto. De allí que la criminalidad se haya arraigado, primero en las cárceles, y luego en las ciudades ecuatorianas. Las bandas luchan entre sí y en contra de las autoridades, muchas de las cuales a la vez estarían cooptadas por estos grupos.

Según la compañía de inteligencia de riesgo global Verisk Maplecroft, Ecuador está lidiando con un “aumento sin precedentes de la criminalidad brutal en todo el país”, donde la creciente tasa de homicidios está vinculada a “la creciente presencia de organizaciones transnacionales de tráfico de drogas y pandillas callejeras violentas”.

Desde 2016, la tasa de homicidios de Ecuador se disparó en casi un 500 por ciento con unos 22 asesinatos por cada 100.000 personas en 2022. Guayaquil, considerada la ciudad más peligrosa de Ecuador, registró 1390 muertes violentas en el primer semestre de este año, casi tantas como en todo 2022, y buena parte de las 3500 a nivel nacional.

Ecuador no es el único país sudamericano golpeado por las bandas de narcotraficantes en rápida expansión. Paraguay, un centro logístico clave para el mercado mundial de la cocaína, se ve afectado por fuertes casos de narcoviolencia, mientras que países tradicionalmente pacíficos como Chile y Uruguay también se enfrentan a un aumento de la delincuencia relacionada con las drogas.

Agencia Reuters y El Tiempo/GDA