Decisión de la Corte Suprema de la Florida tiene grandes consecuencias para el controvertido mapa congresual del gobernador

La Corte Suprema de la Florida se negó el lunes a acelerar una refutación a un plan de modificación de distritos congresuales que el gobernador Ron DeSantis impulsó a través de la Legislatura en 2022, lo que probablemente signifique que el mapa en disputa permanecerá en vigor para las elecciones de este año.

La corte emitió una orden de una sola frase que no explicaba sus razones para denegar una solicitud de grupos de derecho al voto y otros demandantes para acortar los plazos y sostener los argumentos durante la primera semana de abril.

Pero con un período de calificación programado del 22 al 26 de abril para los candidatos al Congreso, los abogados de los demandantes reconocieron en una moción del 1º de febrero que el mapa en disputa probablemente seguiría en vigor para las elecciones de este año a menos que la Corte Suprema acelerara el caso. Además de solicitar que los argumentos se presentaran a principios de abril, la moción incluía la solicitud de un calendario más corto para la presentación de escritos.

“Si no se acelera el calendario, los peticionarios y los floridanos volverán a votar bajo un plan de modificación de distritos de dudosa legalidad”, decía la moción, en referencia al controvertido mapa que también se usó en las elecciones de 2022.

La orden de la Corte Suprema se produjo después de que los abogados del secretario de Estado, Cord Byrd, y de la Legislatura presentaran un documento el viernes objetando la aceleración del caso. Los abogados del estado escribieron que un fallo del Tribunal de Apelaciones del 1º Distrito, que confirmó el plan de modificación de distritos, ha ofrecido certeza a los funcionarios electorales mientras se preparan para las elecciones de 2024.

“Aunque los peticionarios (los demandantes) pueden estar en desacuerdo con el estado actual de las cosas, el tribunal de distrito proporcionó claridad a los funcionarios electorales del estado y de los condados cuando afirmó el mapa electoral del estado, y esta Corte [Suprema] consolidó esa claridad cuando puso este caso en la vía ordinaria de presentación de información”, escribieron los abogados del estado. “Acelerar los procedimientos ahora solo volvería a poner en duda el proceso electoral del estado en 2024” y daría lugar, en parte, a la confusión de los funcionarios electorales.

El caso se centra en un distrito del norte de la Florida que en el pasado eligió al demócrata negro Al Lawson, pero que fue revisado en el plan de modificación de distritos aprobado durante un período especial de sesiones legislativas en abril de 2022. La reforma situó al distrito, el Distrito Congresual 5, en la zona de Jacksonville, y los republicanos blancos ganaron todos los escaños del Congreso del norte de la Florida en las elecciones de noviembre de 2022.

Los demandantes argumentan que la revisión infringió parte de una enmienda constitucional estatal de 2010, conocida como la Enmienda de Distritos Justos, que prohíbe trazar distritos que “disminuyan” la capacidad de las minorías para “elegir representantes de su elección”. Aunque un juez de circuito del Condado León dio la razón a los demandantes, el 1º de diciembre el Tribunal de Apelaciones del 1º Distrito anuló esa decisión y falló a favor del estado.

El 24 de enero, la Corte Suprema emitió una orden en la que comunicaba que iba a examinar el caso. La orden dio a los abogados de los grupos de derecho al voto hasta el 28 de febrero para presentar un escrito inicial, seguido de 30 días para que los abogados del estado presenten lo que se conoce como un escrito de respuesta. Los grupos de defensa del derecho al voto tendrían entonces 30 días para presentar otro escrito, y la orden planteaba la posibilidad de que el estado dispusiera de 30 días para presentar un escrito adicional.

La orden no fijó una fecha para los alegatos, que seguirán a la presentación de los escritos. Decía que los abogados “serán notificados de la fecha de los alegatos orales aproximadamente 60 días antes de los mismos”. Además, los fallos pueden tardar meses después de la presentación de los argumentos, y la Legislatura pudiera verse obligada a reunirse para trazar un nuevo mapa congresual si los demandantes ganan el caso.

Otra impugnación del plan de modificación de distritos está pendiente en un tribunal federal. Ese caso implica asuntos constitucionales federales.