Denuncian a funcionarios de Sembrando Vida por presuntamente pedir sobornos para mantener apoyos

Campesinos de Altamira, Tamaulipas, sufrieron primero por la sequía que mermó sus cultivos, y ahora luchan contra los funcionarios del programa federal Sembrando Vida que presuntamente les exigen sobornos, argumentando la pérdida de árboles, a cambio de mantener los apoyos.

Hugo Izaguirre Palacios, Raymunda Andrade, Fernando Izaguirre Andrade y Nereida Díaz Zumaya, pequeños productores originarios del ejido Cervantes, denunciaron las presiones económicas del secretario técnico Rosalino Abraam “L” y el facilitador Humberto “G” ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Bienestar (Sebien).

Ante esta situación, los afectados interpusieron un amparo ante un Juzgado federal y la primera decisión fue que Bienestar debe restituir los pagos mensuales de 5 mil 500 pesos que fueron suspendidos.

Sin embargo, las coordinaciones de programas federales de Tamaulipas y la territorial de Sembrando Vida han permanecido en desacato a esta orden, sin importar las pérdidas económicas, ni el daño a las garantías de las cuatro familias.

En tanto el delegado federal en Tamaulipas, Luis Lauro Reyes Rodríguez, decidió interponer un recurso de revisión y no acatar la orden judicial que protege a las y los campesinos ejidatarios.

Por su parte, Gabriela Ibarra Lozano, abogada de los campesinos, señaló que el coordinador estatal, Leonardo Martín Padilla Ríos, mantiene en labores a Rosalino “L” y Humberto “G” a pesar de las acusaciones. Aunado a lo anterior, denunció que acosa a los ejidatarios para que retiren la denuncia y amparo.

La lucha contra los sobornos de Sembrando Vida en Altamira

La lucha contra los sobornos emprendida por los campesinos de Altamira comenzó el 7 de febrero, cuando el personal de la Coordinación territorial de Sembrando Vida, conocido como facilitadores, suspendió el pago.

Para hacerlo, las personas identificadas como Rosalino Abraam “L” y Humberto “G” argumentaron que los productores no habían cumplido con las reglas de operación debido a algunos árboles malogrados en las parcelas, sin tomar en cuenta que la causa era la sequía.

“Entonces, los facilitadores que están aquí en la zona de Altamira empezaron a presionar a estas cuatro personas (…) querían que les dieran el 50% de lo que les llegaba para no revisarlos. Ya con eso, pues no iba a pasar nada”, afirmó la abogada Ibarra Lozano, en entrevista.

Para tener derecho al programa, los productores debían sembrar y cuidar 800 árboles maderables y frutales en parcelas de dos hectáreas y media, pero la sequía acabó con varios ejemplares.

“Tuvieron una merma de más del 40% porque no había agua; el agua que se estuvo dando, de marzo para acá, era para consumo humano, era para sobrevivir”, explicó la defensora.

Los productores descubrieron que los facilitadores usaban la pérdida de plantas como pretexto para presionarlos a pagar sobornos, ya que las reglas marcan varias etapas de avisos y pruebas antes de impartir una sanción, y no se cumplieron.

Por tal motivo, el 3 de marzo presentaron la denuncia NUC-863-2024 en la FGR en contra del secretario técnico del programa en Altamira, Rosalino Abraam “L”, y el facilitador Humberto “G”, por los delitos de abuso de autoridad e intimidación.

En la misma fecha, iniciaron el juicio de amparo 387/2024 en el Juzgado Décimo Tercero de Distrito, con sede en Tampico, por la suspensión de pagos del programa Sembrando Vida. Y, en efecto, la jueza Alejandra Ugalde Pérez otorgó la suspensión definitiva, reconociendo su derecho al programa social.

Sembrando Vida opera sin contexto ambiental, señalan productores

Desde hace cinco meses, las familias de Hugo Izaguirre Palacios, Raymunda Andrade Dina, Fernando Izaguirre Andrade y Nereida Díaz Zumaya no reciben la ayuda económica a que tienen derecho y tampoco sacan beneficio de lo sembrado.

“Son siembras a más de diez años, son árboles que van a tardar muchísimo en crecer”, dijo Gabriela Ibarra. “Y son árboles de un tipo de semilla que no se puede dar aquí en la zona, como la siembra de fresas y la siembra de guayabas, que no son para esta zona”.

Expresó que el programa presenta omisiones graves para un proyecto agropecuario, ya que carece de seguro catastrófico para casos de sequía o siniestros. Otra desventaja son las obligaciones impuestas a los beneficiarios, quienes están impedidos de retirar las plantas durante diez años o más.

“Aquí lo grave es que en dos hectáreas y media de su propiedad tienen sembrados estos 800 arbolitos, o 500 a lo mejor, pero ya no los pueden quitar”, dijo la abogada, “porque cuando reciben esas plantas, están etiquetadas por la Semarnat y no pueden quitarlos porque sería (un delito), deforestar”.

De este modo, en el ejido Cervantes, de Altamira, hay cuatro familias que poseen tierras de cultivo, pero ya no pueden decidir lo que producirán, al menos por un tiempo, y han perdido la ayuda federal por decisión de dos funcionarios.

Esta nota se publicó originalmente en Elefante Blanco.