ROSARIO.-”Santa Fe sigue apostando a lo público y muestra que algunas empresas del Estado son eficientes y eficaces, y que pueden dar respuestas. En este caso es el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) y vamos a hacer una inversión de $2000 millones para que nuestras plantas puedan producir medicamentos que en este momento no estamos produciendo”, afirmó el gobernador Maximiliano Pullaro.

El LIF es uno de los laboratorios de la red de producción pública de medicamentos, que es clave para la provisión de insumos farmacéuticos a menor costo al sistema público. De las 45 especialidades medicinales que se producen actualmente en el laboratorio 19 cuentan con certificación de su ente regulador, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), de manera que pueden tener circulación federal.

Por eso, Pullaro puso al laboratorio estatal como un ejemplo de “eficiencia” del Estado en momentos en que los repelentes escasean y tienen un alto valor en el mercado. Este organismo se creó en 1947 y en 1999 se transformó en una Sociedad del Estado. Hacia 2008 se convirtió en uno de los primeros laboratorios de producción pública en proveer al Programa Nacional Remediar.

Fuentes de la administración santafesina detallaron que el LIF produce actualmente 2720 frascos de repelente por día y proyecta contar con 110.000 para mayo. La intensificación en la producción apunta a combatir la epidemia de dengue que registró más de 25.000 contagios y 12 fallecidos en la provincia.

La ministra de Salud provincial, Silvia Ciancio, puntualizó que desde mediados de marzo se elaboraron 22.539 unidades de repelente Según la funcionaria, alcanzaron ese nivel de producción con un incremento del 50% del tiempo de fabricación en la planta del LIF, que pasó de trabajar ocho horas diarias a una jornada de 12. Con ese ritmo, el gobierno estima tener 110.000 unidades de repelente más entre la segunda quincena de abril y principios de mayo.

Durante todo 2023 el LIF produjo 82.873 frascos, una cifra que se busca duplicar este año. “Desde el inicio de la gestión tuvimos la firme decisión de reactivar la producción de repelentes, entendiendo que la situación de dengue iba a ser compleja”, apuntó Ciancio.

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Distribución

Actualmente, según explicaron en una conferencia de prensa, el repelente producido por el laboratorio estatal se distribuirá “como un medicamento” a mujeres embarazadas, personas con cuadros febriles o los que se identifiquen como casos sospechosos. “Ahí va el repelente, a través de una prescripción del equipo de salud”, indicó Ciancio y agregó: “Cerrada la semana epidemiológica con más de 25.000 casos de dengue, seguramente los repelentes puedan parecer pocos, pero no lo son. Y acá hay una decisión de seguir apostando por más producción”.

La ministra de Salud provincial recordó que el uso de este producto es “una estrategia más” para la prevención del dengue e instó a la población a seguir trabajando en el “compromiso individual y comunitario” para la eliminación del mosquito vector, el Aedes aegypti “Si no seguimos por la misma línea de cuidado en nuestro domicilio, o en los lugares donde trabajamos, ni el repelente, ni las atenciones, ni las consultas van a alcanzar”, sostuvo. “Es el mosquito que está alrededor de nuestra casa el que tenemos que eliminar. Y si no lo eliminamos, vamos a estar en problemas”, señaló.

Los funcionarios de la cartera de salud también se refirieron a la posible compra de la vacuna contra el dengue por parte del gobierno de Santa Fe ante la situación grave a nivel epidemiológico. La postura del gobierno nacional, ratificada en el Consejo Federal de Salud (Cofesa), es que la vacuna “no es una herramienta que esté validada para controlar la transmisión de la enfermedad en el contexto del brote”. Desde el Ejecutivo provincial, si bien defendieron la seguridad de la vacuna, informaron que seguirán los lineamientos de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain).

“Nosotros estamos convencidos que la vacuna es segura y eficaz, pero que no es oportuno en este momento. Necesitamos estudiar y protocolizar para un futuro inmediato lo que puede ser la vacuna, para evitar este brote que tenemos en nuestra provincia. Quedamos en el Cofesa de volver a reunirnos en un mes para tomar la definición en la Comisión Nacional de Inmunizaciones. Es allí nuestra mayor referencia, porque seguramente las vacunas que vamos a colocar sean a un grupo etario y focalizado, no en toda la provincia del mismo modo”, detalló Ciancio. “Valoro que el Ministerio de Salud de la Nación sea el organismo rector que lleve adelante este consenso para ver cómo trabajamos en los próximos meses”, agregó.

Pullaro ratificó que la provincia asumirá la compra de vacunas cuando la Conain lo disponga: “No es un tema de costos, es un tema de eficacia y eficiencia en la aplicación de los recursos públicos. Pero si es necesario, la provincia de Santa Fe va a comprar las vacunas para la población que así lo indique la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que es el órgano rector de esta política pública”.

Obra

En esa línea de desmarcarse de la postura de la administración de Javier Milei, una estrategia en la que Pullaro está embarcado desde que asumió, anunció una inversión de 2000 millones de pesos para concluir la Planta Unificada de Sólidos Betalactámicos y Ácido Clavulánico. Es una obra dentro del predio del LIF, que cuenta con un 67% de avance, pero que se encuentra paralizada desde 2022. Según indicaron, su finalización permitirá no solo volver a producir antibióticos como amoxicilina y cefalexina, que debieron tercerizarse por la ejecución de la obra, sino que además permitirá incorporar una formulación de amoxicilina y ácido clavulánico, en comprimidos y suspensión pediátrica. Se trata de un agente antibiótico de amplio espectro que sirve para el tratamiento de las infecciones bacterianas más habituales.

La defensa del sector público por parte de Pullaro se da en un momento particular: este jueves el gobernador participará, junto a los gobernadores de Juntos por el Cambio, de una reunión en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el ministro del interior, Guillermo Francos; y el ministro de Economía, Luis Caputo. El objetivo del gobierno nacional es lograr el apoyo de los mandatarios “dialoguistas” para avanzar en una nueva Ley de Bases en el Congreso.