Contraloría: referéndum busca "desmantelar controles sobre fondos públicos" en Costa Rica

San José, 18 jun (EFE).- La Contraloría General de la República (CGR) afirmó este martes que el referéndum que busca reformar la institución y que es impulsado por el Gobierno de Costa Rica, tiene la intención de "desmantelar el control sobre los fondos públicos" del país.

La contralora general, Marta Acosta, envió a los medios de comunicación un análisis sobre el proyecto de referéndum y aseguró que se trata de una iniciativa para "desmantelar el control sobre los fondos públicos" y facilitará las "contrataciones a dedo" sin concursos públicos.

"Eso es justamente lo que pretende el proyecto de referéndum: que obras públicas se puedan contratar a dedo, que no se registre deuda pública, que no se pueda alertar de una ilegalidad evidente en un proyecto, que una denuncia o auditoría no pueda derivar en la prevención de un acto irregular o de ineficiencia, entre otros efectos visibles", explicó Acosta.

El pasado 5 de junio, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, presentó al Congreso un proyecto de referéndum que pretende introducir reformas a la CGR, un ente fiscalizador de rango constitucional del que el mandatario se ha quejado constantemente.

El proyecto de 'Ley Jaguar', llamado así en alusión al felino con el que Chaves compara a la economía de Costa Rica, reforma seis artículos de la Ley Orgánica de la CGR y uno de la Ley de Control Interno de esa entidad.

Según Chaves, la iniciativa busca "fortalecer a la Contraloría desde el punto de vista del interés general de la nación" y que el objetivo es "evitar interpretaciones absurdas, arbitrarias e ilegales" de la CGR y contar con una institución "que funcione y no una que no avanza ni deja avanzar".

Diversos analistas han señalado que las reformas quitan controles sobre los fondos públicos, debilitan a la institución y resta poder a sus resoluciones de acatamiento obligatorio.

En su análisis de este martes, la contralora Acosta alertó que al quitarle facultades a la CGR también el Congreso perdería insumos que recibe de esa institución para el control de los fondos públicos.

"Cuando el fiscalizado, en este caso el Poder Ejecutivo, pretende diseñar el modelo de control que se le aplicará, escoge justamente uno que sea débil y con menor alcance", apuntó.

Acosta señaló que la iniciativa pretende hacer "enormes huecos" a los mecanismos de control y le impediría a la institución hacer prevenciones y sancionar irregularidades.

"La Contraloría no podría avisar a tiempo para evitar un perjuicio económico para la Hacienda Pública sino únicamente hasta que se materialicen los daños y sea demasiado tarde. Se elimina así toda la etapa de prevención como instrumento para detener potenciales ineficiencias, irregularidades o actos de corrupción", aseguró Acosta.

El presidente Chaves ha criticado duramente a la CGR durante los dos años que lleva en el poder, especialmente por una advertencia sobre el mecanismo que se acordó con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la construcción y posterior arrendamiento en terrenos del Estado de un conjunto de edificios llamado Ciudad Gobierno, valorado en 450 millones de dólares.

La CGR advirtió que ese modelo no está estipulado en la legislación costarricense.

Chaves también ha criticado una advertencia de la CGR hacia un proyecto de asociación pública privada con la que se pretende construir, con inversión privada en terrenos del Estado, una marina en la provincia de Limón (Caribe) con un costo de 850 millones de dólares.

(c) Agencia EFE