La crisis que no se enfrenta: México, sin capacidad falla en proteger a activistas y ecosistemas

En México ningún estado ha sido capaz de terminar con los crímenes contra activistas o la degradación ambiental, situación que se debe, en parte, a la falta de capacidad institucional, señala la primera edición del Índice de Impunidad Ambiental (IGI-Ambiental), presentado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

El estudio, realizado por diversos académicos e investigadores, señala que México “no está tomando con seriedad” la crisis ambiental y prueba de ello son los problemas que se viven continuamente a lo largo del país como la impunidad en temas ambientales, falta de acceso a agua, la mala calidad del aire y los ataques contra activistas y defensores ambientales.

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Pese a tener un marco normativo que los obliga al cumplimiento de estándares mínimos, los gobiernos estatales no “están dando los resultados que deberían esperarse”, ante lo cual los ecosistemas y especies animales en el país se encuentran en riesgo.

El IGI-Ambiental hace una medición comparativa de las acciones, capacidades y funcionamiento de las políticas ambientales en todos los estados del país. A continuación los resultados.

Colima, el peor calificado en impunidad

El estudio calificó la impunidad a través de una medición estadística, con base en fuentes oficiales de información ambiental a nivel estatal, que permitieron comparar el funcionamiento de las políticas ambientales estatales y federales.

En esta calificación, el valor máximo es de 4 puntos. Ninguna entidad alcanzó ese puntaje, mientras que el promedio nacional de impunidad ambiental es de 1.93.

El estado peor calificado es Colima, con 1.59 puntos, lo que equivale a un nivel muy alto de impunidad ambiental, siendo la única entidad con ese nivel.

A Colima le siguen: Sinaloa (1.71 puntos), Yucatán (1.72), Tlaxcala (1.73), Zacatecas (1.75), Michoacán (1.76) y Tabasco (1.77). La calificación de estos estados los ubica en el grupo de “alto nivel de impunidad ambiental”.

Luego viene un grupo de 15 estados que tienen un nivel medio de impunidad, entre estos se encuentran: Chiapas, Quintana Roo, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Estado de México, Nayarit, Baja California Sur y Campeche.

En el lado opuesto, sin alcanzar la mejor calificación, se encuentra Durango, con 2.31 puntos, seguido de Morelos (2.22), Ciudad de México (2.22), Baja California (2.18) y Querétaro (2.11). Estos cinco estados tienen un nivel medio bajo de impunidad ambiental. En todo el país, solo 10 estados tienen ese nivel, pero ninguno se acerca a los 4 puntos.

Ante esto, el estudio concluye que la política ambiental “es sumamente frágil en todas las entidades del país y que las capacidades institucionales son muy reducidas” para proteger ecosistemas, evitar la degradación de recursos naturales y garantizar el derecho a un medio ambiente sano.

También se encontró que las capacidades y recursos son tan limitados que no sería posible enfrentar las consecuencias naturales y humanas de la crisis ambiental global y el cambio climático.

El documento aclara que los niveles de impunidad ambiental identificados “de ninguna forma son resultado solo de decisiones u omisiones a nivel estatal”, ya que la responsabilidad de proteger al medio ambiente “es compartida e involucra la concurrencia de los tres órdenes de gobierno”.

Señalan que la desagregación por estado “permite comprender la problemática y los retos que enfrentan las entidades en la materia en forma comparada (…) proteger efectivamente el medio ambiente y garantizar el disfrute a un medio ambiente sano requiere la definición de políticas y la acción coordinada de los tres órdenes de gobierno”.

Gráfico sobre impunidad ambiental

Para obtener los resultados generales de impunidad, el IGI-Ambiental analizó cuatro dimensiones analíticas: capacidad institucional, degradación ambiental, crimen ambiental y estrategia intergeneracional, además de 42 indicadores representativos de problemáticas del sector ambiental.

Los resultados de esas cuatro dimensiones sirven para tener una mayor dimensión de la situación en cada estado y se presentan a continuación.

Capacidad institucional

Este rubro se refiere a los recursos presupuestales, instrumentos jurídicos o mecanismos de política pública existentes para la formulación e implementación de política ambiental en cada estado.

En la capacidad institucional, la calificación máxima es de 1 punto, sin embargo el promedio nacional es de 0.25 y ningún estado alcanza el puntaje máximo.

Veracruz y Yucatán, con 0.15 puntos, cada uno, son los estados peor calificados a nivel nacional. Le siguen Coahuila (0.16), Tamaulipas (0.16) y Quintana Roo (0.17).

La entidad mejor calificada es la Ciudad de México, con apenas 0.46 puntos. El segundo lugar lo ocupa Baja California Sur (0.44) y Durango en tercer lugar con 0.38 puntos.

El estudio plantea que conocer el nivel de la capacidad institucional es importante porque “nos permite identificar si las entidades asignan los suficientes recursos para cumplir con los objetivos de política ambiental y su obligación de garantizar el derecho a un medio ambiente sano”.

Los especialistas argumentan que aunque las políticas ambientales sean adecuadas y sus resultados ambiciosos, de poco sirven si los recursos presupuestales no son suficientes ni las capacidades institucionales adecuadas.

Gráfico sobre impunidad ambiental

Algunos de los datos analizados para calificar este rubro fueron: la cobertura de población con agua potable, la capacidad instalada en plantas de agua en operación, los apoyos económicos de ordenamiento territorial, la duración y atención de incendios forestales y los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden).

Crimen ambiental

En el crimen ambiental se midió la existencia de delitos y factores de riesgo para el medioambiente.

Entre otras cosas, en este punto se registraron: las denuncias de posibles violaciones al medio ambiente (por cada 100 mil habitantes), los ataques a defensores ambientales, los delitos federales contra el medio ambiente y las declaratorias de desastres naturales publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

El estudio señala que un problema para medir el nivel de crimen ambiental fue la cantidad y calidad de los datos existentes, ya que por lo menos cuatro estados (Durango, Nuevo León, Sinaloa y Tabasco) no reportan denuncias por delitos ambientales estatales en el periodo analizado. Lo cual puede deberse a que las personas afectadas no lo denuncian o las autoridades no lo reportan.

Al igual que el punto anterior, la calificación máxima es de 1 punto, y el promedio nacional es de 0.75. Ningún estado alcanza el punto.

La entidad peor calificada es Baja California Sur con 0.50, le siguen Colima (0.51), Quintana Roo (0.55) y Campeche (0.59).

Los estados mejor evaluados son: Nuevo León (0.86), Tamaulipas (0.85) y Veracruz (0.84).

Aunque en este rubro los estados se acercaron más a la puntuación máxima, el estudio señala que “es necesario tomar los datos con prudencia y como un ejercicio aproximativo”, por la falta de información sobre denuncias que hay en varios estados.

El IGI-Ambiental recomienda a los estados contar con estadística oficial actualizada y de mejor calidad, ya que conocer los niveles de crimen ambiental es indispensable para comprender la problemática ambiental en México.

Degradación Ambiental

En lo que corresponde a la degradación ambiental se midieron situaciones como los daños a los bosques, incendios forestales, municipios con sequía, la calidad del agua superficial y subterránea, el promedio diario de residuos sólidos urbanos y el índice de vegetación.

El promedio nacional es de 0.57 sobre 1, y el estado mejor posicionado es Zacatecas con 0.64 y el segundo lugar Ciudad de México con 0.63.

En contraparte, la entidad con el puntaje más bajo es Colima con 0.45, y Veracruz con 0.49.

En este caso, el estudio resalta que la primera posición es ocupada por Zacatecas, entidad que se ubica entre los primeros 5 con peor nivel de impunidad.

“Esto significa que hay entidades que mantienen mejores resultados en la protección al medio ambiente a pesar de contar con reducidas capacidades”, explica el documento.

Estrategia Intergeneracional

Finalmente el estudio midió la existencia de instrumentos ambientales de largo plazo.

En esta sección se midieron variantes como: estrategias estatales de biodiversidad, estrategias de desplastificación y las áreas naturales protegidas.

El promedio nacional de la estrategia intergeneracional es de 0.36. Baja California es el estado con el mejor resultado con 0.68 y Tlaxcala el peor calificado con 0.08.

Los resultados de las estrategias intergeneracionales, dicta el estudio, se deben complementar con estudios comparados y de caso, “pues la existencia de instrumentos formales no necesariamente significa la implementación de acciones efectivas, eficientes y justas ante este tipo de fenómenos”.

Problemas de atención prioritaria

Tras el análisis de los resultados, el estudio enmarca 5 problemas que requieren una acción más coordinada y eficiente por parte de las autoridades (estatales y federales), la sociedad civil, el sector privado y la academia para poder desarrollar una solución sostenible.

El primero de ellos es la biodiversidad. “A pesar de que México está entre los primeros lugares de países megadiversos en el mundo, las autoridades no han sido capaces de conservar y gestionar de manera sustentable su riqueza”, indica el estudio.

Los especialistas señalan que pese a las estrategias y programas implementados por diversas administraciones, “no se ha logrado mantener el capital natural, pero tampoco parece haber una agenda clara, responsable y con recursos financieros suficientes para proteger la biodiversidad del país en las próximas décadas”.

El segundo punto es el acceso al agua. El estudio plantea que “la protección de ecosistemas es indispensable como fuente de abastecimiento de agua para el país, ya que se requiere una visión de cuencas y acuíferos que garantice la disponibilidad del recurso y así cubrir los requerimientos actuales y futuros de la población”.

De acuerdo con el estudio la escasez de agua en algunas regiones y estados del país, es consecuencia de factores vinculados a la diversidad topográfica, geográfica y demográfica del territorio nacional.

Por otro lado, “México requiere de un mecanismo operativo funcional para determinar precios justos e incrementales a quienes consuman una mayor cantidad del recurso, que también reflejen los costos de suministro y tratamiento, al mismo tiempo que se garantice efectivamente el derecho humano al agua”.

El estudio recomienda la definición de una política nacional integral y sostenible con relación al agua, que al mismo tiempo asuma los efectos de la crisis ambiental global, sin embargo señala que a pesar de la urgencia en el tema, “la agenda política y los intereses partidistas a nivel local y nacional no han permitido un avance significativo”.

El tercer punto de atención debe ser la calidad del aire. En nuestro país, las emisiones contaminantes del aire provienen principalmente del sector transporte, el cual, según el estudio es poco eficiente y consume grandes cantidades de combustible.

Con el paso de los años, cada vez son más las ciudades que registran altos niveles de contaminación.

Incluso, detalla el estudio, el Environmental Performance Index 2020 (Índice de Desempeño Ambiental) coloca a México en el lugar 83 de 180 (en donde el 1 es el mejor calificado) en cuanto a calidad del aire y en la posición 69 en cuanto al crecimiento de emisiones de contaminantes.

Otro problema es la definición presupuestal. El IGI-Ambiental hace un recuento de los recortes presupuestales en el sector ambiental durante los últimos años, los cuales se dan con un gobierno federal que planteó el tema ambiental como uno de los ejes del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

El quinto problema prioritario son los ataques contra activistas y defensores ambientales.

Sobre esto, el estudio señala que muchos de los crímenes se deben a la negligencia de las autoridades, los intereses de empresas trasnacionales y el establecimiento de grupos criminales.

“Los ataques a activistas y defensores ambientales, además del daño a sus víctimas directas, impactan directamente en la vida de las comunidades y pueblos indígenas que quieren proteger sus ecosistemas”, dicta el documento.

“…Es indispensable incorporar el factor crimen y daño ambiental (en las cifras oficiales) como elemento explicativo para comprender el desempeño de la política ambiental y la destrucción de ecosistemas en México (…) “Es indudable que, sin recursos presupuestales ni capacidades institucionales suficientes, las definiciones de la política ambiental no tendrán efecto en el objetivo de proteger ecosistemas, acotar la degradación ambiental o promover modelos de desarrollo más sostenibles”, concluye el IGI-Ambiental.

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