Caso Wallace: la Defensoría Pública deja sin representación a Brenda Quevedo y Juana Hilda González

En agosto de 2022 aparecieron, por segunda ocasión en la Ciudad de México, decenas de espectaculares colocados por la empresa Showcase Publicidad, propiedad de María Isabel Miranda Torres, y cuyo apoderado legal es su hermano, Roberto Miranda Torres. La primera vez fue en el 2006, y en ellos Isabel ofrecía recompensa a quien diera información con la que se pudiera localizar a quienes ella decidió serían los responsables del supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda: sus víctimas.

Isabel Miranda expuso a Brenda Quevedo, Juana Hilda González, Jacobo Tagle, Albert y Tony Castillo Cruz, y César Freyre, como “secuestradores” y “asesinos”, a pesar de que ninguna de estas personas cuenta con sentencia firme y, por ende, son inocentes y se les debe presumir como tal. Meses después, Isabel acompañaría esta estrategia con una retorcida “experiencia inmersiva” en el Parque México, en la Alcaldía Cuauhtémoc.

A partir de entonces comenzó una lenta batalla legal en contra, no solo de Isabel Miranda y sus allegados, sino de las alcaldesas y alcaldes, y otras instituciones de la Ciudad de México, que le permitieron colocar estos espectaculares. Esta estrategia estuvo a cargo de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura (STCT) del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), e incluyó decenas de demandas de amparo, denuncias y quejas administrativas que a la fecha siguen en curso.

También en agosto de 2022, la defensa de Brenda solicitó al juez a cargo de su juicio, adoptara las medidas necesarias para garantizar su derecho humano a la presunción de inocencia. Como en muchas otras ocasiones durante los 18 años que lleva este juicio, decidió no actuar en favor de las víctimas de la fabricación.

Fue hasta noviembre de 2023, tras varios recursos legales, que un Tribunal Colegiado en la Ciudad de México reconoció que el juez de la causa incumplió con la obligación de garantizar el derecho a al presunción de inocencia de Brenda, y le ordenó adoptar las medidas necesarias para garantizar este derecho humano. Poco tiempo después, el juez ordenó a Isabel Miranda abstenerse de emitir cualquier pronunciamiento público que pudiese atentar contra la presunción de inocencia de Brenda.

En cuanto a los juicios en contra de las alcaldías de la Ciudad de México por permitir la exposición de los espectaculares, en enero de 2024 el 24º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México fue el primero en resolver a favor de Brenda Quevedo, y ordenó a las autoridades de la Alcaldía Tlapan:

•Verificar que la autorización concedida a “Showcase” fuera otorgada conforme a la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México.

•Ordenar visitas de verificación.

•Dictar las medidas cautelares pertinentes para impedir la visualización de los anuncios de Isabel Miranda (a través de Showcase”) relacionados con Brenda y el llamado “Caso Wallace”.

•En su caso, iniciar el procedimiento administrativo sancionador en contra de la o las personas servidoras públicas que otorgaron esas licencias o autorizaciones.

El abandono e indiferencia del IFDP

Las decisiones de los Tribunales Colegiados son un fuerte “hasta aquí” a Isabel Miranda, quien desde 2005 ha vulnerado permanentemente los derechos de Brenda, Juana Hilda, y el resto de sus víctimas mediante entrevistas, espectaculares, “experiencias inmersivas”, y videos, entre otros mecanismos que ha utilizado para difundir información falsa y sostener una mentira por casi 19 años.

Desgraciadamente, desde noviembre de 2023 la actual Secretaria Técnica de Combate de Tortura del IFDP dejó sin representación tanto a Brenda como a Juana Hilda en los juicios y la investigación penal relacionados con los espectaculares de Isabel Miranda.

El 7 de noviembre de 2023 renunció al cargo de Subdirector de Área de la STCT el único abogado que quedó en representación de Brenda y Juana Hilda después de la llegada de Norma Piña como Presidenta de la SCJN y Taissia Cruz como Directora del IFDP. Este funcionario, quien además fue agredido físicamente por Roberto Miranda y expuesto públicamente por Isabel Miranda, por la representación en estos juicios, informó sobre el estado de indefensión en el que quedaron quienes hasta entonces fueron representadas por la STCT.

A pesar de tener conocimiento de que, desde el 7 de noviembre, Juana Hilda y Brenda no contarían con representación para impulsar el cumplimiento de esta sentencia o presentar los recursos correspondientes en los demás juicios, la funcionaria pública violó su derecho a contar con un abogado en los procesos en donde se ven involucrados sus derechos humanos. Esta omisión le costó a Juana Hilda, por ejemplo, la posibilidad de recurrir la sentencia emitida en un juicio similar ante el Juzgado 6º de Distrito de Amparo en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

La indiferencia del IFDP en general, y de la STCT en particular, para brindar los servicios legales de calidad a los miles de personas sobrevivientes de tortura, ha sido una constante desde la llegada de Taissia Cruz como directora. Este fracaso no solo se ve en casos individuales como el de Brenda y Juana Hilda, también lo hemos visto en otras situaciones como la crisis de derechos humanos que se vive en el CEFERESO 16, “el cementerio de las vivas”, donde también viven Brenda y Juana Hilda.

Desde hace más de un año, la STCT ha sido totalmente indiferente y ajena a las personas a quienes debe representar. No solo no se tiene control de los juicios, con las consecuencias irreparables que ello puede causar, también se ha roto el sigilo en investigaciones penales, y se ha dejado personas sin representación legal.

En el IFDP, como en otras áreas del Poder Judicial -posiblemente por el desencuentro político existente entre Piña y Zaldívar-, las estrategias que se iniciaron en la administración de Arturo Zaldívar (incluso aquellas que han resultado exitosas), fueron descontinuadas, en el mejor de los casos. A más de un año de la llegada de Norma Piña, el único sustento que tiene IFDP para justificar su “trabajo” son los resultados de litigios, mejoras estructurales, e implementaciones normativas que se hicieron en la administración pasada.

Las omisiones de la STCT son objeto de una investigación administrativa (0007673/24) ante el Consejo de la Judicatura Federal. El mecanismo de quejas y denuncias del CJF es el único recurso que tiene la sociedad para la vigilancia y supervisión de la labor de las personas funcionarias del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, difícilmente esta o cualquier otra denuncia en contra del personal del IFDP tendrá un resultado objetivo, cuando quien preside la Comisión de Disciplina del CJF, la consejera Lilia Mónica López Benítez, ya intentó desecharla “fast track” en una ocasión, y expresa públicamente su cercanía personal con la directora del IFDP, privando de la más mínima imparcialidad cualquier procedimiento disciplinario que se pudiese iniciar.

Si la Ministra Norma Lucía Piña en verdad no está favoreciendo a María Isabel Miranda Torres desde el Poder Judicial de la Federación, tomará las medidas necesarias para garantizar que Brenda Quevedo, Juana Hilda González, Jacobo Tagle, Albert y Tony Castillo Cruz, y César Freyre cuenten con asistencia legal adecuada y de calidad por parte del Instituto Federal de Defensoría Pública en todos los procesos que involucren una posible decisión sobre sus derechos.

* Salvador Leyva Morelos Zaragoza (@eseleyva1) es abogado defensor de derechos humanos.