CSU gestionó mal denuncias de acoso sexual. Dos leyes protegerían a estudiantes

Después de que el sistema de la Universidad Estatal de California (CSU) fallara en investigar la mala conducta sexual, el sistema prometió trabajar para superar sus obstáculos sistemáticos.

Pero legisladores dicen que el sistema de la Universidad Estatal de California, que es la mayor institución pública del estado, debe rendir cuentas. El resultado: dos proyectos de ley de la Asamblea que abordan los derechos de retirada del profesorado y las prácticas de contratación.

Casos de incumplimiento del Título IX por parte de administradores y el profesorado han salido a la luz pública en todos sus campus, lo que provocó una auditoría del sistema el verano pasado. Esta auditoría descubrió que la CSU respondió de forma inadecuada a quejas y denuncias por conducta sexual inapropiada.

Estos proyectos de ley, si se aprueban y se convierten en ley, se aplicarían a los otros dos sistemas de educación superior de California: las Universidades Comunitarias de California y la Universidad de California, que también han tenido un historial de mala conducta sexual.

El Proyecto de Ley 1905 de la Asamblea y el AB 810 forman parte de un paquete más amplio de proyectos de ley de educación superior que abordan la mala conducta sexual y el Título IX. Entre los diversos proyectos de ley, uno pretende implantar una oficina del Título IX en todo el sistema para la CSU, la Universidad de California y las Universidades Comunitarias de California. Otro busca exigir al auditor del estado que revise cada tres años la forma en que cada institución gestiona las denuncias por conducta sexual inapropiada.

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Divulgación de antecedentes de conducta sexual indebida en todos los sistemas

El AB 810 exigiría a los profesores que soliciten plaza en cualquier institución pública de enseñanza superior de California que revelen si han cometido conductas sexuales inapropiadas.

Este proyecto de ley responde a las denuncias de “acoso sexual y conducta impropia en toda la variedad de campus”, dijo la asambleísta Laura Friedman, demócrata de Burbank. Friedman dijo que, en el pasado, las universidades han contratado, a sabiendas o no, a profesores que habían cometido conductas sexuales inapropiadas.

El proyecto de ley se orientó originalmente hacia el atletismo universitario, después de que se produjeran múltiples casos en el sistema de la Universidad Estatal de California y en todo el país. Por ejemplo, Jason M. Hawkins, exentrenador de beisbol de la Universidad Estatal de San José, acosó racial y sexualmente a jugadores y personal, según reveló una investigación de EdSource. Después de que Hawkins renunció de San Jose State, trabajó como voluntario en el Feather River Community College en el condado de Plumas.

Pero los casos de acoso sexual, e incluso de agresión, se extienden más allá del atletismo, por lo que esta propuesta de ley incluye al profesorado y al personal. En un ejemplo, la universidad consideró que Tom Boroujeni, exprofesor de Fresno State, había cometido “un acto de violencia sexual”. La acusación fue hecha por otro profesor, y el incidente ocurrió mientras Boroujeni era instructor sustituto y estudiante de posgrado en 2015, informó EdSource.

Alrededor de la misma época, Boroujeni era instructor a tiempo parcial en Fresno City College y continuaría trabajando allí después de que se emitiera la denuncia de violencia sexual. La denuncia de Fresno State no le seguiría hasta la universidad comunitaria. Esta solo tuvo conocimiento de la conducta indebida después de que la presunta víctima le informara porque ella también trabajaba allí. Boroujeni recibiría más tarde una carta de amonestación por “conducta no profesional”, en un asunto separado, informó EdSource.

Al no existir un procedimiento en todo el sistema para hacer un seguimiento del acoso sexual, algunos profesores pudieran trasladarse a otro campus con el expediente limpio, según reveló una auditoría del verano pasado.

Este proyecto de ley pretende impedir que los miembros del profesorado con un historial de mala conducta sexual vuelvan a cometer esos actos, independientemente del campus, dijo Friedman. Los estudiantes universitarios son vulnerables en los campus. Añadió que esta legislación da prioridad a su seguridad.

“Estos son el tipo de entornos en los que más se produce el acoso, cuando hay un poder en equilibrio”, dijo Friedman.

Prohibición de derechos de retirada y cartas de recomendación

El AB 1905 prohibiría a los empleados de las universidades públicas de California con antecedentes de acoso sexual o infracciones del Título IX ser elegibles para los derechos de retirada.

Los derechos de retirada dan a un miembro del profesorado la oportunidad de regresar a un campus anterior si otro puesto fracasa. Esto solo se puede conceder a los profesores que renunciaron a un puesto fijo para asumir una función administrativa.

En la actualidad, el sistema de la Universidad Estatal de California prohíbe que los administradores reciban derechos de retirada si han sido despedidos o se han separado de una universidad por mala conducta sexual. Pero esta política ha sido “pasada por alto” por la administración de la Universidad Estatal de California, dijo Anne Luna, presidenta de la sección capitular de la California Faculty Association.

Una y otra vez, el sistema de la Universidad Estatal de California no cumplió con el Título IX, dijo Luna. Como resultado, dijo, necesitan ser responsabilizados por una dependencia externa.

“No queremos que la CSU, autora de estas malas acciones, se investigue a sí misma”, dijo Luna, que también es profesora asociada de sociología en Sacramento State. “Tiene que ser independiente”.

El AB 1905 prohibiría a los profesores que hayan cometido acoso sexual recibir cartas de recomendación positivas de cualquier persona afiliada a su anterior campus y sistema universitario.

La asambleísta Dawn Addis, demócrata de San Luis Obispo, autora del proyecto de ley, dijo que esta legislación tiene como objetivo “empoderar a los sobrevivientes y ayudar a restaurar la confianza (en las universidades) a través de la rendición de cuentas y la transparencia”.

Este proyecto de ley, dijo, tiene como objetivo actuar como una medida preventiva para futuros casos de acoso sexual y responsabilizar a los autores.

“Cuando los sobrevivientes confían en que la institución va a hacer algo, es más probable que denuncien”, dijo Addis.

Y añadió: “Y las personas que puedan verse tentadas a cometer este tipo de actos, ahora entenderán que hay consecuencias reales para ellas”.

El caso más notable de abuso de los derechos de retirada se remonta a una investigación de USA TODAY, que descubrió que el exrector de la Universidad Estatal de California, Joseph Castro, gestionó mal las denuncias de conducta sexual inapropiada mientras ocupaba el cargo de presidente de la Universidad Estatal de Fresno. Durante un largo periodo de seis años, Castro no abordó las denuncias de acoso sexual contra Frank Lamas, exadministrador de Fresno State.

Después de que una denuncia formal acusara a Lamas de decirle a una empleada que la ascendería a cambio de favores sexuales, la universidad inició una investigación interna. Castro pidió entonces a Lamas que renunciara de Fresno State. Tras la salida de Lamas, Castro le concedió un acuerdo de $260,000 que le prohibía trabajar en el sistema de la Universidad Estatal de California, beneficios de jubilación completos y una carta de recomendación positiva si solicitaba plaza en otra universidad.

Los sobrevivientes consideran que los derechos de retirada y arreglos como los acuerdos legales o las cartas de recomendación después de los hechos se usan como una forma de recompensar a un abusador, dijo Addis.

“(Los derechos de retirada) permiten a los agresores seguir teniendo acceso a los mismos estudiantes y profesores de los que ya han estado abusando”, dijo Addis. “Esto hace que todos estén más seguros si se les retira y no pueden acceder a un aula o a otro puesto en el campus”.

Lamas, que trabajó en el departamento de asuntos estudiantiles de la universidad durante 35 años, tenía un amplio historial de denuncias de acoso sexual por parte de antiguos empleados y estudiantes.

Castro recibió siete quejas contra Lamas, pero no lo sancionó formalmente porque tenía derechos de retirada en su contrato. Castro valoró positivamente el rendimiento de Lamas y le concedió un premio al logro de toda una vida.

“Para los sobrevivientes, eso envía el mensaje de que, o bien no se va a hacer nada, o bien se va a encumbrar a la misma persona que cometió el delito”, dijo Addis.

Este proyecto de ley también pretende crear un “entorno más seguro” para los estudiantes, dijo Addis, y asegurarse de que “estos malos actores no estén en las aulas”.

Un historial de mala conducta sexual

Esta no es la primera vez que las universidades públicas de California han manejado mal el acoso y la agresión sexual. En 2014, el auditor estatal encontró que el personal carecía de capacitación sobre cómo manejar adecuadamente las quejas de acoso y agresión sexual, y no cumplían con las leyes y políticas estatales.

Este informe analizó las quejas de la Universidad de California en Berkeley, la Universidad de California en Los Ángeles, Chico State y San Diego State.

La auditoría instó a las universidades de California a responder, prevenir y resolver los incidentes de mala conducta sexual.

“Queremos que esto cambie de verdad”, dijo Luna. “Este ha sido un problema horrible que ha estado sucediendo durante mucho tiempo”.

En una declaración divulgada con la auditoría del verano pasado, la Universidad Estatal de California dijo que están empeñados en hacer los “cambios impactantes necesarios para transformar (su) Título IX y otras políticas antidiscriminatorias, procedimientos, infraestructura, cultura y clima”.