Demolición de casas palestinas: Polémica estrategia israelí

TURMUS AYYA, Margen Occidental (AP) — Sanaa Shalaby dice que no sabía en qué andaba su exmarido hasta que soldados israelíes allanaron su casa en la Margen Occidental del río Jordán el mes pasado.

Ahora libra una batalla legal para tratar de impedir que Israel demuela la villa de dos plantas donde vive con sus tres hijos más pequeños. Sus esfuerzos enfocan la atención en la política israelí de demoler viviendas para castigar acciones en contra de su población, que según organizaciones defensoras de los derechos humanos constituye un castigo colectivo.

Las fuerzas de seguridad israelíes detuvieron a su esposo, Muntasser Shalaby, y lo acusaron de disparar al pasar desde un auto el 2 de mayo y matar a un israelí, hiriendo a otros dos, en la Margen Occidental. Israel sostiene que la demolición de las casas donde vive la familia es una forma de evitar ataques perpetrados por personas que esperan ser detenidas o morir en esas acciones y ser glorificadas por los palestinos.

El Departamento de Estado norteamericano criticó estas demoliciones y un informe interno de los militares israelíes cuestionó su efectividad en los años 2000. El caso de los Shalaby —toda la familia tiene ciudadanía estadounidense— podría reavivar el debate. Se espera que la Corte Suprema emita su dictamen sobre la demolición la semana que viene.

Sanaa y su esposo están separados desde hace casi una década. Él vivía en Santa Fe, Nuevo México, donde tenía una exitosa tabaquería y se casó con otras tres mujeres en ceremonias musulmanes privadas no reconocidas por las autoridades estadounidenses.

“Nuestra religión lo permite”, dijo Sanaa. “Yo no estoy de acuerdo con eso”.

Su exmarido regresó a la Margen Occidental en abril para lo que ella describe como una visita anual para ver a sus hijos. También buscó tratamiento para una paranoia tras estar internado en Estados Unidos en años recientes, según la declaración que hizo a su abogado.

Sanaa dijo que no sabía nada del ataque y que no tenía indicio alguno de que planeaba algo.

“La gente comete delitos mucho peores que este en Estados Unidos y no te demuelen la casa”, declaró. “Quien sea que hizo eso, debe ser castigado, pero no es culpa de su familia”.

Cuando llegaron los soldados tras el ataque hicieron tremendo revuelo en la casa y detuvieron brevemente a su hijo de 17 años. La mujer cuenta que llevaban un perro muy grande que la aterrorizó a ella y a sus hijos menores, un varón de 12 años y una nena de nueve. Los soldados regresaron a las pocas semanas para preparar la demolición.

Sanaa dice que sus hijos se pasan todo el día en la cama y no quieren ir a la escuela. “Conozco a mis hijos. Nunca fueron así”, manifestó. “Mi hijo Ahmed tiene que tomar sus exámenes finales y no puede estudiar. Abre un libro, lee un par de páginas y lo deja”.

Un funcionario israelí dijo que los organismos de seguridad consideran que las demoliciones son un arma efectiva. Declinó comentar el caso de Shalaby, pero destacó que las personas son informadas acerca de la demolición y que tienen derecho a acudir a los tribunales para tratar de impedirla.

Agregó que Sanna podría tener “buenos argumentos” para que le suspendan la demolición.

El funcionario habló a condición de no ser identificado porque no estaba autorizado a hacer comentarios.

HaMoked, una organización de derechos humanos israelí que ha representado a decenas de familias que quieren evitar la demolición y que lleva el caso de Sanaa, dice que rara vez estas gestiones prosperan. De los 83 procesos entablados desde el 2014, solo se pudo evitar 10 demoliciones. Las viviendas son generalmente derribadas total o parcialmente, y las de varios departamentos son selladas permanentemente.

Jessica Montell, directora ejecutiva de esa organización, dijo que desde un punto de vista legal, el que las demoliciones sirvan o no como disuasivo de ataques es irrelevante.

“No castigas a gente inocente en forma colectiva porque son parientes de un delincuente, en la esperanza de que eso desaliente a futuros delincuentes. Es una política ilegal e inmoral, sin importar su efectividad”, afirmó.

Una campaña de colonos judíos para desalojar a decenas de familias palestinas de sus casas en la parte oriental de Jerusalén fue uno de los detonantes de la guerra de 11 días en Gaza del mes pasado, en la que aviones israelíes destruyeron cientos de viviendas.

Tanto los desalojos como las demoliciones recuerdan a los palestinos la “nakba”, o la “catástrofe” que siguió a la guerra de 1948, cuando unos 700.000 palestinos fueron desplazados de lo que es hoy Israel.

Shalaby dice que está en constante contacto con la embajada de Estados Unidos, pero que le dijeron que no pueden hacer nada al respecto.

La Corte Suprema israelí analizará el caso el 17 de junio.