Departamento de Estado advierte sobre “represión sistémica y violenta” en Cuba

El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que había recibido pruebas creíbles de homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas y torturas de activistas políticos en una dura evaluación del historial del gobierno cubano publicada esta semana como parte del informe anual de la agencia sobre prácticas de derechos humanos.

En uno de los relatos más detallados de los últimos años, el informe advierte sobre “problemas importantes de derechos humanos” en Cuba y destaca la “represión sistemática y violenta” desatada por el gobierno de Miguel Díaz-Canel contra los cubanos que salieron a las calles en julio pasado para clamar por libertades políticas y mejores condiciones de vida.

El gobierno cubano ha admitido haber procesado a más de 700 personas, incluidas 55 entre 16 y 18 años, en relación con las protestas. Pero los grupos de activistas han documentado más de 1,400 arrestos.

El 12 de julio, “un policía disparó y mató a Diubis Laurencio Tejeda”, un hombre afrocubano desarmado que participaba en una protesta en el empobrecido barrio habanero de La Güinera, dice el informe del Departamento de Estado.

“Hubo informes confirmados de desapariciones a largo plazo por o en nombre de las autoridades gubernamentales”, agrega el documento. “Algunos detenidos y presos sufrieron abusos físicos y sexuales por parte de funcionarios penitenciarios u otros reclusos por instigación de los guardias”.

Entre los ejemplos incluidos, la agencia menciona el caso de las hermanas Garrido, María Cristina, escritora y activista, y Angélica. Ellas fueron golpeados por policías por participar en la protesta del 11 de julio en Quivicán, un pueblo cercano a La Habana. Angélica se desmayó tres veces por los golpes, dice el informe.

“Transfirieron a las hermanas a una comisaría, donde María Cristina recibió otra golpiza”, dice el reporte. Cuando la policía la trasladó a un centro penitenciario, “las autoridades la pusieron en una celda tan pequeña que no podía sentarse ni acostarse, y comenzó a experimentar fuertes dolores de cabeza. Luego la obligaron en repetidas ocasiones a gritar ‘¡Viva Fidel!’”

María Cristina fue condenada a siete años de cárcel, y su hermana a tres años.

La información recabada por el Departamento de Estado proviene de los testimonios y documentos obtenidos por familiares, activistas y organizaciones de derechos humanos, algunos confirmados en varios reportes de prensa.

Human Rights Watch y Amnistía Internacional también han condenado el trato dado a los manifestantes del 11 de julio en sus propios informes, describiendo varios casos de violación del debido proceso en los juicios que siguieron.

La evaluación del Departamento de Estado, publicada el martes, se produce cuando el gobierno de Cuba continúa anunciando duras sentencias contra los manifestantes.

Cinco miembros de una familia fueron condenados recientemente a pasar entre cinco y doce años de cárcel cada uno por sumarse a las manifestaciones de julio en El Caney, en Santiago de Cuba.

Un estudiante de música de la Universidad de las Artes en La Habana, Abel Lescay, también fue condenado a seis años de prisión por “desacato agravado” y “desorden público” por protestar en Bejucal, cerca de La Habana. La decisión fue criticada por el veterano defensor de la Revolución Cubana, el cantautor Silvio Rodríguez, quien instó a las autoridades a “rectificar” si habían cometido un “error”.

“El gobierno cubano ha sentenciado a 128 personas a un total de más de 1,900 años de prisión por manifestarse y expresar sus puntos de vista”, dijo Samantha Power, administradora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, en Twitter el miércoles. “Los artistas Maykel Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara se encuentran entre los más de 1,000 presos políticos en Cuba. Exigimos su liberación inmediata. “

Los funcionarios cubanos han negado las denuncias de tortura, desapariciones o violaciones del debido proceso en relación con las protestas masivas.

El jueves, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba dijo que “la operación de desinformación de derechos humanos de EEUU pretende desviar la atención de las graves violaciones contra su propia población, donde 1,009 personas fueron asesinadas a tiros por la policía en 2021”. Esos datos parecen provenir de una base de datos del Washington Post.

Pero la revisión del Departamento de Estado va más allá de la represión de los manifestantes para discutir la falta de condiciones sanitarias en las cárceles, el uso de las normas sobre el COVID-19 contra los disidentes, el aumento de los arrestos arbitrarios como una forma de coartar las actividades políticas, la negación de juicios públicos justos y los esfuerzos de las autoridades para suprimir la libertad de expresión.

Varios periodistas independientes han sido hostigados, detenidos o acusados en el último año, incluido el periodista Lázaro Yuri Valle Roca, sobrino del líder disidente Vladimiro Roca. Valle Roca fue detenido en junio del año pasado tras cubrir una protesta en La Habana.

“Valle Roca estuvo más de 100 días sin comunicación con su familia ni con su abogado, y se puso en huelga de hambre, pero la dejó por insuficiencia renal”, dice el informe.

Valle Roca fue acusado de “resistirse a las autoridades” y “difundir propaganda enemiga” y enfrenta una sentencia de seis años.

El Departamento de Estado también señala que “como resultado de la autocensura y la falta de acceso, muchos periodistas extranjeros rara vez publicaban historias sobre violaciones de los derechos humanos mientras están dentro del país”.

En cuanto a la rendición de cuentas, el informe concluye que “la impunidad fue generalizada”.

Según el reporte, “no se conocen casos de enjuiciamiento de funcionarios gubernamentales por abusos contra los derechos humanos, incluida la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes”.