La batalla legal del expresidente de EE.UU.: cómo siguen los otros casos judiciales que enfrenta Trump

WASHINGTON.- Donald Trump fue condenado este jueves del primero de los cuatro casos a los que se enfrenta, pero también es el único juicio al que es probable que se someta el candidato a la presidencia en 2024 antes de las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos.

Un jurado lo declaró culpable de falsificar registros comerciales para ocultar un pago por el silencio de la estrella porno Stormy Daniels en vísperas de las elecciones de 2016, lo que lo convierte en el primer expresidente de Estados Unidos en ser condenado en un juicio penal.

Los restantes casos legales contra Trump -dos relacionados con los esfuerzos para anular su derrota en las elecciones de 2020 y un tercero centrado en su almacenamiento de documentos secretos del gobierno en su club social de Florida- están todos empantanados en disputas legales que podrían impedir que cualquiera de ellos llegue a un jurado antes de que los votantes emitan sus votos.

Presidente entre 2017 y 2021, Trump ha conseguido paralizar el resto de los casos, evitando hasta ahora que se ventilen públicamente algunas de las acusaciones más graves de cara a los comicios del 5 de noviembre que lo enfrentarán a Joe Biden.

Trump niega haber cometido delito alguno y sostiene que las causas judiciales abiertas contra él por fiscales estatales y federales forman parte de un singular esfuerzo liderado por los demócratas para dañar su campaña.

Algunos de sus aliados republicanos en el Congreso -incluido el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson- se han unido a los ataques de Trump contra el sistema judicial, al acusar sin pruebas a Biden de orquestar los procesos.

Mike Davis, fundador del grupo conservador de defensa legal Proyecto Artículo III y un abierto defensor de Trump, dijo que la serie de casos legales había sido contraproducente para los adversarios de Trump, creando una impresión de “tirar todo contra la pared y ver qué se pega”.

El próximo acontecimiento importante en los casos legales de Trump será probablemente el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, previsto para finales de junio, sobre el reclamo de inmunidad de Trump en el caso federal de subversión electoral de 2020 por actos oficiales realizados como presidente.

La mayoría conservadora de 6-3 del tribunal -incluidos tres jueces nombrados por Trump- dio a entender en abril que estaba dispuesta a reconocer cierta inmunidad penal a los expresidentes.

Ese fallo podría obligar a la jueza de primera instancia de Washington, Tanya Chutkan, a decidir en los próximos meses si ciertas acciones de Trump citadas en la acusación deben ser eliminadas de los argumentos de la fiscalía.

El fallo también podría tener efectos en cadena en el caso de interferencia electoral en Georgia y en un caso federal de documentos clasificados en Florida. Los abogados de Trump han presentado demandas de inmunidad en ambos casos.

El caso de los documentos se ha visto frenado por una avalancha de recursos legales presentados por Trump y sus dos coacusados. Aileen Cannon, la jueza que preside el caso y a la que Trump propuso para el cargo, ha dado a los abogados de Trump un amplio margen de maniobra para atacar las acusaciones.

El 8 de mayo, Cannon retrasó indefinidamente el inicio del juicio. Ha programado audiencias en junio sobre las alegaciones de Trump de que el abogado especial Jack Smith, que lleva los dos casos federales, fue nombrado ilegalmente y que las agencias federales bajo la administración de Biden desempeñaron un papel indebido en la investigación.

El caso de Georgia se ha visto desviado por acusaciones de que la fiscal principal, Fani Willis, manchó la acusación al mantener una relación romántica con un abogado que contrató para trabajar en la investigación. El tribunal estatal de apelaciones accedió a considerar la demanda de Trump de que la oficina de Willis sea descalificada.

Se espera que la apelación dure varios meses, por lo que es casi seguro que el caso no vaya a juicio antes de las elecciones.

Los abogados de Trump han sugerido que cualquier otro juicio este año equivaldría a una interferencia electoral, mientras que los fiscales han citado un interés público en la pronta resolución de los casos.

Si gana en noviembre, Trump estaría en condiciones, como presidente, de cerrar los dos casos federales y podría intentar que los procesos estatales quedaran en suspenso.

Los retrasos significan que es poco probable que los votantes escuchen este año pruebas de que Trump conspiró para permanecer en el poder a pesar de perder las elecciones de 2020 o se aferró a registros gubernamentales altamente confidenciales a pesar de las advertencias de sus asesores de que no podía conservarlos.

“El interés público en conocer las pruebas en estos casos y obtener resultados en estos casos realmente no podría ser mayor”, dijo Kristy Parker, ex fiscal federal que ahora trabaja en el grupo de defensa Protect Democracy.

Una encuesta de Reuters/Ipsos de abril encontró que el 58% de los estadounidenses pensaban que era importante que los juicios penales de Trump tuvieran lugar antes de las elecciones.

Algunos expertos jurídicos han considerado que el caso de Nueva York es menos significativo que los demás, al tratarse de conductas más antiguas y sin mayores implicaciones para la democracia estadounidense o la seguridad nacional.

La encuesta de abril de Reuters/Ipsos reveló que una clara mayoría -el 64%- de los votantes consideraba graves los cargos, sólo ligeramente menos que en los otros casos.

Los fiscales argumentaron durante el juicio en Nueva York que el caso también tenía que ver con la interferencia electoral, enmarcando la falsificación de registros como parte de una conspiración más amplia para suprimir historias potencialmente perjudiciales sobre Trump en 2016.

Andrew Goudsward

Agencia Reuters