'No debió haber pasado': funcionarios de asilo detallan los testimonios de abuso de migrantes

Un hondureño que buscaba refugio en Estados Unidos comentó que un agente de la Patrulla Fronteriza le dijo que no le iban a otorgar el asilo —una resolución que el funcionario no estaba autorizado para tomar— y, cuando el migrante se rehusó a firmar el papeleo, el agente le dijo que lo iba a meter a la cárcel, donde lo iban a violar.

En un informe que preparó un funcionario de asilo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, el funcionario escribió que la amenaza de violación por rehusarse a firmar papeles era “una falta repugnante”.

“Siento mucho que te haya pasado esto”, recordó haberle dicho al hombre el funcionario. “No debió haber pasado”.

En otra denuncia de mal comportamiento, una migrante le comentó a un funcionario de asilo que, después de que intentó huir de un agente de la Patrulla Fronteriza a lo largo de la frontera suroeste en abril de 2017, “me atrapó y me aventó al suelo de una forma muy agresiva. Y me levantó tres o cuatro veces y me siguió azotando contra el suelo”. La migrante mencionó que el agente también la tomó del pelo y la pateó en las costillas y la parte baja de la pelvis, lo cual le causó un sangrado.

Estos y otros testimonios se encuentran entre los 160 informes que documentaron funcionarios de asilo de 2016 a 2021, en los que reportaron los detalles de abuso descritos por solicitantes de asilo durante sus interacciones con agentes fronterizos y mientras estaban bajo la custodia estadounidense. Las descripciones, difundidas en respuesta a una solicitud para divulgar archivos públicos que realizó Human Rights Watch, no incluyeron información sobre las resoluciones de los casos, por ejemplo, si se encontró que las quejas tenían fundamentos. Y se redactaron muchos otros detalles, incluidos fechas y lugares.

Aunque en su mayor parte las quejas se basan en las interacciones ocurridas durante el gobierno de Trump, llegan en un momento de creciente preocupación sobre el trato que reciben los migrantes por parte de los funcionarios fronterizos y de inmigración de Estados Unidos. Las escenas del mes pasado en Del Río, Texas, donde se vio a agentes de la Patrulla Fronteriza montando a caballo mientras acorralaban a migrantes negros con sus riendas, han puesto de nuevo el foco sobre años de quejas relacionadas con el trato inhumano hacia los migrantes que entran al país de forma ilegal.

“El departamento no tolera ninguna forma de abuso o mala conducta”, mencionó una vocera del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés), Marsha Espinosa, en un comunicado difundido el miércoles por la noche. Espinosa señaló que, bajo las órdenes de su secretario, Alejandro Mayorkas, el departamento estaba realizando entrevistas internas “para identificar y terminar con prejuicios intolerables y reformar sus políticas y capacitación”, así como sobre el uso de la fuerza. Espinosa mencionó que la agencia también ha agregado más personal a su Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles y ha divulgado memorandos sobre “la necesidad de respetar la dignidad de todos los individuos, combatir la discriminación y salvaguardar los derechos civiles y las libertades civiles”.

El presidente Joe Biden ha prometido que los agentes de la Patrulla Fronteriza captados en video en Del Río iban a “pagar” por su comportamiento. Hay una investigación interna en curso sobre sus acciones y funcionarios del gobierno de Biden han prometido que harán públicos los hallazgos. Sin embargo, en el pasado, ha habido poca transparencia en torno a estas investigaciones o pocas medidas disciplinarias.

Durante su audiencia de confirmación celebrada el martes, Chris Magnus, la opción de Biden para liderar la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés), les prometió a los legisladores que les iba a comunicar los avances de la investigación sobre los acontecimientos en Del Río.

“Tengo un largo historial de transparencia y de compartir las cosas con el público, sin importar el resultado, porque creo que así se mantiene y se fomenta la confianza”, comentó Magnus, el jefe de políticas de Tucson, Arizona. Magnus se hizo de una reputación por haber cambiado la cultura de las organizaciones de seguridad pública y señaló que, después de Del Río, “sin duda es apropiado examinar las tácticas y la capacitación”.

Cuando los migrantes son capturados mientras cruzan la frontera de manera ilegal, un agente de la Patrulla Fronteriza los detiene e interroga. Aunque la política ha cambiado temporalmente durante la pandemia, en ciertos procedimientos, los agentes en teoría deben preguntarles a los migrantes si temen ser víctimas de persecución o perjuicios en sus países natales. Si los migrantes expresan temor de regresar, son referidos a un tribunal de inmigración para iniciar su proceso y después de un tiempo los entrevista un funcionario de asilo.

Los testimonios que obtuvo Human Rights Watch son de informes que realizaron los funcionarios de asilo después de enterarse de acusaciones de mala conducta en contra de las fuerzas del orden. Además de las quejas sobre abuso físico, emocional y sexual, en algunos de los testimonios, los migrantes señalaron que no les preguntaron si temían ser perseguidos; les ordenaron que no podían solicitar asilo; los presionaron con amenazas para firmar documentos; y, en algunos casos, los agentes fronterizos destruyeron sus documentos.

“Los documentos dejan claro que los relatos de los lamentables abusos de la CBP —abuso físico y sexual, condiciones abusivas de detención y violaciones al debido proceso— son un secreto a voces dentro del DHS”, comentó Clara Long, subdirectora de Human Rights Watch. “Retratan al DHS como una agencia que parece haber normalizado abusos estremecedores en la frontera estadounidense”.

Las denuncias que buscó Human Rights Watch se habían enviado al inspector general del Departamento de Seguridad Nacional. El mes pasado, la agrupación le preguntó al departamento sobre los resultados de las quejas, pero no ha recibido respuesta, señaló Long.

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