JERSUALÉN.- Miles de médicos israelíes abandonaron su trabajo, dirigentes sindicales amenazaron con una huelga general y jueces de alto rango regresaron de urgencia desde el exterior el martes, al día siguiente de la aprobación de una ley que debilita a la Corte Suprema de Israel y que, según los críticos, erosiona el sistema de controles y equilibrios.

Cuatro diarios de gran circulación publicaron sus primeras planas totalmente en negro, una imagen ominosa pagada por una alianza de empresas de tecnología de punta. El único texto era una línea cerca del borde inferior de la plana: “Un día negro para la democracia israelí”.

La votación del lunes –la primera de una serie de medidas que constituyen la polarizadora reforma judicial– repercutió en todo el país. Fue aprobada a pesar de siete meses de resistencia de la población, las promesas de Netanyahu de buscar una solución de compromiso y una advertencia inusual de Estados Unidos, el aliado más estrecho de Israel.

Aquí hay un vistazo a lo que es la reforma, y por qué provocó las manifestaciones más sostenidas e intensas que el país haya visto.

¿Qué implica la reforma?

La reforma exige cambios radicales destinados a limitar los poderes del poder judicial. Las propuestas incluyen un proyecto de ley que permitiría que una mayoría simple en el parlamento revoque las decisiones de la Corte Suprema. Otro le daría al parlamento la última palabra en la selección de jueces.

Los aliados religiosos ultranacionalistas y ultraortodoxos de Netanyahu dicen que el paquete está destinado a restaurar el poder de los funcionarios electos y reducir los poderes de los jueces no elegidos.

Los manifestantes, que constituyen una amplia muestra representativa de la sociedad israelí, temen que la reforma empuje a Israel hacia la autocracia. Dicen que es una toma de poder alimentada por varios agravios personales y políticos de Netanyahu, quien está siendo juzgado por cargos de corrupción.

El lunes, el Parlamento aprobó un proyecto de ley que elimina el poder de la Corte Suprema para anular las decisiones del gobierno que la corte considere “irrazonables”.

Los defensores sostienen que el estándar actual de “razonabilidad” otorga a los jueces poderes excesivos sobre la toma de decisiones por parte de los funcionarios electos. Pero los críticos argumentan que eliminar el estándar, que se invoca solo en casos excepcionales, permitiría al gobierno aprobar decisiones arbitrarias, hacer nombramientos o despidos inapropiados y abrir la puerta a la corrupción.

Los manifestantes dicen que Netanyahu y sus aliados quieren cambiar la ley para poder nombrar amigos para puestos gubernamentales, y en particular para poder despedir al fiscal general independiente del país, aseguró Amir Fuchs, investigador principal del Instituto de Democracia de Israel, un grupo de expertos de Jerusalén.

Las medidas “hacen más difícil la supervisión” de las decisiones arbitrarias de los funcionarios electos, añadió Yohanan Plesner, presidente del instituto. “Este es un capítulo de un plan y programa más amplio del gobierno para debilitar los frenos y contrapesos”.

Netanyahu desestimó las acusaciones de que el plan destruiría los cimientos democráticos de Israel como absurdas. “Este es un intento de engañarlos sobre algo que no tiene base en la realidad”, se defendió.

¿Por qué los manifestantes están tan decididos a proteger al Poder Judicial?

Dado el sistema relativamente débil de frenos y contrapesos de Israel, el Poder Judicial juega un papel importante en el control del Poder Ejecutivo en el país.

En Estados Unidos, por ejemplo, el Congreso tiene dos cámaras que funcionan independientemente del presidente y pueden limitar su poder. Pero en Israel, el primer ministro y su coalición mayoritaria en el Parlamento trabajan en conjunto.

Eso deja al Poder Judicial como “el único control sobre el poder gubernamental”, explica el profesor de derecho constitucional Amichai Cohen.

Israel también tiene un gobierno local mínimo y carece de una constitución formal. Esto significa que la mayor parte del poder está centralizado en el parlamento, asegura Cohen. Las “leyes básicas”, leyes fundacionales que los expertos describen como una especie de constitución informal, se pueden cambiar en cualquier momento por una mayoría mínima.

Con la reforma, señala Cohen, el parlamento israelí ahora amenaza con consolidar aún más su poder al debilitar el poder judicial.

“El gobierno puede hacer lo que quiera, porque controla la capacidad de cambiar incluso las leyes básicas”, apunta.

Históricamente, el Poder Judicial israelí desempeñó un papel en la protección de los derechos de las minorías, desde ciudadanos palestinos de Israel hasta no ciudadanos y solicitantes de asilo africanos. Al debilitar el Poder Judicial, dicen los críticos, el gobierno de Israel -liderado por una coalición dominada por hombres cuyos miembros han defendido la anexión total de Cisjordania ocupada, discriminado a las personas LGBT+ y a los ciudadanos palestinos de Israel y limitado los derechos de las mujeres- obtendrá un control casi total.

“Será una democracia hueca”, opinó Fuchs.

¿Netanyahu no puso este plan en pausa?

En los meses transcurridos desde que Netanyahu dio a conocer su plan, surgieron protestas en las principales ciudades, los líderes empresariales se opusieron al plan y, quizás lo más crítico, los reservistas militares de la fuerza aérea de Israel y otras unidades clave amenazaron con dejar de presentarse al servicio si se aprobaba.

Las protestas llevaron a Netanyahu a pausar la reforma en marzo y entablar conversaciones con los legisladores de la oposición. Pero las conversaciones se interrumpieron el mes pasado y Netanyahu anunció en junio que la reforma seguiría adelante.

Los manifestantes acusan a Netanyahu de cambiar de táctica, pero no de sus objetivos más amplios, al avanzar de una manera más lenta y mesurada en un intento por entorpecer a la oposición.

“El gobierno se volvió más inteligente”, aseveró Josh Drill, vocero del movimiento de protesta. “Vieron las consecuencias de intentar llevar a cabo la revisión y decidieron hacerlo pieza por pieza”.

¿Qué sucederá ahora?

Un grupo de la sociedad civil anunció que impugnaría la nueva ley en la Corte Suprema.

Fuchs explicó que el tribunal podría emitir una “orden judicial temporal” que impida que la ley entre en vigencia hasta que pueda realizar una revisión adecuada.

El experto estimó que el gobierno probablemente honraría tal orden. “Pero si no lo hacen, tendremos una crisis constitucional de inmediato”, aseveró. Mientras tanto, es probable que las protestas que han sacudido al país aumenten en intensidad.

Agencia AP