Cuba y Nicaragua merecen estar en la lista negra de violadores de libertad religiosa | Opinión

El 2 de diciembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó a Cuba y Nicaragua “Países de Especial Preocupación (CPC)“, una lista de los peores violadores de la libertad religiosa.

Los países CPC son aquellos que “cometen o toleran violaciones especialmente graves de la libertad religiosa”, de acuerdo con lo que establece la Ley de Libertad Religiosa Internacional de 1998. También figuran en esta lista China, Corea del Norte y Arabia Saudí, cuyas tácticas represivas los dictadores de Cuba y Nicaragua parecen ansiosos por emular.

Cuba y Nicaragua merecen sin duda su lugar en esta lista. A medida que su represión de la sociedad civil, los disidentes y los activistas de derechos humanos se ha vuelto más brutal y descarada, también se ha intensificado la persecución de personas religiosas, incluidos pastores, sacerdotes y monjas.

En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega ha perseguido a la Iglesia católica desde las protestas masivas de abril de 2018, cuando los líderes eclesiásticos criticaron la violenta represión del régimen y ofrecieron sus iglesias como refugio seguro a los manifestantes.

Desde que la Iglesia católica desafió al régimen de esta manera, sus obispos, sacerdotes y laicos han sido calumniados y demonizados, acosados, intimidados y encarcelados bajo cargos falsos. Un valiente líder eclesiástico, el obispo Rolando Álvarez, lleva más de 100 días bajo arresto domiciliario. Otros sacerdotes, seminaristas y líderes laicos están en prisión a la espera de sentencia.

El régimen de Ortega también ha perseguido a varias instituciones de la Iglesia, cerrando universidades, escuelas y hospitales y expulsado del país a las Hermanas Religiosas de la Cruz y a las Misioneras de la Caridad, la orden fundada por la Madre Teresa. Un informe publicado recientemente por la abogada nicaragüense Martha Patricia Molina muestra que, desde 2018, la Iglesia católica en Nicaragua ha sufrido 396 ataques, 127 solo este año. Esto llevó a la Organización de Estados Americanos (OEA) a aprobar una resolución en agosto condenando el acoso del régimen de Ortega contra la Iglesia católica y sus miembros.

En Cuba, es bien conocida la persecución sistemática del régimen comunista contra la comunidad religiosa independiente de la isla. A medida que la situación de los derechos humanos se ha deteriorado, especialmente luego de las históricas protestas masivas del 11 de julio del año pasado, el régimen ha atacado agresivamente a los líderes religiosos y sus iglesias que denuncian la represión y piden justicia para quienes han sido injustamente encarcelados.

La seguridad del estado cubano sigue intimidando, acosando, amenazando y encarcelando a líderes religiosos abiertamente críticos, incluso ante la enérgica condena internacional. Por ejemplo, en las declaraciones oficiales de preocupación de los observadores de derechos humanos de alto nivel de la ONU.

Cuando los líderes religiosos independientes se niegan a ser silenciados, el régimen cubano ha recurrido a la expulsión. Por ejemplo, el pastor Alain Toledano, líder afrocubano del Movimiento Apostólico de Cuba, abandonó la isla en julio con su familia después de ser informado de que sería encarcelado si no se marchaba en un plazo de 30 días. Otra expulsión reciente fue la del padre David Pantaleón, superior de los jesuitas en Cuba. Las autoridades no le renovaron el permiso de residencia (es dominicano) después de que se negara a silenciar a los jesuitas de la isla que criticaban al régimen.

La designación de Cuba y Nicaragua como CPC por parte del Departamento de Estado es bien merecida, pero también valida la importancia de vigilar, documentar e informar acerca de las violaciones de la libertad religiosa. Esta labor la llevan a cabo numerosas organizaciones, entre ellas la que dirijo, pero solo puede continuar con el apoyo de socios y donantes internacionales.

Ahora no es el momento de aflojar la presión, porque podemos estar seguros de que los dictadores de Cuba y Nicaragua no piensan aflojar su presión sobre las personas que simplemente pretenden ejercer sus derechos fundamentales.

Teo A. Babun es presidente y director general de Outreach Aid to the Americas, una organización religiosa sin ánimo de lucro dedicada a servir a las comunidades vulnerables de las Américas mediante la ayuda humanitaria y al desarrollo y la defensa de los derechos humanos.