La crisis de las designaciones anticorrupción como política de Estado

La corrupción en México, lejos de desaparecer como lo enuncia MORENA en cada oportunidad que tienen, se ha convertido en un cáncer político que mina las bases de la democracia y debilita la confianza en las instituciones públicas. Afirmamos esto porque es evidente que la corrupción ha encontrado un aliado en la falta de designaciones en los Sistemas Anticorrupción. Una reciente investigación de Mexiro A. C., revela que el 75.75 % de estos sistemas carecen de al menos una designación, evidenciando una alarmante desidia por parte del Poder Legislativo.

Esta situación no solo representa una omisión administrativa, sino que es un reflejo de la corrupción estructural que ha permeado las esferas del poder. La falta de designaciones no es simplemente un descuido burocrático, sino una estrategia deliberada para deteriorar los mecanismos de control y rendición de cuentas, fortaleciendo así la centralización del poder en manos de unos pocos y la opacidad en la gestión pública.

La falta de designaciones en los Sistemas Anticorrupción no es una noticia nueva, pero su persistencia y agravamiento en los últimos años despierta la preocupación de organizaciones civiles defensoras de derechos humanos, quienes alzan sus voces exigiendo acciones inmediatas a los Poderes Legislativos para subsanar esta situación. La falta de designaciones no solo implica la inoperatividad de los sistemas, sino que también afecta la participación ciudadana para hacer frente a la corrupción.

Por su parte, los Comités de Participación Ciudadana, encargados de representar los intereses de la sociedad civil, se encuentran incompletos en un 57.57 % de los casos. Esto no solo menoscaba el derecho fundamental de la sociedad civil a involucrarse en asuntos de interés público, sino que también debilita el contrapeso al poder establecido. Además, la ausencia de integrantes en las Secretarías Ejecutivas y Comisiones Ejecutivas limita la capacidad de estas instancias para proponer y ejecutar políticas efectivas que hagan frente a la corrupción.

La falta de operatividad en las Fiscalías Anticorrupción también es preocupante, ya que deja desprotegida a la población ante posibles actos de corrupción por parte de personas funcionarias públicas y particulares. La situación se agrava cuando se observa la presencia de conflictos de interés y nepotismo en las designaciones que se llevan a cabo. Además, se han presentado casos en donde se ha visto la designación de personas vinculadas a casos de corrupción o con vínculos directos con figuras del gobierno actual.

Ante este panorama, consideramos importante y fundamental que los Congresos estatales y el Senado actúen con prontitud y responsabilidad para encontrar soluciones efectivas. Las designaciones pendientes deben realizarse con total legalidad y legitimidad, garantizando la participación de la sociedad civil y evitando cualquier forma de nepotismo o conflicto de interés. Asimismo, es imperativo que se implementen medidas de protección para las personas defensoras del Derecho de Acceso a la Información, como respuesta al preocupante aumento de actos violentos contra ellos.

Es hora de pasar de las palabras a la acción, de los discursos a las políticas tangibles, no podemos seguir permitiendo la hipocresía de un gobierno que ha sostenido la bandera de la anticorrupción por seis años, pero que con sus acciones solo demuestra, que como sociedad civil no debemos bajar la guardia ante la constante amenaza de la corrupción.

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* Macu Torres es activista afro-diverso y creadore de contenidos de Mexiro A. C. (@yomexiro).