Crisis en Perú: piden un año y medio de prisión preventiva para Pedro Castillo y el nuevo gobierno saca a las Fuerzas Armadas a las calles por las protestas

LIMA.– El gobierno peruano declarará el “estado de emergencia” por 30 días en todo el país –periodo en que las fuerzas armadas podrán ayudar a la policía a mantener el control y orden–, debido a las violentas protestas en las que simpatizantes del ex presidente Pedro Castillo, acusado de rebelión y conspiración, exigen su liberación y reclaman el adelanto de las elecciones.

El ministro de Defensa, Alberto Otárola, hizo el anuncio a periodistas en Palacio de Gobierno tras una reunión del consejo de seguridad junto a la presidenta Dina Boluarte.

“Se ha acordado declarar el estado de emergencia a todo el país. Eso debido a los hechos vandálicos, violentos, a la toma de carreteras y de caminos, que ciertamente ya se están estabilizando y siendo controlados por la Policía y las Fuerzas Armadas y que requieren de una respuesta contundente y de autoridad”, declaró el ministro.

Por su parte, Dina Boluarte aseguró que evalúa con el Congreso y el Tribunal Electoral la forma de avanzar las elecciones generales para diciembre de 2023 en lugar de abril de 2024, como propuso hace unos días, una idea que generó más protestas por el largo plazo.

”Legalmente los tiempos calzarían para abril del 2024, sin embargo haciendo reajustes ayer, conversando, estos se pueden adelantar a diciembre del 2023″, dijo a la prensa Boluarte. El mandato del expresidente Pedro Castillo finalizaba en julio de 2026, pero manifestantes en todo el país exigen elecciones ya.

En tanto, un juez peruano evaluará mañana si libera a Castillo o si da lugar a un pedido de la Fiscalía de mantenerlo en prisión preventiva por 18 meses.

Castillo permanece con detención preliminar de 7 días en el cuartel policial de la División Nacional de Operaciones Especiales al este de Lima, que se cumplen este miércoles, pero deberá seguir preso hasta que el Poder Judicial decida si acepta o no el pedido de la Fiscalía.

El Poder Judicial convocó para mañana, jueves 15, a las 8.30 de la mañana (hora local), a la audiencia en que un juez debe escuchar los argumentos de la Fiscalía y la defensa del expresidente para luego decidir si aplica o no prisión preventiva a Castillo. El miércoles se suspendió la sesión en que se iba a evaluar el caso, a pedido de la defensa del expresidente, que alegó no haber sido notificado.

El juez César San Martín decidió anoche “declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa del investigado”, que pedía su libertad antes de que se cumplan los siete días de su detención preliminar, ocurrida el miércoles pasado.

El magistrado señaló en el fallo que existía riesgo de fuga, pues Castillo, de 53 años, intentó llegar a la embajada de México para asilarse luego de haber sido destituido por el Congreso.

La Fiscalía General abrió formalmente una causa contra el presidente destituido y presentó anoche un pedido de prisión preventiva contra Castillo por 18 meses, según una fuente del Ministerio Público.

En su audiencia judicial, Castillo realizó su primera declaración pública desde su destitución hace una semana: “Jamás renunciaré y abandonaré esta causa popular que me ha traído acá”.

“Desde acá quisiera exhortar a las fuerzas armadas y la Policía nacional que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia”, dijo Castillo.

“Nunca he cometido delito de conspiración ni rebelión”, acotó dirigiéndose al juez San Martín, el mismo magistrado que condenó en 2009 al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

Protestas

Castillo fue detenido por la Policía el miércoles pasado, tras su intento de disolver el Parlamento y posterior destitución por parte del Congreso, que tiene un índice de desaprobación de 86%, según los últimos sondeos.

La vicepresidenta Dina Boluarte asumió inmediatamente el mando, como prevé la Constitución.

Sin embargo, la destitución provocó una ola de protestas de seguidores de Castillo, especialmente activas en el sur del país, que exigen elecciones anticipadas y la liberación del expresidente.

Anoche, Otárola, anunció la aplicación del estado de emergencia en las sureñas regiones de Arequipa e Ica, que permite la intervención del Ejército ante manifestaciones, vandalismo y bloqueos de carreteras.

”Se va a declarar en emergencia la red vial nacional, para asegurar el libre tránsito de todos los peruanos”, afirmó el ministro de Defensa, a su salida de una reunión del Consejo de Estado en Lima.

El funcionario agregó que “se ha dispuesto la inmediata protección de las Fuerzas Armadas de puntos estratégicos nacionales, infraestructura que sirve para asegurar la vida de todos los peruanos”.

El ministro dijo que la situación del país era “grave y preocupante”, aunque recalcó que, con esa preocupación, tienen la “responsabilidad constitucional de preservar la vida y la integridad de todos los peruanos”.

Varios gremios agrarios e indígenas iniciaron el martes un “paro indefinido” por elecciones generales, lo que provocó la suspensión del servicio de trenes entre Cusco y la ciudadela inca Machu Picchu, joya del turismo peruano.

Boluarte busca negociar con el Congreso adelantar las elecciones generales de abril de 2026 a abril de 2024, aunque los seguidores de Castillo las piden inmediatamente.

Respaldo internacional

Gobiernos de izquierda o progresistas de América Latina defienden a Castillo. ”Sigue siendo Pedro Castillo el presidente” de Perú, afirmó ayer el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa matutina.

La Argentina, Bolivia, Colombia y México respaldaron el lunes a Castillo y pidieron respetar “la voluntad popular expresada con el libre sufragio”.

La Cancillería peruana replicó que Castillo fue destituido con respeto a la Constitución porque perpetró un “golpe de Estado”, y pidió a los países ayudar a Perú a “resguardar la institucionalidad democrática y el Estado de derecho”.

La Fiscalía investigaba a Castillo desde antes de su destitución por presuntamente liderar una “organización criminal” que beneficiaba a allegados y familiares.

La fiscal general de la nación, Patricia Benavides, presentó al Congreso en octubre una denuncia constitucional contra Castillo por supuesta corrupción.

Fue una denuncia inédita contra un presidente en funciones, en un país que tiene el récord de cinco exmandatarios procesados por corrupción desde 2001.

Esta denuncia llevó a Castillo a pedir la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA), invocando la Carta Democrática Interamericana. Según Castillo, la Fiscalía y la oposición de derecha, que controla el Congreso, le atribuían delitos que no cometió y buscaban dar un golpe de Estado en su contra.

Agencias AFP, AP y Télam