QUITO.- El candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, quien fue asesinado el miércoles por la noche cuando se retiraba de un acto político en Quito, venía denunciando hacía semanas amenazas contra él y su equipo de campaña.

Candidato de los movimientos de centro Construye y Gente Buena, y ubicado entre segundo y quinto lugar en intención de votos según las encuestas, Villavicencio había denunciado públicamente que el líder de un grupo criminal local ligado al cártel mexicano de Sinaloa lo había amenazado. El aspitante a la presidencia se enfocó en investigar los vínculos entre el narcotráfico y la política desde su época de periodista.

En una entrevista días atrás, Villavicencio mencionó que había recibido amenazas de muerte por parte de alias Fito, jefe del grupo delictivo y de narcotráfico Los Choneros, un brazo armado local del Cartel de Sinaloa.

“Varios militantes de mi campaña en Manabí han recibido la visita de emisarios de alias Fito, para decirles que si yo lo sigo mencionando y mencionando a Los Choneros me van a quebrar”, denunció.

“Esto lo que hace es confirmar que, efectivamente, nuestra propuesta de campaña afecta gravemente a estas estructuras criminales. Y aquí estoy yo, dando la cara. No les tengo miedo. Veinte años me he jugado en este país en contra de estas estructuras delictivas, y les reitero: no les tengo miedo”, había dicho.

En ese sentido, el periodista Carlos Vera le había expuesto a Villavicencio los riesgos que corría durante una reciente entrevista, que el propio Vera compartió en Twitter (ahora llamado X) poco después del asesinato. “Se lo advertí…que Dios lo guarde”, escribió el periodista.

Durante la entrevista del pasado domingo, Vera le decía al candidato: “Usted se va a armar con una cantidad de enemigos, de resistencia y de oposición que no lo van a dejar gobernar. O sea, ¿no es mejor estabilizar el país, lo que yo decía al principio, enderezar el barco; y dejar eso para el segundo periodo?”.

“Dejar un barco conducido por delincuentes sería peligrosísimo Carlos. Yo voy a tener 18 millones de amigos y unos 40.000 hdp de enemigos y me sentiré orgulloso de tener esos enemigos y tener un país entero de amigos con educación, con salud, con obra pública. Me siento honrado. Además, yo lo puedo hacer porque no soy nada. (...) No pierdo nada, no tengo nada que perder”, respondió Villavicencio. “Puede perder la vida. ¿Sabe qué es lo más importante para que usted cumpla su plan? Que esté vivo”, replicó el periodista.

En esa entrevista, Villavicencio había dicho que presentaría ante la fiscal general, Diana Salazar y el Contralor General del Estado una investigación sobre corrupción que tenía en el foco al expresidente Rafael Correa y su ex vice, Jorge Glas. Finalmente, el martes presentó una denuncia por la presunta concesión irregular de 21 campos petrolíferos del país, durante el gobierno de Correa.

La lucha contra la corrupción era uno de los principales focos de su campaña, bajo el lema “Es tiempo de valientes”. “Se acabó el tiempo de la amenaza (...) En año y medio vamos a someter al narcotráfico. No les tengo miedo [...] Lo único que pueden hacerme es matarme, y con eso liberamos a un pueblo entero. No le tengo miedo a la muerte, porque yo ya vencí sobre ella”, exclamó ante sus seguidores a comienzos de julio.

En otro acto, también exclamó: “Me han dicho que use chaleco [antibalas]. Aquí estoy, camisa sudada, carajo. ¡Ustedes son mi chaleco antibalas, yo no lo necesito! Ustedes son de un pueblo valiente, y yo soy valiente como ustedes (...). Aquí estoy. Dijeron que me iban a quebrar. Que vengan los capos del narco, vengan. Que vengan los sicarios. Se acabó el tiempo de la amenaza”.

Quiénes son Los Choneros y Los Lobos

Los Choneros es uno de los grupos criminales más poderosos del país. Según el diario El País, tiene su origen en los 90, en la ciudad costera de Manta y en la actualidad opera para el Cartel de Sinaloa con en el tráfico de cocaína. Está enfrentado a otros grupos como Los Lobos, lo Tiguerones y los Chone Killers, tres bandas que ejecutan operaciones de logística del tráfico de este narcótico para el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Mientras tanto, circula en redes sociales un video en el que presuntamente “Los Lobos”, una banda criminal que surgió de Los Choneros y luego se escindió, reivindica el magnicidio y lanza amenazas a otros candidatos, especialmente al empresario Jan Topic. Hasta ahora ninguna autoridad ecuatoriana señaló a ninguna organización delictiva específica como responsable de la muerte de Villavicencio.

“Queremos dejarle en claro a toda la nación ecuatoriana que cada vez que los políticos corruptos no cumplan con su promesa que establecemos cuando reciben nuestro dinero, que son millones de dólares, para financiar su campaña, serán dados de baja. Nosotros, la organización Los Lobos, asumimos la responsabilidad de los hechos suscitados la tarde de hoy y se volverá a repetir cuando los corruptos no cumplan”, dice un grupo de encapuchados armados en el video. No obstante, Correa afirmó en su cuenta de Twitter que el video es “fake”.

Patricio Zuquilanda, asesor de la campaña del candidato, dijo que Villavicencio había recibido dos amenazas de muerte, aunque no dio más detalles.

Zuquilanda relató que Villavicencio “tuvo anteriormente dos amenazas de muerte y a la tercera ha fallecido” y que “contaba con protección policial y contaba con protección privada”. Sobre el ataque, explicó que el candidato salió “protegido por sus guardaespaldas, sin embargo, dentro de la camioneta le disparan y fallece inmediatamente”.

“Las amenazas fueron hace poco tiempo; él denunció que tuvo estas amenazas de muerte y capturaron a una persona inicialmente”, agregó el asesor.

Zuquilanda también hizo un llamado a la comunidad internacional sobre Ecuador y cada uno de los países que sufren esta amenaza de la delincuencia y el narcotráfico: “La política no puede conducir a la muerte de ningún miembro de su sociedad, y la sociedad va a reaccionar inmediatamente ante esto”.

Edison Romo, coronel en retiro especializado en inteligencia militar que ha seguido el desarrollo de la campaña en el país, mencionó en una entrevista con la agencia AP a que Villavicencio “era una amenaza para organizaciones delictivas internacionales”. Dijo que la corrupción y la penetración del narcotráfico “en instituciones públicas y privadas es fuerte” y añadió que no se debe descartar ninguna hipótesis de investigación.

Una simpatizante que estaba presente en el último acto electoral del candidato antes de su asesinato recordó los momentos previos a su asesinato. “Estábamos contentos. Hasta bailó Fernando. Las últimas palabras fueron quién se mete con mi pueblo se mete con mi familia”, mencionó Ida Páez. “No puede quedar este crimen así, porque hay un capo de capos que estará riendo, que estará celebrando, pero el pueblo está llorando. Nos duele el corazón”, añadió.

Crimen de “carácter terrorista”

El mandatario Guillermo Lasso responsabilizó del ataque a miembros del “crimen organizado”, a quienes advirtió que “les va a caer todo el peso de la ley”.

El periodista era uno de los ocho presidenciables para las elecciones generales anticipadas en Ecuador, un país golpeado en los últimos años por la violencia vinculada al narcotráfico.

“La fecha de las elecciones previstas para el 20 de agosto se mantienen inalterables”, dijo la titular del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, en una declaración conjunta con Lasso divulgada por YouTube tras una reunión del gabinete de Seguridad y altos funcionarios de otras entidades estatales que se extendió hasta la primera hora del jueves.

Las autoridades dialogaron de urgencia en la sede de gobierno a raíz del atentado contra Villavicencio, que dejó nueve heridos (incluidos una candidata a asambleísta y dos policías). Un presunto atacante también falleció a causa de un cruce de balas con personal de seguridad y seis personas están detenidas, según la Fiscalía.

Para garantizar la celebración de las elecciones, el mandatario declaró el estado de excepción por 60 días en toda la nación, lo que le permite movilizar a militares en las calles. Además declaró tres días de luto nacional “para honrar la memoria de un patriota”.

“Este es un crimen político que adquiere un carácter terrorista y no dudamos que este asesinato sea un intento de sabotear el proceso electoral”, sostuvo Lasso.

Luego de una masacre carcelaria por enfrentamientos entre presos con nexos con el narco y el asesinato de un alcalde mientras recorría una obra, el gobernante a finales de julio decretó el estado de excepción para la localidad de Durán (suroeste) y las costeras provincias de Los Ríos y Manabí, donde se registran los más altos índices de violencia.

Villavicencio, exmiembro de la Asamblea Nacional disuelta por Lasso en mayo para dar paso a los comicios anticipados, aparecía segundo en la intención de voto con 13,2%, detrás de la abogada Luisa González (26,6%), única mujer en liza y afín al exmandatario socialista Rafael Correa (2007-2017), según la última encuesta difundida por la empresa Cedatos. Otros sondeos lo situaban en cuarta o quinta posición entre los ocho candidatos a la sucesión de Guillermo Lasso.

González y otros candidatos presidenciales como Yaku Pérez (líder indígena de izquierda, tercero con 12,5%), Otto Sonnenholzner (exvice de derecha, cuarto con 7,5%) anunciaron la suspensión de sus campañas y deploraron el asesinato.

Hace casi 10 años Villavicencio fue condenado a 18 meses de prisión y multa de 140.000 dólares por injurias al entonces presidente Rafael Correa, se refugió inicialmente en Estados Unidos pero luego volvió a Ecuador, en donde fue acogido en una comunidad indígena de la selva junto al asambleísta Cléver Jiménez, igualmente condenado.

Villavicencio cobró especial protagonismo durante el régimen de Correa, cuando denunció millonarios aportes de empresas privadas al partido de gobierno de entonces, Alianza PAIS, a cambio de la entrega de grandes obras de infraestructura estatal. De esa revelación se nutrió el caso judicial por el que el expresidente Correa fue condenado a ocho años de prisión por cohecho.

Después ejerció como presidente de la comisión legislativa de Fiscalización, donde continuó denunciando casos de corrupción.

Agencias AP y AFP