Ceden las protestas en Francia, pero los gremios mantienen la pulseada con Emmanuel Macron

PARÍS.– La décima jornada de movilización contra la reforma de la jubilación en Francia estuvo marcada este martes por una neta disminución de manifestantes, huelguistas e incluso la violencia callejera. No obstante, frente a un presidente que permanece inflexible, los sindicatos llamaron a una nueva jornada de movilización para el 6 de abril.

Tras el éxito de semanas anteriores, los sindicatos franceses esperaban este martes obtener una movilización reforzada de manifestaciones organizadas desde mediados de enero contra la reforma jubilatoria presentada por el presidente Emmanuel Macron, que debe aumentar la edad del retiro de 62 a 64 años.

No fue así. Según cifras del Ministerio del Interior unas 740.000 personas manifestaron en todo el país, contra 1,09 millones el jueves pasado. Para el sindicato comunista CGT, esa cifra alcanzó los 2 millones. En París, 93.000 personas respondieron presente en las calles, contra 119.000 el jueves pasado. Según la CGT, fueron 450.000.

La gran novedad de esta décima jornada fue la gran cantidad de jóvenes que decidieron participar: unos 400.000 según cifras oficiales y sindicales. Ese número quedó, sin embargo, atenuado por la débil cantidad de colegios y universidades bloqueadas: alrededor de 50 de los 5000 establecimientos del país.

Desalentados por el impresionante dispositivo policial decidido por las autoridades, los grupos más violentos parecen haber abandonado la idea de infiltrarse en las manifestaciones como sucedió en ocasiones anteriores. Cerca de 12.000 miembros de las fuerzas del orden fueron movilizados en todo Francia, unos 5000 solo en París. Al final del día, según el Ministerio del Interior, se habían producido unas 70 detenciones en la capital.

En el resto del país, la movilización también perdió aliento. Cinco días después de una reactivación, marcada por numerosos y violentos desmanes, las cifras tanto de las autoridades como de las centrales sindicales demuestran una participación en neta reducción. Ese retroceso fue a veces importante: entre 30% y 40% en Rennes y Brest, hasta 50% en Montpellier, 33% en Marsella.

La misma tendencia se registró en el terreno de las huelgas. La Educación Nacional anunció poco más de 8% de ausencias (contra 22% la semana pasada), los transportes urbanos funcionaron con escasas interrupciones e, incluso, la CGT se vio obligada a levantar el paro de los recolectores de desechos en París, por falta de huelguistas. Hubo, por el contrario, numerosas perturbaciones en los trenes de larga distancia y en algunos aeropuertos, obligados a anular cerca del 30% de sus vuelos.

Sin negociaciones

Pero la tensión perdura y el gobierno parece incapaz de hallar una salida para apaciguar la agitación social. Después de haber enardecido a sus compatriotas utilizando el artículo 49.3 de la Constitución para hacer aprobar la reforma jubilatoria sin pasar por el voto de la Cámara de Diputados, Macron parece hacer oídos sordos a todas las propuestas de diálogo lanzadas por los sindicatos moderados.

En esas condiciones, todos los ojos están puestos en la decisión del Consejo Constitucional, que debe decir si el texto de ley es conforme a la Carta Magna. Esa institución, creada el 4 de octubre de 1958 e integrada por nueve “sabios” provenientes de todo el espectro político, está encargada de pronunciarse sobre la conformidad de las leyes, ciertos reglamentos y es también garante de la regularidad de las elecciones nacionales y de los referéndums.

En este caso, su decisión debería anunciarse alrededor del 23 de abril y muchos esperan que ese cuerpo –que se limita a analizar los textos exclusivamente en el terreno constitucional– emita algunas objeciones, estableciendo así una obligada pausa al calendario previsto para la entrada en vigor de la ley. Para muchos constitucionalistas, eso es lo que debería suceder, teniendo en cuenta que el gobierno habría cometido algunos errores “técnicos” en todo el proceso de aprobación.

El Consejo Constitucional también debe decidir sobre la posibilidad de organizar un llamado “referéndum de iniciativa compartida (RIP)”, procedimiento introducido en la Constitución en la última revisión de 2008, mediante el cual se propondría a los franceses “afirmar que la edad legal de la jubilación no puede ser fijada más allá de los 62 años”.

Para que el Consejo pueda aprobar esa iniciativa, deben cumplirse varias condiciones. Entre ellas, ser presentada por un quinto de los miembros del Parlamento, es decir, por 185 votos. Una condición que ya quedó formalizada, pues 252 diputados y senadores –en su mayoría de izquierda– la firmaron.

Si todos los demás requisitos se cumplieran y el Consejo diera su luz verde, se abrirá entonces un periodo de nueve meses durante los cuales el Ministerio del Interior deberá organizar una recolección de firmas ciudadanas que, para que el plebiscito pueda ser organizado, no podrá ser inferior al 10% de los electores inscriptos en las listas electorales (unos 4,9 millones de franceses).

Sin prejuzgar sobre lo que será la decisión del Consejo Constitucional, para muchos actores del actual drama social –tanto de la oposición como también del Ejecutivo– la validación de ese RIP abriría un paréntesis que permitiría “poner en pausa” la reforma de la jubilación y apaciguar una situación que bien podría convertirse en incontrolable.

A juicio del constitucionalista Dominique Rousseau, “sería una excelente ocasión para que el jefe del Estado reanude el diálogo con los actores sociales, lance nuevos proyectos y, tal vez, en ese marco, vuelva a su proyecto de jubilación. Sería, en todo caso, un bienvenido cambio de método”.