Cuarto encausamiento de Trump, en Georgia, pudiera suponer la mayor amenaza para su libertad

De los cuatro encausamientos penales que enfrenta Donald Trump, el caso estatal presentado en el Condado Fulton, Georgia, pudiera representar la mayor amenaza para su libertad.

Los cargos por sus intentos de anular las elecciones de 2020 en el estado presentan un conjunto distinto de desafíos para el ex presidente. No solo será juzgado en un condado en que tres de cada cuatro electores apoyaron a su oponente, sino que, en caso que un jurado lo declare culpable, carecerá de las herramientas que tiene a su disposición en otros casos y que pudieran evitarle los resultados legales más terribles.

“Quizá no haya mayor amenaza para la libertad de Trump que un jurado del Condado Fulton dispuesto a condenarlo”, dijo Anthony Michael Kreis, profesor de Derecho de la Universidad Estatal de Georgia.

A diferencia de los encausamientos federales presentados este verano por el fiscal especial Jack Smith, la fiscal de distrito del Condado Fulton, Fani Willis, ha acusado a Trump de delitos a nivel estatal, donde la larga sombra política de Trump tiene menos influencia.

Willis acusó a Trump y a 18 asociados el lunes bajo el estatuto de crimen organizado de Georgia, alegando que trabajaron como una empresa criminal para anular los resultados electorales del estado.

El gobernador de Georgia no tendrá autoridad para indultar a Trump si un jurado lo condena. En su lugar, una Junta de Indultos y Libertad Condicional independiente podría considerar la posibilidad de conceder el indulto a personas condenadas en el estado, solo después de que cumplan un mínimo de cinco años de su condena en prisión.

La acusación estatal también está protegida del poder de indulto presidencial, o de un Departamento de Justicia amigo en caso de que un presidente recién elegido decida retirar la acusación.

Y La capacidad de Trump para trasladar o apelar el caso en el sistema judicial federal será limitada, ya que la Corte Suprema solo está facultada para ocuparse de casos estatales cuando estén en juego cuestiones constitucionales.

Hay mucho en juego: Los cargos que se le imputan a Trump, en virtud de la ley de extorsión de Georgia, conllevan una pena mínima obligatoria de entre cinco y 20 años de prisión en caso de condena.

Trump ha dicho que no es culpable de los cargos en los cuatro encausamientos.

“En un enjuiciamiento estatal o local hay limitaciones que restringen sus posibles opciones a largo plazo, en formas que los encausamientos federales no excluyen”, dijo Morgan Cloud, profesor de derecho en la Universidad de Emory. “El señor Trump no tiene las herramientas disponibles para evitar que esto avance, incluso hasta la sentencia”.

Amenaza única

Estos no son los únicos cargos estatales que enfrenta el ex presidente. El primer encausamiento penal que enfrentó Trump a principios de año, en Nueva York, también está blindado ante el sistema federal.

Pero expertos legales de todo el espectro político han cuestionado la solidez de ese caso, que acusa a Trump de falsificar registros comerciales en un intento de encubrir una relación extramatrimonial en el fragor de las elecciones presidenciales de 2016. Incluso si los fiscales de Manhattan lograran una condena, no se esperaría que Trump cumpliera penas de prisión.

“Hay preguntas pendientes sobre la solidez del caso de Nueva York, porque muchos observadores legales cuestionan la novedad del argumento legal usado”, dijo Kreis. “Entre los dos casos estatales, eso pone al Condado Fulton en una posición particularmente importante”.

Los abogados de Trump podrían intentar trasladar el caso de Georgia a un tribunal federal, citando una ley federal que permite trasladar un caso del ámbito estatal al federal cuando implica a un titular de un cargo público en el desempeño de sus funciones oficiales. Pero los juristas consideran que se trata de una posibilidad remota. Si el caso llegara alguna vez a un tribunal federal, probablemente sería la Corte Suprema, una vez agotadas las apelaciones estatales, e incluso eso no estaría garantizado, según los expertos.

“En términos generales, la Corte Suprema tiene jurisdicción para revisar casos de la corte superior de un estado que presenten cuestiones federales”, dijo Robert Litt, ex fiscal federal y abogado principal de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional. “Así que si Trump dijera, por ejemplo, que su conducta estaba protegida por la Primera Enmienda, pudiera apelar eso a través del sistema estatal de Georgia y luego solicitar certiorari”, refiriéndose a la revisión por un tribunal superior.

Pero el papel de la Corte Suprema se limitaría, dijo Kreis, “a revisar solo las impugnaciones constitucionales federales que surgirían de una decisión adversa contra Trump en los tribunales estatales”.

Asistentes de Trump no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre la estrategia legal del ex presidente.

Sin precedente legaI

Sin embargo, el tiempo pudiera ser favorable a Trump.

A solo 15 meses de las elecciones presidenciales de 2024, las encuestas muestran que Trump es el favorito para ganar la nominación republicana, y una victoria en las elecciones generales plantearía preguntas únicas y sin precedentes sobre el destino del caso de Georgia.

Si eso ocurriera, “él tendría un buen argumento de que no puede ir a juicio hasta después de que expire su mandato”, basándose en la antigua orientación de la oficina de asesoría legal del Departamento de Justicia, dijo Barbara McQuade, quien fue fiscal federal del distrito este de Michigan de 2010 a 2017, cuando Trump solicitó una serie de renuncias de fiscales federales.

“Si fuera condenado y sentenciado, y luego ganara la presidencia”, agregó McQuade, “entonces que Dios nos ayude a todos”.

Willis tardó más de dos años en investigar si los esfuerzos de Trump para anular los resultados de las elecciones de 2020 en Georgia equivalían a una conspiración criminal, y en ese período permitió que se presentaran otros tres casos contra Trump antes que el suyo, lo que significa que tendrá que coordinar, y en algunos casos aplazar, la programación de las fechas de los tribunales y los procedimientos judiciales con otras tres jurisdicciones.

Cuando un acusado es juzgado tanto a nivel estatal como federal, es común que los fiscales locales se remitan a sus colegas federales en la programación del juicio. El fiscal del distrito de Manhattan Alvin Bragg, quien dirige la acusación contra Trump en el caso de los registros empresariales, ha dicho que así lo haría, pero Willis no ha comentado aún el asunto.

Smith ha acusado a Trump a nivel federal de intentar anular las elecciones presidenciales de 2020 y, en un caso separado, también encausó al ex presidente por su presunta retención y ocultación de documentos secretos. El fiscal especial ha buscado juicios rápidos en ambos casos, solicitando que comiencen en el primer semestre de 2024.

McQuade dijo que los cargos de Georgia “pueden ser más potentes” que los encausamientos federales, señalando que la ley sobre delincuencia organizada del estado conlleva una sentencia mínima obligatoria de cinco años. “Ninguno de los cargos federales tiene un mínimo obligatorio”, dijo.

Estar encarcelado en una prisión de Georgia impediría invariablemente la capacidad del presidente para desempeñar sus funciones oficiales. “Si ese es el argumento, es irrefutable”, dijo Cloud.

Pero incluso esa defensa podría no ser suficiente para que el presidente eluda una pena de prisión, si es declarado culpable.

Simplemente no hay jurisprudencia o precedentes para determinar lo que vendría después.

“Si el señor Trump fuera elegido presidente de nuevo”, añadió Cloud, “no creo que nadie pueda predecir cómo se resolvería esto en última instancia. Es difícil de imaginar”.