¿A dónde viajará DeSantis por asuntos del estado? La legislatura quiere mantenerlo en secreto

Citando un aumento en las solicitudes de registros públicos para la agenda de viajes del gobernador, los legisladores de la Florida están avanzando un proyecto de ley que protegería del público cualquier información en torno a cómo y a dónde van el gobernador Ron DeSantis y otros funcionarios estatales.

El proyecto de ley impondría la primera exención de registros públicos para los registros de transporte en poder del Departamento de Cumplimiento de la Ley de la Florida (FDLE), la agencia que maneja la seguridad del gobernador.

La exención entraría en vigor con carácter retroactivo, prohibiendo a cualquiera entrerarse de cómo DeSantis ha usado sus viajes estatales en el pasado y mientras se prepara para una probable campaña para la nominación republicana a la presidencia”.

“Ha habido un aumento en las solicitudes de registros públicos con respecto a nuestro gobernador y sus viajes simplemente debido a su notoriedad y su posición en los últimos años’‘, dijo el senador Jonathan Martin, republicano por Fort Myers.

La ley estatal permite a los gobernadores usar aviones estatales para viajes políticos y personales por razones de seguridad, pero, como DeSantis lleva a cabo una gira nacional de libros en previsión de una probable campaña presidencial, las preguntas están aumentando respecto a si los fondos de los contribuyentes se han usado para financiar sus viajes y otras operaciones políticas.

En el pasado, cuando los funcionarios estatales han usado los activos del estado con fines políticos, se espera que reembolsen a los contribuyentes por esos esfuerzos.

Durante el mandato de DeSantis, el personal del gobernador se ha negado a revelar muchos de los detalles de su agenda política. Las solicitudes de los medios de comunicación al FDLE para obtener información sobre el calendario, así como información sobre si los contribuyentes han sido reembolsados, se han encontrado con ninguna respuesta o meses de retraso.

Miami Herald/Tampa Bay Times, por ejemplo, el año pasado pidió varias semanas de la agenda del gobernador en poder de FDLE. Esa agenda, llamada “línea por línea”, proporciona más detalles que la agenda, a menudo incompleta, que publica su personal de comunicaciones al final de cada día, pero, aparte de proporcionar un puñado de horarios bastante redactados del mes de junio y una semana en agosto, FDLE retuvo las solicitudes restantes de la divulgación, citando un retraso en las solicitudes de registros.

Algunos gobernadores y legisladores han hecho un uso indebido de los viajes del estado

La Florida tiene un historial de escrutinio de sus funcionarios electos por usar los aviones del estado con fines políticos y personales.

En 1996, el ex gobernador Lawton Chiles fue sorprendido usando los aviones estatales de la Florida para asistir a actos de recaudación de fondos de Bill Clinton y Al Gore. En 2003, el presidente del Senado de la Florida, Jim King, republicano por Jacksonville, admitió haber usado aviones estatales para viajes de fin de semana a casa, a pesar de que una ley estatal prohibía el uso de aviones estatales para desplazarse.

En 2010, el ex gobernador Charlie Crist, entonces republicano, admitió haber usado un avión del estado para promover una iniciativa proempresarial y haber asistido después a un acto de recaudación de fondos de su campaña en Miami.

El público supo de estos y otros políticos que usaron fondos de los contribuyentes para asuntos privados y políticos porque los periodistas obtuvieron los registros.

El Comité de Supervisión Gubernamental y Rendición de Cuentas del Senado (GO) votó ocho a cero el miércoles a favor de SB 1616, que haría exenta la información de viajes para “el gobernador, la familia inmediata del gobernador, los gobernadores visitantes y sus familias, el vicegobernador, un miembro del Gabinete, el presidente de la Cámara de Representantes, el presidente del Senado o el presidente de la Corte Suprema” y las personas que viajan con ellos.

Martin dijo que patrocinó el proyecto de ley a petición de FDLE, que le dijo que el volumen de solicitudes de registros públicos para la información era preocupante.

“Ellos estaban como ‘Espera un segundo, si todo esto sale a la luz, la gente puede juntar las cosas que estamos haciendo para proteger al gobernador y averiguar quiénes son las personas que tenemos, en qué hoteles nos alojamos y cosas por el estilo’’’, dijo Martin después de la votación. “No creo que estemos intentando ocultar lo que hace el gobernador o con quién se reúne: creo que lo que intentamos es proteger a las personas que le protegen”.

El Subcomité de Justicia Penal de la Cámara votó 17 a cero el martes a favor de un proyecto de ley compañero, HB 1495.

Unanimidad en la votación del comité, pero hay opositores

Aunque los proyectos de ley recibieron el apoyo bipartidista, no todo el mundo dijo que las exenciones son una buena idea.

“Se supone que las exenciones deben ser lo más restrictivas posible. ¿Se ha hecho así y había una razón pública imperiosa para ello?”, dijo la senadora Lori Berman, demócrata de West Palm Beach. “No lo creo. Votaré en contra, pero puede que esté en la extrema minoría”.

Barbara Petersen, directora de Florida Center for Government Accountability (FLCGA), una organización sin ánimo de lucro de vigilancia de los registros públicos, y Bobby Block, director de First Amendment Foundation, dijeron que el proyecto de ley, tal y como estaba redactado, era innecesariamente amplio.

“Si bien podría haber algunas preocupaciones de seguridad con respecto a los viajes actuales o futuros del gobernador, no veo ninguna justificación para proteger los viajes anteriores”, dijo Petersen. “Con quién se reúne el gobernador, quién viaja con él, quién paga el viaje, son todas cuestiones fundamentales para que el público pueda hacerle rendir cuentas al gobernador”.

“¿Los propósitos de los viajes son del interés de los ciudadanos del estado o podría ser que el gobernador esté gastando dinero en su agenda política o carrera electoral que no está en la Florida?”, dijo Block. “Al eximir esta información —que muchas veces no tendría nada que ver con su seguridad física— se excluye al público de saber nunca lo que les está costando y qué beneficios están obteniendo de estos viajes”.

Michael Barfield, director de acceso público de FLCGA, dijo que la legislación “es inconsistente con la afirmación del gobernador de que la Florida es un estado que protege las libertades”.

“A dónde viaja el gobernador y con quién se reúne ha sido un derecho fundamental durante décadas bajo las leyes de derecho a saber de la Florida”, dijo Barfield. “Este es otro ejemplo de la falta de responsabilidad por el dinero de los contribuyentes bajo la administración DeSantis”.

Block dijo que el ex gobernador Jeb Bush tenía un hermano “que estaba en la Casa Blanca y cuyos amigos dirigían el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y no sintió la necesidad de esto. ¿Nos están diciendo la verdad acerca de la razón de la necesidad de esto?”.

FDLE: Los niveles de amenaza han cambiado

La portavoz de FDLE, Gretl Plessinger, dijo que la agencia apoya la legislación y que las amenazas a la seguridad cambiaron desde que Bush era gobernador.

“El panorama de las amenazas ha cambiado significativamente en la última década con la violencia y los intentos de violencia contra los funcionarios electos y designados a nivel nacional”, dijo en un correo electrónico. “Liberar los detalles de las Operaciones de Protección representa un riesgo no solo para aquellos a quienes protegemos, sino también para los agentes de FDLE y los ciudadanos que asisten a los eventos”.

La senadora Tracie Davis, demócrata de Jacksonville, dijo que apoyó la enmienda porque está de acuerdo en que los riesgos de seguridad para los funcionarios electos aumentaron.

“A pesar de mi desdén por este gobernador, creo que debe haber protección para un futuro gobernador”, dijo. “Pero creo que necesitamos más responsabilidad y transparencia”.

Se puede contactar con Mary Ellen Klas en meklas@miamiherald.com y @MaryEllenKlas.