Custodia por secuestro: la cotidianidad de los raptos parentales en Japón
Tokio, 26 ago (EFE).- Uno de cada seis recién nacidos japoneses van a perder el contacto con uno de sus padres debido a la custodia monoparental en Japón, donde los secuestros familiares han cimentado un lucrativo negocio con la connivencia del sistema.
"Nadie quería encargarse de mi caso", dice a Efe Rafael García (nombre ficticio), un padre español residente en el país durante más de una década que está inmerso en un tormentoso divorcio y que permanece en el territorio "secuestrado por la ley japonesa" para ver a su único hijo.
La custodia temporal del niño está en manos de su esposa, con quien el menor estaba cuando el caso llegó al tribunal de familia tras las infructuosas negociaciones de la etapa obligatoria de conciliación, a la que define como "un timo".
Los abogados, conscientes desde el principio del desenlace, lo incitaron a llevarse al pequeño antes de que empezase el proceso o, una vez abierto, a "bajar el listón y firmar el divorcio", según su testimonio, que cuenta con paralelismos con multitud de casos que se vienen repitiendo desde hace décadas.
UN SISTEMA ROTO
Los raptos parentales en Japón están nutridos por el sistema, que previene el acceso de los padres a los menores ya secuestrados, lo que lleva a muchos a calificar al país como "el agujero negro del secuestro de niños", dice E.G., padre estadounidense afectado.
Los juzgados benefician al progenitor o familiar captor (también hay casos con abuelos) en virtud del "principio de continuidad" de la jurisprudencia japonesa, que opta por no sacar al menor de su entorno actual, sin considerar si ha sido previamente secuestrado o las sentencias emitidas en otros países.
"La primera abducción no se penaliza, se premia con la custodia", es una "custodia por abducción", resume John Gómez, estadounidense fundador de la ONG japonesa Kizuna Child-Parent Reunion, que lleva 14 años apoyando a padres y madres en esta situación.
El incumplimiento del régimen de visitas no conlleva sanción y el acceso al menor depende de la buena voluntad del padre custodio.
Es el caso de E.G., que tras varios años y tras ceder al divorcio y al chantaje, ha vuelto a ver a su hija telemáticamente. Rafael se siente "privilegiado", porque ve a su hijo los fines de semana, pero la situación puede cambiar sin previo aviso y sin consecuencias.
Intentar llevárselo o acercarse sin permiso ahora conllevaría pena de cárcel, como la impuesta en 2020 al australiano Scott McIntyre.
Aunque los casos de parejas internacionales son más mediáticos, las disputas de custodia entre ellos son menos del 5 % del total.
NEGOCIO Y CIFRAS OPACAS
Los raptos parentales han cimentando un lucrativo negocio en Japón, un tema tabú pero común que tiene literatura al respecto y en el que abogados promocionan sin pudor servicios que garantizan que el otro progenitor no volverá a ver al niño, a cambio de comisiones.
La red llega a nutrirse de servicios tan necesarios como los refugios para víctimas de maltrato, que sustentan denuncias indebidamente probadas y que muchos padres denuncian como falsas.
No hay datos oficiales sobre secuestros parentales en Japón, pero desde hace años se usa como referencia un cálculo ideado por Gómez.
Sus herramientas son las estadísticas nacionales sobre divorcios, niños involucrados en procesos de adjudicación de custodia y sondeos de organizaciones sin ánimo de lucro que estiman que entre el 60 y 65 % de los padres divorciados sin custodia no ven a sus hijos.
La media arroja que unos 150.000 menores pierden el contacto con uno de sus padres al año, uno de cada seis nacimientos en el último año en Japón o 3 millones de personas en las últimas dos décadas.
INACCIÓN GUBERNAMENTAL
Los juzgados de familia en Japón se remontan a 1949, pero no empezaron a supervisar custodias parentales hasta 2004.
El país tiene una extensa legislación sobre la custodia parental: el artículo 766 del Código Civil, la ley de bienestar infantil, la ley de procedimiento de relaciones domésticas o el convenio de La Haya sobre la sustracción internacional de menores (desde 2014), pero "el sistema judicial no sigue la ley en absoluto", dice Gómez.
Ni siquiera el proyecto de ley de custodia compartida arroja luz, pues supedita esta custodia, de nuevo, al acuerdo entre los padres.
Involucrado directamente en algunos de los pasos que Japón ha dado en este asunto, Gómez reprocha la inacción del Ejecutivo y de los países extranjeros, que "alcanzan un objetivo (su adhesión a La Haya, una ley de custodia compartida...) y desaparecen".
Sobre los padres recae un traumático activismo "para hacer lo que los gobiernos no quieren", dice, presionar dentro y fuera del país para que no cese el debate y se alcance una solución real.
Porque el problema, señala Gómez, no es que se vulnere el acceso de los padres, sino "los derechos humanos del niño a mantener una relación con ambos padres", independientemente de la situación conyugal, y sin dejar de abordar apropiadamente otros problemas importantes ligados al abandono del hogar, como el maltrato.
María Roldán
(c) Agencia EFE