Yahoo Noticias DACA y el futuro de la protección que da a miles de personas están en manos de un tribunal
Un tribunal federal de apelaciones estudiará si los estados han tenido que cubrir costos para poner en marcha el DACA, que ha permitido a cientos de miles de jóvenes indocumentados vivir y trabajar en Estados Unidos.
[Estamos en WhatsApp.
Empieza a seguirnos ahora
]
Un tribunal federal de apelaciones escuchará esta semana los argumentos sobre el destino de cientos de miles de inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad y han estado protegidos de la deportación y se les ha permitido trabajar legalmente.
La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA por su sigla en inglés, ha permitido a sus beneficiarios forjarse una vida y una carrera en Estados Unidos. Pero la iniciativa, de la época del presidente Barak Obama, pretendía ser una solución a corto plazo hasta que el Congreso revisara el anticuado sistema de inmigración.
El país sigue esperando, y el sistema solo se ha vuelto más disfuncional, incluso a medida que la migración internacional se vuelve más compleja y el tema se politiza más. Como el Congreso no está dispuesto a actuar, las batallas sobre la política de inmigración han acabado cada vez más en los tribunales federales.
La demanda actual sobre DACA, presentada en 2018 por Texas y otros seis estados controlados por los republicanos, argumenta que la creación del programa representó una extralimitación de la autoridad presidencial e impuso costos indebidos a los estados.
El Departamento de Justicia defiende el DACA, junto con otras partes, como el estado de Nueva Jersey y el Fondo Mexicoestadounidense para la Defensa Legal y la Educación. Los gigantes tecnológicos Apple, Google y Microsoft también respaldan el esfuerzo por preservar el DACA, señalando que los beneficiarios del programa benefician a la economía y argumentando que los presidentes tienen potestad para aplazar la aplicación de las leyes de inmigración.
Está previsto que un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU. escuche los argumentos del caso el jueves en Nueva Orleans. Este tribunal, que abarca Luisiana, Texas y Misisipi, es conocido como uno de los más conservadores del país. Confirmó una prohibición parcial del fármaco abortivo mifepristona, sentencia que la Corte Suprema revocó.
Los jueces que conozcan de la impugnación del DACA examinarán tres cuestiones: si los estados demandantes han demostrado que el programa realmente les cuesta dinero; si el gobierno de Joe Biden actuó dentro de su autoridad en 2022 cuando intentó “preservar y fortificar” el DACA con una norma formal; y si el tribunal de primera instancia, que bloqueó a los nuevos solicitantes del programa en todo el país, debería haber limitado su resolución a los siete estados que lo demandaron.
Los estados argumentarán que han soportado los costos financieros y de otro tipo de un programa que consideran ilegal.
Los estados dijeron en un escrito presentado a principios de este año que “como los presidentes no pueden anular unilateralmente las leyes debidamente promulgadas, DACA sigue siendo ilegal”.
Quienes defienden el programa argumentarán que el presidente tenía autoridad para crearlo y que el poder ejecutivo puede ejercer su criterio en materia de inmigración.
En virtud del programa, el gobierno concedió una prórroga de la deportación y permisos de trabajo a inmigrantes no autorizados menores de 31 años, que habían vivido en el país desde que eran niños y cumplían otros requisitos. Los beneficiarios deben renovar su estatus cada dos años.
Desde que DACA entró en vigor hace 12 años, unas 800.000 personas se han inscrito y una gran mayoría lo ha renovado. Después de que la sentencia del juez paralizara las nuevas solicitudes en 2021, el número de inscritos descendió bruscamente. Actualmente se sitúa en torno al medio millón. Los expertos atribuyen el descenso de las renovaciones al futuro incierto del programa.
El presidente Obama puso en marcha el programa en 2012, después de que se paralizara en el Congreso una ley conocida como Dream Act, que habría otorgado un estatuto legal a los jóvenes inmigrantes.
La describió como una medida provisional para proteger a algunos de los inmigrantes más vulnerables de la nación —aquellos que habían sido traídos a Estados Unidos de niños sin elección propia y habían crecido como estadounidenses— hasta que los legisladores actuaran.
La iniciativa resultó enormemente popular, y nunca se materializó una solución a largo plazo en un Congreso dividido, a pesar de que los jóvenes indocumentados contaban con el apoyo de legisladores y estadounidenses de todo el espectro político.
Entonces, en 2017, Donald Trump se movilizó para acabar con DACA, bajo la premisa de que se salía de los poderes constitucionales del poder ejecutivo. Desde entonces, el programa ha sido suspendido, restablecido y en parte anulado por sentencias judiciales.
En junio de 2020, la Corte Suprema falló en contra de la decisión del gobierno de Trump de poner fin al programa, considerando la medida “arbitraria y caprichosa”. Pero el tribunal no se pronunció sobre la cuestión fundamental de si el programa en sí era legal.
Un juez federal de Texas, Andrew Hanen, dictaminó en 2021 que DACA era ilegal, afirmando que el presidente Obama, al crear DACA, se había excedido en su autoridad y había incumplido los procedimientos para nuevas regulaciones. El juez permitió a los actuales beneficiarios seguir renovando cada dos años, pero prohibió al gobierno tramitar nuevas solicitudes.
El gobierno de Biden puso en marcha una norma formal para el programa, con la esperanza de resolver algunas de las preocupaciones del juez Hanen. Pero, en septiembre de 2023, sostuvo que DACA seguía siendo ilegal, lo que provocó la apelación que el panel de tres jueces estudiará esta semana en Nueva Orleans.
Ninguno de los jueces que conocerán del recurso esta semana se encuentra entre los seis nominados por Trump para el Quinto Circuito. Pero uno de ellos, el juez Jerry E. Smith, escribió la opinión mayoritaria en una apelación del Quinto Circuito que bloqueó un programa similar de la era Obama para los padres indocumentados de inmigrantes, el bloqueo se dejó con una votación dividida 4-4. El Quinto Circuito ya ha recortado DACA en el pasado, confirmando una sentencia de un tribunal inferior en un caso diferente que prohibía al Departamento de Seguridad Nacional aceptar nuevas solicitudes de DACA.
La lucha legal por el DACA se produce en un momento en que la política de inmigración está mucho más polarizada que cuando se inició el programa. Trump ha hecho de las amenazas de deportaciones masivas una pieza central de su campaña presidencial. Aunque los demócratas denuncian las incendiarias falsedades antiinmigrantes de Trump, el partido ha virado hacia la derecha en política, con el presidente Biden endureciendo las normas sobre asilo y permitiendo que caduque otro programa de dos años para algunos inmigrantes.
En el caso ante el Quinto Circuito, podrían pasar semanas o meses antes de que el tribunal emita una decisión. Aunque el tribunal de apelación dictamine que el programa es ilegal, es improbable que termine inmediatamente. Se espera que cualquier sentencia sea recurrida ante la Corte Suprema.
A Texas se unieron en su demanda Alabama, Arkansas, Kansas, Luisiana, Misisipi, Nebraska, Carolina del Sur y Virginia Occidental.
Los beneficiarios del DACA solían ser adolescentes cuando recibieron el estatus por primera vez.
“La realidad es que ahora son adultos que tienen carreras”, dijo Bruna Bouhid-Sollod, directora política de United We Dream, un grupo de defensa de los derechos de los inmigrantes fundado por jóvenes inmigrantes. “Tienen familias. Tienen responsabilidades”.
Entre ellos hay abogados, médicos y profesores. Casi la mitad de ellos están casados y tienen hijos nacidos en Estados Unidos.
“El fin de DACA no afecta solo a los beneficiarios de DACA”, dijo Bouhid-Sollod. “Tendría un efecto dominó que sería catastrófico para muchas familias”.
Desde 2022, unos 100.000 estudiantes indocumentados se han graduado anualmente de la secundaria sin estar inscritos en DACA. No están protegidos contra la deportación y, aunque pueden asistir a la universidad y obtener un título, no pueden trabajar legalmente en Estados Unidos.
El número de estudiantes indocumentados que se matricularon en los campus de la Universidad de California y de la Universidad Estatal de California disminuyó un 50 por ciento entre los cursos académicos 2016-17 y 2022-2023, según un nuevo estudio realizado por académicos del Proyecto de Derechos Civiles de la Universidad de California en la UCLA y de la Facultad de Derecho de la Universidad de California, Davis.
Los autores atribuyeron el descenso a la incertidumbre sobre el futuro de DACA.
Miriam Jordan
informa desde una perspectiva local sobre la migración y su impacto en la demografía, la sociedad y la economía de Estados Unidos. Más de Miriam Jordan
c. 2024 The New York Times Company
