Delincuentes de bata blanca

Exagerada. Intensa. Loca. En sus días. A esos calificativos nos enfrentamos las mujeres cuando expresamos no sólo lo que sentimos, sino nuestros pensamientos y decisiones. Ocurre cotidianamente, en todos los espacios de interacción social: desde esos prejuicios se forma un caldo de cultivo ideal para normalizar las violencias de género.

La palabra de las mujeres víctimas está siempre atravesada por cuestionamientos de índole emocional ligados al machismo estructural, incluso si las afectaciones de la violencia son comprobables por la ley o la ciencia. Cuando leí el reportaje de Marcela Nochebuena sobre el “rey del parto inducido”, no podía creer que el Consejo Mexicano de Ginecología duda sobre los reportes de violencia obstétrica bajo el pseudo-argumento de que las mujeres “están en un evento emocionalmente no óptimo para contestar si fueron o no tratadas bien”.

Son exageradas, intensas, locas o están pariendo: ¡no les crean!

Las historias documentadas por Animal Político sintetizan agresiones y negligencias que llevaron a bebés al límite de la vida, cesáreas no informadas, tratamientos de inseminación sin consentimiento o afectaciones de salud permanentes luego de la inducción arbitraria del parto.

Hay 17 víctimas cuyo testimonio nutre este ejercicio periodístico inédito que le pone rostro humano a un tipo de violencia que se vive en el silencio, condicionado por un pudor socialmente mal entendido. Son la punta del iceberg. La cruda realidad es que la violencia obstétrica sucede mucho más de lo que parecemos dispuestos colectivamente a creer; es un problema global de salud pública y tenemos que hablar, cada vez más, de ella.

Aunque algunos médicos la vinculen con fallas de percepción en las víctimas por su “estado emocional”, se encuentra tipificada en el Artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el  201 del Código Penal de la CDMX, que además establece penas de hasta 6 años de prisión al trato deshumanizado, abuso de medicación y patologización de los procesos naturales que atenten contra el derecho a decidir libre y voluntariamente sobre la función reproductiva de las mujeres.

Los esfuerzos a nivel global para combatirla son heterogéneos y es difícil hallar datos abiertos. En Estados Unidos, por ejemplo, el Obstetric Violence Project encontró que 28.1 % de las mujeres embarazadas entre 2010 y 2016 experimentó violencia por parte del personal médico; la principal forma de agresión fueron gritos, con 8.5 %, seguida de solicitudes ignoradas con 7.8 % y abuso físico en 1.3 % de los casos.

Etiopía, como estampa contrastante con un país del primer mundo, tiene un estudio realizado por la Universidad de Dilla revelador de que un alarmante 79.7 % de las mujeres encuestadas sufrieron violencia obstétrica en las siguientes modalidades: 66 %, falta de consentimiento para el tratamiento médico (cesárea o métodos anticonceptivos); 40.5 %, atención deficiente y, aunque su peso en frecuencia fue bajo, con 2.6 %, también se reportaron casos de violación sexual.

En México, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 refiere que 31 % de las mujeres de 15 a 49 años que tuvieron un parto en los últimos cinco años sufrió algún tipo de maltrato o negligencia por parte del personal que la atendió.

Destacan entre las principales agresiones: gritos y regaños por parte del personal médico (35 %); presión para colocarle algún método anticonceptivo o incluso la operaran para ya no tener hijos (31 %); indiferencia del personal ante las preguntas sobre su parto o el estado de su bebé (28.6 %); retraso en la atención (25.6 %) y le dijeron cosas ofensivas, humillantes o denigrantes (20.3 %).

A finales de 2019, la Asamblea General de la ONU emitió una lista de recomendaciones para los Estados que incluyen garantizar la reparación a las víctimas de maltrato y violencia obstétrica, en particular una indemnización económica, el reconocimiento de la conducta inapropiada, una disculpa formal y una garantía de que el hecho no volverá a repetirse.

El horizonte de justicia trazado por la ONU no será posible mientras haya, si se me permite la expresión, delincuentes de bata blanca operando en la impunidad. Nombrar, visibilizar y sacar a la luz los casos es un primer paso: en él podemos contribuir todas y todos.

Para quienes aún no están listas para denunciar, pero sí para iniciar su proceso de empoderamiento e incluso hacer un reporte anónimo, está disponible 24/7 y a nivel nacional el servicio de apoyo jurídico y psicológico del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México a través de la Línea Mujer y Familia y el Chat de Confianza, ambos en el 55 5533 5533. ¡Acompañémonos!

* María Elena Esparza Guevara (@MaElenaEsparza) es Consejera en Género del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX y fundadora de Ola Violeta A. C., desde donde trabaja por el derecho a la conciencia corporal de niñas y mujeres. Doctoranda en Historia del Pensamiento en la UP, Maestra en Desarrollo Humano por la Ibero y egresada del Programa de Liderazgo de Mujeres en la Universidad de Oxford.