Conclusiones de los argumentos de la Corte Suprema sobre las leyes de medios sociales

Las leyes de Texas y Florida pretenden limitar la capacidad de las empresas de redes sociales de moderar el contenido de sus plataformas y podrían determinar el futuro de la libertad de expresión en internet.

El lunes, la Corte Suprema de EE. UU. escuchó durante casi cuatro horas los argumentos sobre un par de casos de la Primera Enmienda que cuestionan las leyes de Florida y Texas que buscan limitar la capacidad de las empresas de internet para moderar el contenido de sus plataformas. A continuación, ofrecemos algunas conclusiones:

Los casos podrían determinar el futuro del discurso en internet

A medida que la plaza pública se trasladó a internet en el siglo XXI, y empresas tecnológicas como Facebook, YouTube y X han tenido que lidiar con contenidos censurables, han surgido nuevos dilemas sobre el alcance y el significado de la libertad de expresión.

Florida y Texas promulgaron leyes que limitan la capacidad de las grandes empresas de internet para seleccionar y comisariar lo que se divulga en sus plataformas, en parte como respuesta a lo que algunos conservadores definían como censura de las opiniones de derecha por parte de Silicon Valley en nombre de la lucha contra la incitación al odio y la desinformación. Algunos de los ejemplos más notables fueron las decisiones de algunas plataformas de prohibir la participación del presidente Donald Trump, después de que hiciera múltiples publicaciones en las redes sociales afirmando de manera falsa que su derrota en las elecciones de 2020 había sido el resultado de un fraude, lo que provocó los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio.

Una asociación de empresas tecnológicas llamada NetChoice presentó una demanda, argumentando que las plataformas tienen derecho a moderar el contenido de sus sitios, una práctica que, según la asociación, es crucial para mantenerlas atractivas para usuarios y anunciantes. La coalición obtuvo medidas cautelares que impiden que ambos estados apliquen las leyes mientras se litigan cuestiones más amplias relacionadas con la Primera Enmienda.

La corte podría devolver los casos

Tanto los jueces liberales como los conservadores señalaron que preferirían disponer de un expediente más desarrollado sobre cómo sería el funcionamiento de la ley, lo que plantea la posibilidad de que la Corte Suprema devuelva el caso a los tribunales inferiores para que hagan más averiguaciones.

El juez Samuel A. Alito Jr., de tendencia conservadora, señaló que no había listas de cuáles eran las plataformas que estaban incluidas en la ley de Florida ni de todas las funciones que realizan esos servicios. Planteó la posibilidad de devolver el caso a instancias inferiores para debatir más a fondo temas como si la ley se aplica a otros servicios tecnológicos, como los mensajes directos y el correo electrónico, y de qué modo. La jueza Sonia Sotomayor, de tendencia liberal, indicó que se inclinaba por hacer lo mismo.

Ambas partes fundan sus reclamos en la libertad de expresión

Los representantes legales de los fiscales generales de Florida y Texas defendieron las leyes de sus estados y argumentaron que las grandes empresas de internet que gestionan plataformas de medios sociales que son esencialmente foros públicos no deberían tener la posibilidad de discriminar por opiniones políticas. Describieron la moderación de contenidos como censura.

Paul Clement, abogado de NetChoice, argumentó que “censura” era la palabra equivocada cuando no es el gobierno quien actúa y que, en cambio, las empresas estaban ejerciendo un “criterio editorial”. Sostuvo que era inconstitucional, en virtud de la Primera Enmienda, obligar a las empresas a publicar opiniones en contra de su voluntad.

¿Las redes sociales son como un periódico? ¿O como un teléfono?

El debate se remontó en varias ocasiones a precedentes relacionados con tecnologías más antiguas como punto de partida para concebir las plataformas. Henry Whitaker, procurador general de Florida, argumentó que las plataformas de medios sociales deben considerarse “operadores comunes”, como las compañías telefónicas, porque transmiten las comunicaciones de sus abonados, por lo que no se les debe permitir discriminar a los usuarios en función de sus opiniones. Pero Clement argumentó que son como los periódicos, citando un caso de 1974 que anuló una ley de Florida que obligaba a los periódicos a ofrecer el mismo espacio a los candidatos políticos que quisieran responder a editoriales o artículos de apoyo.

La amplitud de las leyes, especialmente la de Florida, es una complicación

Varios magistrados expresaron su malestar por el hecho de que el caso llegara a la Corte Suprema como una de las denominadas impugnaciones directas y manifiestas (facial challenges en inglés), lo que significa que los demandantes afirman que la ley es inconstitucional en abstracto y debe ser anulada en su totalidad. Otra manera de impugnar una ley consiste en afirmar que es inconstitucional cuando se aplica a determinadas categorías de actividades mientras que, por lo demás, se mantiene en vigor.

Tanto los jueces liberales como los conservadores sugirieron que la ley de Florida, que está redactada de forma más amplia que la de Texas, parece tener aplicaciones de mayor alcance que no se califican como conducta expresiva y, por lo tanto, quedan fuera de la protección de la libertad de expresión de la Primera Enmienda. Por ejemplo, sugirieron que la ley de Florida también parecería capaz de regular empresas como Uber o Etsy, que no publican contenidos.

Podría dictarse sentencia a finales de esta primavera

A veces, la Corte Suprema actúa con rapidez, pero es probable que en este caso se tome más tiempo. La cuestión concreta que se plantea a los jueces es si deben retirar las medidas cautelares de los tribunales inferiores que han impedido a Florida y Texas aplicar sus leyes mientras se litigan los recursos contra la Primera Enmienda.

Pero la línea que separa esa cuestión procesal del fondo del asunto es difusa: la norma para evaluar una orden judicial de este tipo incluye valorar si la parte que la solicita —en este caso, las empresas tecnológicas— tiene probabilidades de prevalecer. En consecuencia, lo que diga la Corte Suprema sobre la medida cautelar podría influir mucho en el resultado del litigio en su conjunto.

Charlie Savage
es corresponsal de seguridad nacional y política legal. Más de Charlie Savage

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